Cruzada contra los órganos autónomos
El presidente López Obrador ha anunciado en días previos y formalizará los siniestros propósitos de una nueva cruzada, ahora contra los órganos autónomos. Para el pasado el día 11 convocó a sus valedores a una reunión para para instruir la formulación de una “reforma administrativa”, que congruente con su retórica mañanera, en lo central de lugar a la desaparición de algunos o de la mayoría de los entes autónomos y la consiguiente asimilación de sus funciones en las dependencias de administración centralizada. Y seguramente nada más de las funciones pertinentes, las que estorban a la centralidad del poder hay que eliminarlas, si no carecería de sentido la “reforma”.
En el núcleo de la visión del Presidente se encuentran aquellos que ha mencionado en sus conferencias, descalificándolos como burocracias costosas, ineficaces y corruptas. Como de costumbre no proporciona estudios, documentos o denuncias que sustenten sus dichos: Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT); Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); cabe presumir que también incluiría en su reforma al Coneval, pues sus mediciones evidencian la inoperancia de la administración federal en el combate a la pobreza y la imposibilidad de evaluar los programas del Bienestar.
Cuando algunos comentaristas han hecho referencia a la evolución de órganso y organismos como dotados de autonomía técnica o autónomos que se transformaron en Órganos Constitucionales Autónomos (OCAS), se calificó a este proceso como de “autonomitis”. En este proceso se pueden identificar dos etapas. En la primera (1994-1999), ganaron su autonomía Banxico, el Instituto Nacional Electoral y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En la segunda, los restantes. De un universo de nueve o diez, según algunos analistas. Los motivos para su autonomía han sido diversos si hace una revisión puntual de cada uno de los casos. Según la Cámara de Diputados son nueve los Organismos Constitucionales Autónomos, a saber: Banco de México, Comisión Federal de Competencia Económica, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Fiscalía General de la República, Instituto Federal de Telecomunicaciones, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales e Instituto Nacional Electoral. Se excluye el Instituto para la Evaluación Educativa, pues su autonomía se consigna en una ley secundaria.
El proceso de autonomización de todos los órganos mencionados está lejos de ser singular o privativo de México. Órganos autónomos existen desde finales del siglo XIX en los Estados Unidos, y han proliferado en Europa y en el contexto de la Unión Europea, por citar los casos relevantes. El modelo es semejante para todos los países, aunque su multiplicación parece encontrar sustento en los desempeños positivos a lo largo y ancho del orbe. De modo que la pretendida enfermedad está lejos de fundamentarse en las motivaciones del proceso. Tal vez derivado de un estudio concienzudo de sus desempeños pudieran establecerse algunas fallas, inconsistencias o simplemente algunas tareas que hayan resultado ineficaces respecto de sus propósitos. Pero esta tarea no se ha realizado.
Algunos comentaristas ven, sobre todo a partir de la segunda etapa, una proliferación desbordada. En ella, únicamente hay seis OCAS. Proliferación respecto de qué; ¿cuántas deben ser las necesarias? Acaso los retos de coordinación entre entes tradicionales y poderes según la doctrina clásica del siglo XVII, los hace inconvenientes y con riesgos de debilitar el gobierno sin fortalecer el Estado. Se puede afirmar que a la luz de los hechos la utilización de los OCAS en todo el mundo obedece a la necesidad de hacer mejor los fines del Estado, limitando los intereses de grupos de poder, sean privados o de orden público como los partidos en ejercicio de poder en los legislativos y ejecutivos. En los hechos han mostrado eficacia técnica, profesionalismo y acumulación de capital humanos, y decisiones apegadas a la letra y el espíritu de las funciones otorgadas por la Constitución.
En este sentido han significado una transformación positiva desde la perspectiva jurídica, política y administrativa. No se necesita pensar mucho para identificar la trascendencia, por ejemplo, del INAI o del INE. Sin este, los procesos electorales entrarían en caos político y social. Sin el primero, cómo se podría denunciar la corrupción por parte de los agentes sociales, tratar de evaluar el desarrollo, o defender, desde la sociedad, el ejercicio de los derechos a la salud, educación o información.
La naturaleza constitucional de su organización pone a los OCAS en un perímetro legal que es difícil superar en el Poder Legislativo, campo en donde necesariamente se dirimirá su suerte, en el intento de llevar a cabo los propósitos de la ‘’reforma administrativa” en puerta.
De cualquier modo, el tema de estos órganos se mantendrá en debate, lo cual obliga a un estudio crítico de sus actividades, logros y sus modalidades de trabajo acopiando información cierta y relevante.
Finalmente, además de los riesgos que entraña la coordinación y la falta de rendición de cuentas que caracteriza a estos entes, habría que agregar “otros posibles problemas: el (des) control interno (los OCAS no se rigen por las mismas reglas que el resto de las instituciones públicas federales); la potencial captura de sus decisiones por parte de poderosos actores económicos; o los predecibles intentos de politización de sus nombramientos, recursos y desempeño general por parte de diversos actores políticos y partidistas” como señala Dussauge Laguna. Si no da resultados la cruzada contra los OCAS, la politización estará en el Orden del Día, como ocurriera con la CNDH.