¿Podemos confiarle a esta legislatura los derechos de niñas, niños y adolescentes?

De un tiempo acá, los congresos locales no dejan de instalarse en la ignominia de favorecer u operar facciosamente solo para favorecer a los intereses del gobernante en turno o determinados grupos y fracciones parlamentarias con la única intención de sacar ventaja, manipulando y de forma utilitaria, el encargo que vía la voluntad popular se expresa a través del voto; aunque esto implique el detrimento en el avance de los derechos de ciertos sectores de la población, negándoselos y por ende, cerrando el paso a la oportunidad de mejorar las condiciones de vida que inhiban las violencias que padecen o la discriminación.

Tal es el caso de niñas, niños y adolescentes con el pin parental, del cual ya se ha hablado ampliamente en este espacio y que al fin ha dado un salto para abrirse a la discusión pública y no quedarse sólo en los obscurantistas intereses de la fracción parlamentaria del PAN y de la incómoda diputada Marisela Sáenz que ya no cuenta con fracción de origen, aunque ha transportado su medieval agenda al PRI que le ha permitido los dislates que contravienen sus documentos básicos “revolucionarios” y “progresistas”, ja.

Y es que de manera reciente el Congreso del estado emitió una convocatoria para la realización de mesas técnicas para exponer argumentos a favor y en contra sobre el tema, dejando al descubierto el poco interés que en la sociedad existe –más allá del enardecimiento de prejuicios motivados impunemente por quien tiene intenciones de perpetuarse en la carrera por puestos de elección popularen la propuesta legislativa de la diputada Sáenz al no responder a la misma, ya que las posiciones en contra avasallaron (94 perfiles) con una diversidad de personas expertas en educación, sexualidades humanas, salud física y mental, derochohumanistas, igualdad, violencia contra las mujeres, infancias y juventudes.

Para defender lo indefendible, sólo 38 personas con perfiles asociados a congregaciones religiosas se hicieron presentes.

Las mesas arrancaron el pasado día 9 y se prolongarán hasta enero. De las 13 mesas calendarizadas, 9 presentarán puntos en contra del pin parental con temas que van desde el interés superior de la niñez, la Ley General de los Derechos de niñas, niños y adolescentes, la Educación Sexual Integral (ESI), dinámicas y ambientes escolares, el impacto social de la implementación del pin parental, diversidad sexual, Estado Laico, derechos sexuales y reproductivos, perspectiva de género y las obligaciones internacionales de las y los legisladores frente a los derechos establecidos en el sistema interamericano y el sistema universal de protección de derechos humanos.

El objeto último es que el Poder Legislativo estatal dé a conocer estas mesas a la ciudadanía para que, con el cúmulo de argumentos que en las mismas se coloquen, se conforme un criterio sobre la preminente importancia de reconocerle derechos a las infancias y así, se empoderen para abatir trágicos y graves problemas sociales como el abuso sexual infantil que se da la interior del hogar, fuera del mismo y el aumento de las alarmantes cifras de embarazo adolescente, entre otros.

Punto aparte, es el desaseado manejo político de esta actividad de difusión obligatoria para el Congreso cuando el tema, es sensible y nodal para los derechos de las infancias y las y los adolescentes.

Las Comisiones Unidas de Juventud y Niñez y de Educación y Cultura fueron las encargadas de emitir la convocatoria, así como más adelante lo serán de publicar un dictamen para el eventual rechazo o aprobación de la iniciativa de la diputada Sáenz; de las cuales se pueden señalar la falta de compromiso y traición a las infancias, adolescentes y juventudes del diputado Francisco Humberto Chávez y Lourdes Valles, ambos de la fracción parlamentaria de Morena, que dieran la espalda no sólo a su agenda legislativa y progresista, también a los compromisos establecidos para el reconocimiento de los derechos humanos de niñas y niños.

El buen resultado de un ejercicio legislativo tiene que ver con una ciudadanía interesada y diputadas/os con una ética que se apegue el bien público y la legalidad. Crear leyes lesivas que impidan el avance en el reconocimiento de la dignidad de las personas no sólo es pernicioso, también irresponsable para con el futuro de la sociedad misma.

Favorecer iniciativas como el pin parental es abonar al abuso sexual, a la normalización de la pederastia, a la impunidad de autoridades que en complicidad con el silencio de una sociedad que oculta y calla los resultados de la cultura de la violación.

Ese es el tamaño de la ignominia de las fracciones conservadoras del PAN y del par de diputados de Morena anteriormente nombrados.

Ojalá rectifiquen y consideren que las infancias, importan.