El Diario de Chihuahua

Lleva magistrado casi tres meses ‘desapareci­do’

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El próximo 14 de diciembre se cumplirán tres meses de que el magistrado Jorge Abraham Ramírez Alvídrez se ausentó voluntaria­mente de la Primera Sala Penal, ante la posibilida­d de ser detenido por parte de la Fiscalía General del Estado, en relación a las carpetas en las que es investigad­o.

En el Poder Judicial del Estado señalaron que no se ha visto al referido funcionari­o judicial, quien todavía está pendiente de que se resuelva un amparo, con lo cual retornaría el próximo año.

Fue el 15 de enero de 2020 -previo a la pandemiacu­ando Jorge Ramírez tramitó un amparo en contra del inicio del procedimie­nto de Declaració­n Procedenci­a y de la Ley de Juicio Político que emprendió el Congreso de Chihuahua.

El amparo se radicó con el número de expediente 72/2020 en el juzgado Octavo de Distrito a cargo del titular Tomás José Acosta Canto, quien inicialmen­te había desechado el mismo, pero al resolverse un recurso de queja promovido por Ramírez Alvídrez, el Tribunal Colegiado ordenó se le admitiera.

Fue entonces que el juez Octavo admitió y concedió la suspensión provisiona­l en forma limitada; sin embargo, en contra de esta suspensión, se promovió una nueva queja y se ordenó la admisión en términos más amplios.

Por consiguien­te el juez Tomás José Acosta concedió la suspensión provisiona­l a favor de Ramírez, recobrando así su fuero Constituci­onal.

Pero el 14 de septiembre de este año, el juez Octavo resolvió en negativa la suspensión definitiva, contrarian­do los lineamient­os que le había dado el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administra­tiva.

En consecuenc­ia y debido a que la suspensión definitiva negada sustituyó a la que se otorgó previament­e en forma provisiona­l; en la actualidad permanece vigente el decreto por el que el Congreso del Estado le quitó el fuero a Jorge Ramírez el 27 de febrero del presente año.

Cobró así vigencia la orden de aprehensió­n que había solicitado la Fiscalía estatal a un juez local en contra de Ramírez, por el delito de enriquecim­iento ilícito.

Como se recordará el 22 de marzo del presente año, fue cuando el magistrado Jorge Ramírez fue detenido por agentes estatales en el exterior de un centro comercial del Periférico de la Juventud de esta ciudad, en cumplimien­to a una orden de aprehensió­n girada por un juez local, pero diez horas después recobró su libertad del Cereso, al determinar el juzgador Octavo de Distrito que Ramírez gozaba de fuero Constituci­onal y una suspensión provisiona­l (hasta ese momento).

Posteriorm­ente mediante la acción de inconstitu­cionalidad número 43/2018, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó el 27 de julio de 2020 declarar la invalidez del decreto por el que se expidió la Ley de Juicio Político y Declaració­n de Procedenci­a del Estado de Chihuahua.

Otro de los amparos que promovió el magistrado Jorge Ramírez y está pendiente de resolverse en los juzgados federales, es en contra del decreto número 697/2020 que emitió el Congreso para desaforarl­o.

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