Retos de la independencia electoral
Las candidaturas independientes establecidas en la República Mexicana desde hace ocho años, particularmente en el estado de Chihuahua, han afrontado una serie de circunstancias que merecen ser discutidas y revisadas, siempre, como toda acción progresista, no solo por la necesidad de ampliar su sincronía con las aspiraciones de una democracia plena entre la sociedad, sino también para garantizar que esos anhelos tengan concordancia en la vida real, en lo cotidiano.
Solo como un ejercicio de memoria reciente, habría que recordar el lustre que envolvió la aparición –y aprobación– de las candidaturas ciudadanas en todo el país, un brillo que poco a poco se ha ido opacando, tanto como la turbiedad y el desencanto de la población en el sistema partidario mexicano, que fue lo que, en esencia, dio entusiasta origen a aquellas.
La sola declaratoria de que se trata ya de un derecho humano y que votar y ser votado fue una ampliación promovida en el país, entre otras instancias de renombre por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, son conceptos que no han tenido el alcance de compresión aun entre algunos integrantes de los organismos electorales porque no se han atrevido a desafiar la larga tradición autoritaria del poder en Chihuahua, a pesar de ser los encargados, en estos tiempos, de dar sentido, precisamente, a ese derecho y a esa aspiración cívica.
Uno de los problemas que han enfrentado tales candidaturas es, paradójicamente, el de la credibilidad, puesto que las filias y los historiales de los primeros candidatos, en su mayoría, habían estado en el pasado inmediato al lado de partidos formalmente registrados, como el PRI y el PAN. Personajes como el empresario José Luis «Chacho» Barraza, o el actual alcalde de Ciudad Juárez, Armando Cabada, hablan de esa veleidad política que todavía hoy se desprecia pero se tolera: Cabada, por ejemplo, empresario duartista y dueño de medios de comunicación en el estado de Chihuahua, autonombrado “independiente” en la frontera, se dio el lujo de registrarse hace algunas semanas como aspirante a la candidatura a gobernador por Morena, y al no conseguirlo vuelve, como si nada, a ser alcalde “independiente”.
Una de las preguntas que podría plantearse cualquiera con actividad en el entramado electoral actual es qué tipo de ciudadano y ciudadana está dispuesta a votar por un candidato independiente, más allá de las diversidad de razones que pueda tener para hacerlo, aunque de entrada se perciba el hartazgo hacia los partidos políticos, tanto por sus parasitarias inmovilidades internas como por los cotos de poder que se negocian en función de intereses de grupo y no tanto en la preocupación de resolver los problemas fundamentales de la sociedad cuyos impuestos los mantienen con vida.
Luego, la aventura de quienes, como un servidor, se atreven a promoverse aspiracionalmente por la vía ciudadana, topa con la enorme pared construida en base a esos intereses creados por los partidos y los grupos de poder internos y externos, en connivencias inconfesables con particulares intereses económicos, políticos y hasta clericales.
Aspirar hoy a ser un candidato independiente genuino en Chihuahua es algo así como un acto de rebeldía, una pretensión incómoda para quienes creen erróneamente que el mundo se volverá un caos solo por la costumbre de pensar que ese mundo gira en torno de sus intereses excluyendo a los demás. Hay que repetir una y otra vez que solo en la justicia y la inclusión social pueden alcanzarse acuerdos que beneficien a la mayoría.
No soy ingenuo. Desarrollar acciones para obtener una candidatura ciudadana tiene una traducción en estos momentos de una lucha en favor de un proyecto ciudadano y, al mismo tiempo, en contra del enorme bloque amasado entre esos intereses y el sustento de unas leyes que han de ser actualizadas en el futuro inmediato para garantizar y ampliar los derechos cívicos de quienes opten por tomar decisiones sin el aval, ya ruin y desaseado, de los partidos políticos y sus dirigencias más encumbradas.
Como ya es de muchos sabido, nuestra candidatura ha sorteado exitosamente hasta hoy batallas jurídicas, pero en el corazón de esa aparente apertura hacia las aspiraciones ciudadanas se encuentran los candados que solo aquellos con el despliegue de grandes recursos económicos pueden cumplir sobradamente en plazos muy acotados, tal como lo hizo el expresidente de Coparmex, “Chacho” Barraza con la ayuda de su dinero y el apoyo de sus amigos empresarios para captar, sin problemas, las firmas cautivas de empleados y clientes de esas sus empresas.
La gran herramienta cívica de las candidaturas independientes no goza en estos momentos de confianza, pero eso significa que hemos de ser los ciudadanos y ciudadanas quienes debamos dotar de certidumbre, pero sobre todo de fiabilidad, a procesos electorales viciados por “independientes” que a todas luces no lo han sido, ni antes, ni durante, ni después.
El uso de estos instrumentos, a pesar de sus sesgados orígenes, como la Ley de Participación Ciudadana a nivel local, no pudieron ser manipulados del todo en su momento por los poderes en turno, en este caso en manos del panismo encabezado por la hoy alcaldesa con licencia María Eugenia Campos, porque fueron las y los ciudadanos quienes a fuerza de intervención en las urnas contribuimos a que una simple pero onerosa decisión, el de renovar y ampliar el alumbrado público con los amigos del gobierno y a costos multiplicados más allá de lo justo, fuera comprometida con impacto en las arcas municipales, es decir, el dinero del pueblo.
Las lecciones que deja hoy una candidatura ciudadana, explorada casi desde la marginalidad a la que nos envían las leyes actuales, todavía están por aprenderse. Pero si no lo hacemos ahora podríamos estarlo lamentando en el futuro cercano porque, qué es la democracia si no el poder del pueblo para el pueblo.