“¿Porqué protestan si ya estoy yo aquí?”
Ocurrió en los primeros meses del gobierno de Francisco Barrio en Chihuahua. Ante una de las primeras manifestaciones en contra de su gobierno deploró que la realizaran “¿Para qué, si ya estoy yo aquí en el gobierno?”.
El gobernante no podía concebir la existencia de ciudadanos que objetaran algo de su gobierno.
Como muchos otros gobernantes voluntaristas, pensaba que su sola llegada al gobierno era suficiente para cambiar la estructura del régimen vigente y que, como por arte de magia, desaparecerían muchas lacras de la administración pública.
La realidad suele ser cruelmente diferente.
Durante más de dos décadas, Andrés Manuel lanzó una dura, sostenida, coherente y ejemplificante crítica al régimen, no sólo en lo referente a aspectos secundarios como lo es la corrupción, sino al eje de su estructura económica.
A la par, se desarrollaba una intensa, extendida, diversa y multipolar lucha de diversos segmentos de la sociedad por acotar de mil maneras al poder presidencial. Entre ellas y de manera singular la de arrebatarle al gobierno el control y conducción de las elecciones.
Luego, no sin altibajos (porque esas luchas siempre fueron enfrentadas de mil maneras por el régimen) porque a cada avance de las fuerzas democratizadoras aparecía una artimaña del Poder para evitarlo, atenuarlo o mediatizarlo.
Tres serían emblemáticas de ello: La creación del órgano electoral, la de los organismos derechohumanistas y la de los organismos de transparencia.
La última iba más allá, era el establecimiento de la obligatoriedad para los entes públicos -es decir, a todas las dependencias públicas y/o que recibieran o ejercieran recursos públicos- de otorgar toda la información a cualquier ciudadano.
Esas tres reformas -como el resto en distintos ámbitos del quehacer públicotenían como objetivo desligar esas tareas de la función pública, acotar el poder del presidente (en general del Poder Ejecutivo), airear la función pública, vigilar las tareas y organismos de la seguridad pública, combatir las ilegalidades de los organismos policiacos y militares; efectuar elecciones sin el control gubernamental; combatir la corrupción al interior de los gobiernos; reforzar el ejercicio de la libertad de expresión, etc.
Pero, sobre todo, poner en manos de segmentos de la sociedad la tarea de vigilar y fiscalizar a los responsables de la administración pública, para lo cual se requería crear organismos que hicieran posible tales tareas.
Hoy, todo eso es combatido por el presidente López Obrador, quien argumenta que los organismos autónomos solo han sido “tapaderas” de la corrupción, razón por la cual propondrá desaparecerlos para, en aras de la austeridad, sus estructuras y funciones ponerlos bajo la jurisdicción de las secretarías del Poder Ejecutivo, es decir, bajo su responsabilidad y control.
En el fondo de las argumentaciones presidenciales se encuentran varias explicaciones, la primera de las cuales podría ser coincidente con la de las motivaciones de Pancho Barrio.
Una sí segura, repetida una y otra vez, la de que “nosotros somos diferentes”, “nosotros no somos corruptos” y como ya llegó él al gobierno, la corrupción ya se acabó; otra podría ser la de que López Obrador no concibe al gobierno sino uno en el que la concentración de tareas, funciones, responsabilidades y atribuciones en manos del presidente sea la característica central.
La discusión, democrática, no estaría centrada en la necesidad de desaparecer o no a los organismos autonómos, sino en la manera en que se puedan fortalecer y construir el andamiaje jurídico-legal que permita su permanencia y transformación democrática.
Porque da la impresión de que AMLO no tiene presente la idea de que a fines del 2024 él terminará su mandato y nadie asegura que el sucesor sea de Morena, o que, siéndolo, comparta sus opiniones en estos temas y entonces retrocedamos décadas pues habría que arrancarle al nuevo régimen las facultades que ahora López Obrador pretende arrogarse
Y se olvida que uno de los más destacados conflictos que tuvo en su administración, como jefe de gobierno de la Cd de México con el órgano de transparencia, se debió a su oposición a dar a conocer los contratos de la construcción del segundo piso del periférico de la Cd. de México, así como ahora ha ordenado clasificar como información reservada los contratos de la adquisición de las vacunas y se opone a que se transparenten los contratos de adquisiciones de su administración, en la cual los de adjudicación directa casi llegan al 80%, superando, por mucho, los porcentajes de Peña Nieto y Calderón.
En el colmo de la incongruencia, justamente cuando la actual Secretaria de la Función Pública, Eréndira Sandoval, atraviesa por una profunda crisis de credibilidad, ahora el presidente pretende que sea esa dependencia la encargada de garantizarle a los mexicanos el acceso a la información pública, “fast track”.
Así lo dijo y pretende el presidente: “¿No puede pasar esa función (la de la transparencia) a la Secretaría de la Función Pública o a la Auditoría Superior de la Federación o a la Fiscalía Anticorrupción?”. (Ibídem).
Y es que como si aún perteneciera a la oposición, el presidente argumentó que “¿cómo se va a garantizar el acceso a la información? (Si) el instituto funciona como un intermediario entre el solicitante y las dependencias o los sujetos obligados, entonces, los sujetos obligados han hecho uso de la ley a su beneficio para no brindar la información y hacer un montón de reservas…”.
¡Pero resulta que ahora él es el titular de las dependencias -entes obligados- y que, para que hubiese transparencia, bastaría con ordenar -y sancionar a los trasgresores de esta indicación- que se conceda pleno acceso a la información pública a la ciudadanía!
“De acuerdo con el índice de expedientes clasificados como reservados de la Secretaría de la Función Pública, en sólo 18 meses la dependencia ordenó limitar el acceso a 6 mil 572 expedientes bajo distintas justificaciones, en distintos momentos y por plazos que van de 6 meses hasta 5 años. En promedio, la Función Pública clasificó 12 expedientes cada día y 365 cada mes desde enero de 2019”. (Nota de Gerardo Gómez, Reforma, 9/I/21).
La tendencia a la opacidad no es monopolio de los gobiernos anteriores -del PRI o del PAN- baste poner dos ejemplos de la actuación del actual gobierno en esa materia:
La del porcentaje de contratos por adquisición directa otorgada por el gobierno de la 4T: Primero, 80% en números cerrados y; segundo, la decisión de clasificar como información reservada por 5 años los contratos de adquisición de las vacunas anti COVID19.
Si alguien rechazara que algún contrato se clasificara como información reservada -acción que realizaría, de acuerdo con el pensamiento de AMLO, la Secretaría de la Función Pública (SFP)- ¿ante quién podría recurrirse? ¿Al Poder Judicial para iniciar un proceso legal a fin de que le ordenaran desclasificarla?
No, en todo caso lo que debe hacerse es mejorar la legislación para agilizar los procedimientos y establecer las sanciones correspondientes, incluso volviéndolas más severas a las dependencias que incumplieran.
Pero en las argumentaciones del presidente apareció finalmente lo que puede estar en el fondo. Alega que son extremadamente caros los organismos autónomos y que, al desaparecerlos, se podrían canalizar los recursos a la compra de la vacuna COVIS19.
Y eso es una abierta contraposición a lo que tanto dijo, de que contaba con más de 100 mil millones de pesos para comprar la vacuna.
¿Entonces no había el dinero para comprar la vacuna, de ahí la lentitud con la que llegan al país, debido a que no se aportaron los suficientes recursos a tiempo para pagar los anticipos de la compra? ¿Y a eso se debe que López Gatell esté negociando con intermediarios la compra de la vacuna rusa?
¿Y tal vez a eso se debe el hecho de la clasificación como información reservada los contratos de adquisición de las vacunas?
¿Para que no supiéramos que no se hizo a tiempo la compra y ahora andemos por las ramas tratando de acceder pronto y rápido a las cantidades de vacunas necesarias para arribar al nivel de la inmunidad de rebaño?
¿Cómo? ¿Porqué?
Lo que propone el líder de la 4T es exactamente lo que existía antes del nacimiento de estos organismos autónomos: El gobierno era el único encargado de vigilarse a sí mismo.