CORRAL PASA DE PERSEGUIR A SER PERSEGUIDO
“El arresto de Shultz es un cubetazo de agua fría”
Quieren cheque en blanco con los mil 600 millones
Sigue el boicot de “El Pichú” al Pin Parental
Le dieron buena sacudida a Salud Mental
Muy lejos de ser Hugo Shultz, el exalcalde de Chínipas, el único involucrado de manera indirecta, en algún grado de coparticipación, en el homicidio de la colega Miroslava
Breach.
La liga de responsabilidad llega directo a la oficina del Gobernador, no sólo por José Luévano, opaco titular del Instituto Chihuahuense para la Infraestructura Física Educativa (Ichife), exsecretario particular de Corral, sino porque el mandatario no puede deslindarse del conocimiento de tales delicados hechos y su presencia en la casa de seguridad, donde se localizó la grabación que tiene a Shultz en la picota.
Deberá explicar Corral ante los jueces por qué no hizo nada cuándo la periodista le pidió seguridad ante las amenazas sufridas.
Deben saber los agentes del Ministerio Público Federal adscritos a la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión, que Luévano y Alfredo Piñera, éste último vocero de la coordinación panista en el Congreso, tienen también responsabilidad en este delicado asunto, como ha quedado documentado. No es invención nuestra.
Tiene tarea enfrente el titular del Ejecutivo estatal. Tendrá que informar por qué hubo manipulación perpetrada a través de la Fiscalía para ocultar tales hechos y presentarlos como simples testigos, cuando estaban seriamente involucrados, con evidencias palpables.
La carpeta de investigación que se entregó a la Fiscalía General de la República fue omisa en ese sentido, cuando debería haber actuado con imparcialidad y objetividad.
Al contrario, solapó a los tres mencionados, sin pensar que involucraba seriamente al mandatario, que ahora luce por ello como encubridor.
Obviamente, el arresto de Shultz es un cubetazo de agua fría. No es lo mismo perseguir que ser perseguido.
Tendrán Luévano, Piñera y Corral el Jesús en la boca, unos más que otros por el fuero, en un asunto de desenlace incierto.
No es una autorización en forma de un empréstito, debidamente sustentado en el destino que se pretende dar a mil 600 millones de pesos. Lo que pide gobierno es un auténtico cheque en blanco.
Pretende una autorización para endeudar a los chihuahuenses durante veinte años, para terminar obras e iniciar otras, que nadie sabe cuáles son.
La comparecencia legislativa de
Arturo Fuentes Vélez, el responsable de los dineros en el Estado, es una oda a la ausencia de transparencia y rendición de cuentas.
Dejó en claro que desean una autorización de crédito pero no quieren soltar prenda de la obligación mínima de alguien que pide algo, clarificar en qué lo va a usar.
Las láminas de power point fueron insuficientes porque sólo muestran rubros generales, seguridad, salud, educación, etcétera, pero no hay un solo dato concreto.
La más completa arbitrariedad. Por eso decimos que es un cheque en blanco, le pondrán el destinatario con pluma y con mala letra para que menos se entienda.
Cómo estarán las cosas que hasta Georgina Bujanda, legisladora panista, se dijo extrañada y con dudas, en concreto, en la inversión propuesta para seguridad.
Ni los de casa creen en lo que se está proponiendo, debido al alto grado de opacidad con que se maneja la petición de dinero, sólo extendiendo la mano y poniendo cara triste.
La novedad es que el Secretario de Hacienda perdió los estribos. Debajo de su cubrebocas se sintió el estrés de una comparecencia fallida, si es que tenía como finalidad generar convencimiento en un crédito que está muy lejos de justificarse de manera objetiva.
Si de lo que se trata es de boicotear y hacer labor de zapa sobre las mesas de discusión acerca del PIN parental, lo está logrando y con creces el diputado Gustavo de la Rosa.
En lugar de conservar un papel decoroso de legislador imparcial y sereno, que escucha los puntos de vista y conforma criterio, le sale a relucir su posición parcial en contra de la figura propuesta.
Incluso ha sido prolijo en adjetivos y comentarios que son un auténtico insulto a los participantes, a quienes incluso llama mentirosos, muy lejos, insistimos de la conducta que debiera observar.
Al final de cuentas, las mesas de trabajo son la oportunidad que tienen los ciudadanos comunes de presentar propuestas, que podrán gustar o no, pero que son realizadas en el marco de un acuerdo del Congreso, para escuchar opiniones diversas.
La sesión del miércoles pasado fue para el olvido, en función de esa posición jacobina del legislador, sin que nadie le ponga un alto con éxito, porque se salta las trancas a las reconvenciones realizadas por la presidenta de las Comisiones Unidas, Marisela Terrazas.
El colmo fue la conexión en sesión que se supone es exclusivamente para legisladores, personal de apoyo y ponentes, por parte de jóvenes que hacen desplante de zapa creativa con musarañas y burlas en la cámara de Webex.
Poco provecho tendrán así este tipo de mesas, si no hay seriedad desde los mismos legisladores y su proclividad por imponer su punto de vista.
Estamos en el preludio de la temporada vacacional de los juzgados que en todos los ámbitos están preparando las fiestas decembrinas.
Los tribunales federales se fueron esta semana, los laborales esperarán una semana más para decir adiós al 2020.
Se siente, nos lo dicen los litigantes, que estamos frente a la formalización de un descanso que en la práctica tiene todo el año.
Los juzgados han sido intermitentes. Hay gente que no ha pisado la oficina desde marzo, y otros, sólo mandan a los chalanes para que hagan guardia y taparle el ojo al macho.
Mientras, los asuntos están más lentos que nunca, avanzan a cuentagotas. No hay amparo que haya valido ante la inactividad de un 2020 para el olvido en materia de litigio.
En el ámbito del fuero común, ayer lo dijo todo con su presencia por horas en el Great American el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Pablo Héctor González. Alargamiento de las vacaciones por todas partes.
Se veía lejana la posibilidad, pero resulta que sí le dieron una buena sacudida al Instituto Chihuahuense de Salud Mental (Ichisam), de donde durante meses salieron quejas contra la que fue titular del organismo, la doctora Montserrat Fernández.
Hace unos días se había dicho que la siquiatra Fernández había sido destituido a medias, pues seguía manejando los hilos del organismo dependiente de la Secretaría de Salud, con la complacencia del titular, Eduardo Fernández Herrera.
Pues bien, desde la dependencia estatal se giraron órdenes de cesar no sólo a la siquiatra que encabezaba el Ichisam y prohibir cualquier intromisión de su parte, sino también de exigirle la renuncia a la administradora Irma Coronado.
La dupla Fernández-coronado era la que había convertido el Ichisam en agencia de colocaciones para sus allegados, sin importar si sabían realizar alguno de los trabajos de tan importante organismo, principalmente en estos tiempos de crisis sanitaria y encierro forzado.
Además del maltrato al personal de planta, que era el que sacaba el trabajo, la hoy extitular apoyada por la exadministradora, habían tomado el control de la nómina para albergar tanto a aviadores descarados como a funcionarios sin tareas específicas. Incluso hasta el nepotismo se permitió con la contratación de un sobrino de Coronado.
De ahí el declive de un necesario instituto dedicado a la atención de la salud mental de los chihuahuenses que prácticamente estaba muerto desde sus inicios.
El asunto no deberá parar en meras destituciones, pues los empleados mandaron pedir a la cabeza del sector que se haga una auditoría al Ichisam y se proceda con las denuncias penales o administrativas que correspondan.
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