Regatea Comisión de Víctimas apoyo a Aruky
Le piden aceptar que su familia se equivocó al reconocer el cuerpo de su madre
La protección y el apoyo que la Ley de Víctimas ofrece a estas, se lee bien en el papel pero en la práctica las cosas son diferentes.
Aruky Villalpando no sólo perdió a su madre cuando era niño sino que la volvió a perder por segunda ocasión luego de que se le informara que el cuerpo que entregaron no corresponde a su familiar. Aun así, según lo ha declarado el joven, la Comisión Estatal de Atención a Víctimas –Ceave- no ha brindado un apoyo real a la familia.
“Sí se comunicaron conmigo y me dijeron que nos pagarían los gastos ocasionados por el funeral de la persona que creímos era mi mamá y que se vería la posibilidad de algún apoyo para la familia, aunque el daño real ya está hecho y ese es difícil de reparar”, dijo.
De acuerdo con el entrevistado, hasta este viernes todo ha quedado en eso: una llamada y una “recomendación” de que al elaborar el oficio donde narraría hechos y enlistaría gastos, en el primer párrafo del texto especificara que fueron sus familiares quienes reconocieron y aceptaron, que el cuerpo femenino golpeado y en proceso de putrefacción era el de su madre.
“No acepté eso, porque es como querer decir que todo fue culpa de mis tíos y no es así. Es cierto que hay una responsabilidad compartida pero la Fiscalía debe tener un protocolo para atender esos casos”, indicó el joven.
La Ceave por su parte, aseguró que sí están brindando apoyo integral con asesoría legal, psicológica y se encuentran en trámite algunos apoyos asistenciales, sin especificar cuáles. Asimismo indicó que los familiares argumentaron que no dejarían que se llevara a cabo la exhumación del cuerpo hasta concluir los trámites. La dependencia precisó que para la exhumación es necesario hacer primero una nulidad del acta de defunción emitida en el registro civil de Jiménez en agosto de 2010.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 20, apartado C, establece los derechos de la víctima a recibir asesoría jurídica, a coadyuvar con el Ministerio Público, a recibir atención médica y psicológica de urgencia, a que se le repare el daño, al resguardo de su identidad, y otros datos personales en casos específicos, a solicitar medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos y a impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público.
Aruky ha sido víctima por partida doble tanto de la delincuencia que secuestró a su madre como del sistema de procuración de justicia que le falló de manera reiterada. Por tanto, derechos como víctima es evidente que los tiene.
El Artículo 5 de la Ley General de Víctimas publicada el 9 de enero de 2013 en el Diario Oficial de la Federación –DOF- indica que los mecanismos, medidas y procedimientos establecidos en esta Ley, serán diseñados, implementados y evaluados aplicando los principios de dignidad, buena fe, complementariedad y debida diligencia.
En el caso del joven Villalpando y su familia dichos principios no han sido respetados del todo ya que como Aruky señala “Son muchas cosas las que dañan emocionalmente y hasta la dignidad porque están jugando o de qué se trata. Es cierto que algún familiar dijo que podía ser mi mamá, pero la Fiscalía debe tener un protocolo para que este tipo de cosas no suceda, y no fueron unos cuantos meses estamos hablando de años. Nos están revictimizando”.
Según la citada Ley General de Víctimas la dignidad humana es un valor, principio y derecho fundamental base y condición de todos e implica la comprensión de la persona como titular y sujeto de derechos y a no ser objeto de violencia o arbitrariedades por parte del Estado o de los particulares. En el caso de Lizeth y su familia la duda respecto a la aplicación de este principio prevalece.
“Vienen a arruinar el trabajo de 10 años en un tema muy delicado y complicado. Para ellos es muy sencillo venir a dar esa noticia 10 años después pero no saben lo que afectan”.
Los principios de buena fe, complementariedad y debida diligencia también quedan en duda, particularmente esta última donde la legislación vigente es clara e indica:
“El Estado deberá realizar todas las actuaciones necesarias dentro de un tiempo razonable, para lograr el objeto de esta Ley, en especial la prevención, ayuda, atención, asistencia, derecho a la verdad, justicia y reparación integral a fin de que la víctima sea tratada y considerada como sujeto titular de derecho. El Estado deberá remover los obstáculos que impidan el acceso real y efectivo de las víctimas a las medidas reguladas por la presente Ley, realizar prioritariamente acciones encaminadas al fortalecimiento de sus derechos, contribuir a su recuperación como sujetos en ejercicio pleno de sus derechos y deberes, así como evaluar permanentemente el impacto de las acciones que se implementen a favor de las víctimas”.
Es cierto que hay una responsabilidad compartida, pero la Fiscalía debe tener un protocolo para atender esos casos” Aruky
Hijo de Lizeth