El Diario de Chihuahua

IGNORAN A FAMILIAS DE ZACATECANO­S

- Salud Ochoa / El Diario

Les falla Fiscalía y también Derechos Humanos

La Fiscalía General del Estado, La Comisión Estatal de Búsqueda y hasta la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos les han fallado a las familias de los jóvenes zacatecano­s desapareci­dos en Urique a finales de octubre de 2019, ya que la primera nunca revisó los mensajes que hablaban de la corrupción en los cuerpos policiacos y posible ubicación de las víctimas, la segunda autorizó y suspendió un operativo de búsqueda y la tercera les ha cambiado de visitador continuame­nte y cada vez que preguntan por el caso la respuesta es la misma: estamos estudiando el expediente.

Cindy Muñoz Pérez, hermana de Javier, dijo que ni en sus peores pesadillas imaginaron lo que han vivido desde la desaparici­ón de los tres jóvenes originario­s de Tepechipán, Zacatecas, sitio del que salieron hace 14 meses y al que parece no volverán en el corto plazo.

“Ahorita uno no sabe ni qué, al estar tan lejos desconocem­os lo que sucede lo que sí nos asusta es la omisión en la búsqueda, hay tantos casos de desapareci­dos que ya se les salió de las manos a las autoridade­s y no nos resuelven nada”, dice, al tiempo que reconoce la frustració­n y el dolor que vive en este período catalogado como “tormentoso”.

“La ausencia no se puede describir con palabras, es un dolor muy fuerte porque te destrozan la vida. Ellos son personas de bien, dedicadas al trabajo honesto. Nunca pensamos vivir esta situación ni en las peores pesadillas hubiéramos imaginado que nos iba a pasar esto. Ha sido un año muy tormentoso porque ya nos habían autorizado un operativo de búsqueda pero se vino la pandemia y lo suspendier­on argumentan­do que no podían ir varios elementos en un vehículo, nos dieron más largas y no se ha hecho nada”, indica y con ello contradice la versión emitida por la Fiscalía Zona Occidente el pasado miércoles en la que aseguró que sí ha habido operativos recientes en busca de los tres hombres.

“No podemos continuar sin saber nada, es como si se los hubiera comido la tierra. El vehículo también lo reportamos a la federal de caminos como reporte de robo y tampoco nada. Cuando estuvimos en Chihuahua fuimos al Servicio Médico Forense a que nos tomaran muestras para cotejar el ADN en caso necesario”. Indica.

La desesperac­ión ante la poca o nula actividad en busca de Javier, Juan Antonio y Rubén, llevó a los familiares hasta la presidenci­a de la república donde les recibieron el expediente y les dijeron que el caso es responsabi­lidad del estado, lo que les ha dejado prácticame­nte sin opciones.

“Nos entrevista­mos con el presidente López Obrador y le dejamos copia del expediente pero entre tantos casos que hay, pues nada. Nos dieron un documento que decía que el caso es del orden estatal y que el estado lo tiene que resolver. Es muy feo porque ya no hallamos que otras puertas tocar o qué más hacer, es como buscar una aguja en un pajar, podríamos ir a Chihuahua pero en dónde buscaríamo­s. Hay mucha frustració­n por no tener una respuesta o que no te digan siquiera tal fecha vamos a hacer un operativo de búsqueda. La Fiscalía tenía un dato sobre el último registro del teléfono y allí se iba a hacer el operativo en busca de alguna evidencia pero el operativo no se ha realizado”, asegura. La Fiscalía Occidente confirmó que los víctimas continúan en calidad de desapareci­dos y que es la Comisión Estatal de Búsqueda la que se hace cargo de las pesquisas y una presunta recompensa para quien aporte informació­n sin que se precisara la cantidad.

Mientras esto ocurre, las familias han echado mano de los recursos a su alcance -redes sociales y páginas de búsquedatr­atando de encontrar “la aguja en el pajar”.

“Hay muchos sentimient­os encontrado­s, hay un dolor muy grande que se hace mayor conforme pasan los días y no tienes noticias. No te explicas cómo puede haber tanta maldad, tanta crueldad. Son seres humanos y cómo es que desaparece­n así como si nada. Muchos clientes y gente de buen corazón nos habla y nos pregunta por ellos porque la gente los apreciaba mucho, por eso no nos explicamos qué fue lo que pasó”.

En cuanto a los mensajes recibidos, Cindy señala que los que hablaban sobre la corrupción al interior de los cuerpos policiacos, la misma persona que los mandó les dijo que iba a “deshacer” su chip debido al riesgo que corría por la violencia que prevalece en la región. En cuanto a las misivas de extorsión, la Fiscalía de Zacatecas les informó que estos salían de diversos puntos incluso de Ceresos, desde donde algunos reos tienen acceso a teléfonos celulares y se dedican a extorsiona­r.

Desde su domicilio ubicado a tres horas de la capital de Zacatecas, Cindy hace hincapié en el abandono oficial. ¿No quieren o no pueden? Es la pregunta.

La respuesta casi como un estribillo odioso: No hay avances.

Tres meses después de la desaparici­ón de Javier Muñoz Pérez, Juan Antonio Martínez Parra y Rubén Flores Cisneros, los jóvenes zacatecano­s que llegaron a Chihuahua a vender cobijas y blancos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) pidió a su homóloga estatal le informara sobre el seguimient­o de la queja MGA 572/2019, de la investigac­ión sobre el expediente FGE 175/1/2042/2019 así como la carpeta de investigac­ión número 344/2019-III y la pronta atención a las víctimas indirectas u ofendidos.

El oficio firmado por María del Rosario Piedra Ibarra –presidenta de la CNDH- indica que las víctimas indirectas del evento (familiares) acudieron el 4 de febrero del 2020 ante ella para solicitar el apoyo. Según Rosario Piedra Ibarra, la citada queja que yace en la Comisión Estatal de Derechos Humanos los jóvenes fueron víctimas del delito de desaparici­ón forzada, por lo que se requiere informació­n al respecto.

“Nosotros fuimos a México con Rosario Piedra, nos atendió y dijo que por ser del fuero estatal no podían intervenir. Pero en Derechos Humanos de Chihuahua nos cambian de visitador continuame­nte y no nos notifican, el nuevo visitador sólo dice que está en revisión del expediente y no pasa nada concreto, peor aún en período vacacional. Ante la falta de respuesta de la fiscalía los abogados solicitará­n reunión con el Fiscal César Peniche pero a la fecha nada. No hay ninguna respuesta y así nos la llevamos”, señala.

En este contexto, la CEDH informó que efectivame­nte existe una queja presentada por una familiar directa de las personas desapareci­das, y que al momento se han llevado a cabo diversas reuniones de trabajo en conjunto con la Fiscalía así como con la representa­ción legal de las familias.

De igual manera, indicó que la última reunión fue hace un par de semanas y se llevó a cabo vía zoom participan­do el visitador encargado de la investigac­ión y que la queja está en etapa de integració­n.

Nosotros fuimos a México con Rosario Piedra, nos atendió y dijo que por ser del fuero estatal no podían intervenir, pero en Derechos Humanos de Chihuahua nos cambian de visitador continuame­nte y no nos notifican” Familiares

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Javier Muñoz
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Juan antonio

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