La justicia en tiempos de cólera
El terrible momento en que vivimos con la pandemia de coronavirus plantea arduos desafíos para quienes trabajan en el sistema judicial. El alcance mundial de la crisis de Covid-19 nos ha confrontado, nuevamente en nuestra historia, con la eterna fragilidad de la humanidad.
La Asociación Internacional de Jueces (IAJ) representa a asociaciones de 92 países de los cinco continentes. La dimensión global de nuestra organización implica una obligación particular de reiterar los graves deberes de los jueces en relación con esta pandemia.
A nivel estructural, la aplicación de las leyes de emergencia aprobadas por las autoridades nacionales debe ser cuidadosamente supervisada por el Poder Judicial. Estas respuestas a emergencias confrontarán los principios normales de la gobernabilidad democrática, los derechos humanos y el estado de derecho. En todos los países que deciden implementar restricciones al orden constitucional, inevitablemente surgirá el riesgo de socavar el papel del poder judicial.
“El precio de la libertad es la eterna vigilancia”; La famosa frase atribuida a Thomas Jefferson ha ganado en nuestra vida un significado renovado.
Por lo tanto, los gobiernos no deberían verse tentados a percibir la crisis actual como una oportunidad para pasar por alto el papel esencial de los tribunales independientes como guardianes de los derechos humanos y las libertades civiles.
También debe reconocerse claramente que la cuarentena inducida por Covid-19 ha creado repercusiones perjudiciales en las actividades judiciales. En todos los países, los esfuerzos para frenar la propagación del Covid-19 han impactado masivamente el funcionamiento del sistema de justicia. La mayoría de los casos judiciales son, o serán, inevitablemente diferidos, si no paralizados.
Los Principios de Conducta Judicial de Bangalore determinan que “un juez debe aceptar restricciones personales que el ciudadano común pueda considerar gravosas y debe hacerlo de manera libre y voluntaria”. Este es el caso actual, y debería ser un deber bienvenido que cada juez esté fácilmente disponible para servir a los conciudadanos en un espíritu de servido público. Pase lo que pase, los jueces continuarán al servido de cada ciudadano cada vez que se deba decidir una medida urgente, siempre que se tome una decisión. Esto es particularmente aplicable en asuntos que involucran derechos fundamentales o la protección de los miembros más frágiles de nuestras comunidades, especialmente las personas mayores, pero también, por ejemplo, las víctimas de violencia doméstica ahora fuertemente presionadas por el confinamiento de familias y, en general, todos los necesitados.
El poeta John Donne escribió una vez: “Ningún hombre es una isla, en sí misma; cada hombre es un pedazo del continente, una parte de lo principal”. La Asociación Internacional de Jueces, una organización completamente apolítica, se creó bajo el pilar fundamental de la solidaridad, tanto entre los jueces como hacia nuestros conciudadanos.
Este es el mensaje para el Presidente del STJ en el Estado de Chihuahua, quien dice, que todo es normal y se hizo una encuesta entre los trabajadores, PERO A LOS LITIGANTES NO SE LES PREGUNTÓ NADA. MAGISTRADO PABLO HÉCTOR GONZÁLEZ VILLALOBOS, ESPERAMOS UNA RESPUESTA SERIA Y FUNDADA.