El Diario de Chihuahua

REFORMA A PENSIONES YA ES OFICIAL

- Víctor Fuentes y Charlene Domínguez / Agencia Reforma

Ciudad de México– La reforma más importante al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) desde su creación en los 90 ya es oficial.

El Ejecutivo publicó el decreto por el que se reducirán las semanas de cotización para una pensión garantizad­a, aumentarán el monto de pensión y obligarán a los patrones a subir la cuota que aportan para el retiro, entre otras reformas.

Las comisiones que cobren las Afores estarán sujetas a un máximo que resultará del promedio de los cobros en EU, Colombia y Chile.

Este control, según el sector privado, desalentar­á la competenci­a entre éstas, puede llevar a que varias desaparezc­an y provocará amparos. Desde el 1 de enero de 2021, las personas de al menos 60 años de edad que hubieran cotizado 750 semanas en el IMSS podrán acceder a una pensión, contra las mil 250 semanas o 24 años que preveía la ley cuando entró en vigor en 1997.

El Congreso aprobó este cambio porque en 2021, cuando se cumplen 24 años del SAR, sólo 24 por ciento de los trabajador­es habría alcanzado mil 250 semanas.

El requisito de semanas de cotización irá aumentando en 25 cada año hasta llegar, en 2031, a mil semanas, unos 19 años de trabajo.

En la actual ley la pensión garantizad­a es de un salario mínimo, sin importar el último Salario Base de Cotización (SBC).

Con la reforma aplicará una tabla de cinco categorías y los montos se irán actualizan­do con base en la inflación anual.

La más alta será la de trabajador­es cuyo último salario de cotización era de 5 o más Unidades de Medida y Actualizac­ión, unos 13 mil pesos mensuales, quienes tendrán una pensión de 7 mil 829 pesos para los de 60 años y hasta 8 mil 241 pesos para los de 65 años o más.

Estas pensiones serán cubiertas, inicialmen­te, con recursos de la Afore del trabajador y una vez agotado este fondo el pago es a cargo del Gobierno federal.

Las aportacion­es a las cuentas de retiro se mantienen en 1.25 por ciento del SBC para trabajador­es, por lo que toda la carga adicional se concentrar­á en patrones y Gobierno, lo que según críticos de la reforma podría desalentar la creación de empleos formales.

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