Las promesas de campaña deben cumplirse

Indudablemente, resulta por demás trillado el aseverar que lo que se va ofreciendo durante las campañas electorales, en contadísimas ocasiones se lleva a cabo. No podemos incluir a todos los candidatos electos en tal afirmación, pero sí a una gran mayoría.

Como electores, definitivamente alguna o mucha culpa tenemos al seguir dejándonos arrastrar por personas que, a diestra y siniestra y sin rubor alguno, van mintiendo no sólo durante los meses que dura la contienda electoral en turno, sino que, incluso, en no pocos casos vienen de ejercer un cargo público dejando mucho que desear en virtud de haber incumplido las promesas de otra campaña electoral. ¿Habrá conveniencia o ignorancia en ese comportamiento tautológico de parte de los electores?

No obstante, considerando a todos aquellos en posibilidad de votar, estamos hablando de que las promesas que se formulan en un proceso electoral van dirigidas a obtener la preferencia de todo el universo de electores, con la expectativa general de beneficiar a toda la sociedad. De ahí que el incumplimiento agravie a toda la población del territorio y/o elección de que se trate, y no solo a quienes votan por los triunfadores.

Es un anhelo ancestral acabar con tanta demagogia y que los postulantes ganadores realicen cabalmente lo que se atreven a ofrecer, pero de llegar a ocurrir esto, es decir, que los políticos se “avienten ese trompo a la uña” y legislen para hacer realidad ese deseo social, bajo qué figura o mecanismo se regularía.

Hace un año fueron modificados los artículos 35, fracción IX, 81, 116, fracción I y 122, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de regular la “revocación de mandato” respecto del Presidente de la República, los gobernadores de los estados y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Pudiera pensarse que eso es suficiente para quitar a una persona que ha tenido un mal desempeño y/o que no ha cumplido sus promesas de campaña, pero no necesariamente es así.

La revocación de mandato puede llevar -y seguramente así será- a una contienda de simpatías y animadversiones hacia determinados gobernantes, pero no a un razonamiento y juzgamiento objetivo e informado sobre su desempeño. El exigir el cumplimiento de las promesas electorales no puede someterse a la preferencia o antipatía hacia alguien, sino al amplio y especializado escrutinio de lo que se dijo y lo que se ha hecho, y definitivamente debe efectuarse a más tardar a la mitad del periodo de gobierno correspondiente para evitar un perjuicio mayor, en su caso, o para impedir que se sustraigan de la acción de la justicia cuando aparezcan irregularidades.

Estamos hablando de una figura que por mucho va más allá del propósito de la revocación de mandato y que, definitivamente, vendría a ser un gran avance para la democracia mexicana, siempre y cuando se cuide su diseño para no caer en simulaciones y/o en instrumentos de favoritismo o de venganza. El incumplir una promesa de campaña puede o no ser atribuible a quien la formula. Puede haber determinadas condiciones presentes cuando se formulan y que le dan viabilidad, y cuando se asume el cargo estas cambiaron por causas ajenas al otrora candidato -fueron imprevisibles-, careciendo así de responsabilidad alguna.

Por el contrario, puede prometerse acabar en días o semanas con la inseguridad en determinada región, y sin que las condiciones adversas hayan cambiado al estar ya en funciones, estar lejos de abatir la delincuencia después de meses o años. Aquí estamos frente a una promesa irresponsable, pues no se investigó lo necesario para hacerla con fundamento.

Obviamente, siendo ilusos y pensando que en nuestro país se tome la decisión de obligar al cumplimiento de dichas promesas, debería establecerse un registro de los ofrecimientos electorales, con los términos y plazos para su realización. Contar con un órgano plural y multidisciplinario de seguimiento, preferentemente con integrantes provenientes de la academia y de otras instancias que ofrezcan imparcialidad, objetividad, conocimiento y experiencia, que además cuente con representantes del gobernante a auscultar para que realice las aclaraciones a que haya lugar.

Asimismo, debería constarse con todo un procedimiento perfectamente establecido que incluya los medios de defensa correspondientes, llegándose a considerar hasta la intervención de autoridades internacionales fiables que aboguen por los intereses del pueblo mexicano.

¡Se vale soñar!