Un destino igual al de sus perseguidos

Mañana lunes cumple dos semanas en prisión preventiva quien fuera el brazo derecho ejecutor de los expedientes X en la administración anterior, Francisco “Paquito” G.A.

De tener en sus manos la balanza de la justicia, como principal acusador inquisitorial, inflexible, todopoderoso, es hoy imputado.

En la soledad de una celda ha de recordar aquellos tiempos en que entraba y salía del despacho del exgobernador, Javier Corral, sin ninguna restricción; mientras secretarios debían esperar cita, él tenía derecho de picaporte abierto a cualquier hora del día, así fuera festivo.

Qué mejor ejemplo de poder que despachar desde la Casa de Gobierno, una quinta californiana en zona exclusiva en la bellísima Avenida Zarco, suntuosa y amurallada con blindaje para resistir ataque de alto calibre.

Es patente e intencional la ironía de construir expedientes contra altos funcionarios, en el mismo lugar en que vivieron, durmieron y disfrutaron las delicias del poder con sus familias.

Esos mismos muros sirvieron para largos, penosos, amenazantes y extorsivos interrogatorios, bajo su dirección intelectual y material.

Desde el cuatro de octubre del 2016 hasta el mismo mes del 2018, “Paquito” fungió como agente del ministerio público responsable de los expedientes por designación directa del Fiscal César Peniche, y de Javier Corral.

El encargo tenía matices de auténtica guerra santa contra la corrupción, con desplantes mediáticos de que sería la principal obra corralista, desde la mismita toma de protesta.

Con su tono de voz grandilocuente, petulante, falso, Corral sostenía aquella tarde de octubre, hace seis años, que “el gran reto que tenemos en Chihuahua es romper el pacto de impunidad”.

“Desmantelar el sistema de corrupción, y parar la escalada de ilegitimidad del poder. Porque juntas, corrupción e ilegitimidad, son las precursoras seguras de la violencia política”.

El objetivo, remató en aquel entonces, “es que ningún acto de corrupción en el Estado de Chihuahua quede impune y que todos aquellos que hayan utilizado para beneficio personal los bienes de todos los chihuahuenses, enfrenten a la justicia”.

Un compromiso -el principal- incumplido, pura verborrea, puesto en manos de Francisco G.A., un joven abogado con una carrera meteórica impulsada por ambición y lambisconería naturales.

*** Tenemos que en 2008 obtuvo Francisco G.A. su cédula profesional como licenciado en derecho, la cual lo habilita como perito en la materia y le permite ejercer.

Pero en su curriculum enviado por la Fiscalía General del Estado en comunicado de prensa, el mes de mayo del 2016, cuando fue designado como titular de la Fiscalía Especializada de la Mujer, se le atribuye experiencia como ministerio público desde el 2005, cuando entendemos era estudiante o pasante.

En esas condiciones ejerció en la Unidad Especializada de Homicidios de Alto Impacto de la entonces Procuraduría General de Justicia, unidad de la cual fue cambiado un año después al Grupo Especial de Delitos contra la Vida e Integridad Física, en el cual terminó siendo coordinador en 2007, aún sin cédula profesional.

Del 2008 al 2009 fungió como coordinador de la Unidad de Investigación de Delitos contra la Vida ya en el Nuevo Sistema de Justicia Penal en Delicias; y del 2009 al 2016 desempeñó el puesto de encargado jurídico de la Unidad Modelo de Atención al Delito.

No sólo ocupaba puestos sin tener su cédula profesional, sino que realizaba estudios de posgrado. La cédula profesional de su primera maestría, la de Procuración e Impartición de Justicia es del 2008, mismo año en que recibió la cédula profesional como abogado.

A la par que escalaba puestos muy joven también acumulaba millas en su carrera como académico, que reforzó en 2014 con una nueva Maestría en Derecho Penal, y posteriormente con un doctorado, que se supone estudió en el extranjero, porque no hay registro alguno en la Secretaría de Educación Pública.

En sus puestos granjeó la confianza de sus jefes, a grado tal que, como dijimos, el entonces fiscal Jorge González Nicolás, por decisión de uno de sus principales perseguidos, el exgobernador Duarte, lo designó fiscal, con apenas ocho años de experiencia estrictamente burocrática, cero litigio. Tendría “Paquito” en aquel entonces, 30, 32 años o menos.

A esa edad le entregaron la Fiscalía de la Mujer, un puesto crítico por la escalada de feminicidios que históricamente ha golpeado a la entidad.

Aquel día, once de mayo del 2016, González Nicolás, a la sazón fiscal, se derritió en elogios a “Paquito”, enumerando sus virtudes, sin pensar siquiera en que estaba empoderando, abriéndole las puertas al primer nivel, a quien sería el principal inquisidor corralista.

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Cayó blandito Francisco G.A. con la nueva administración, listo para desempeñar el papel que le correspondería, cero gratitud, lealtad, ética profesional o cuando menos excusa. Tejió relaciones en sexenio y medio, en el que fue preferido, apapachado, impulsado.

Esa persecución anunciada por Corral acomodaba perfectamente en su prometedora carrera profesional, máxime cuando fue llamado al primer círculo con todo lo que ello significa, círculo que él había visto de lejos.

Desde esa burbuja de impunidad salpicada con recursos sin límite provenientes de la Fiscalía y el mismo despacho del exgobernador Corral, “Paquito” jamás sospechó siquiera encontrarse en la situación que hoy enfrenta.

Si no lo hizo en su momento, ahora podrá recapitular un poco acerca de La Columna de Hierro, magistral obra escrita por Caldwell o con Santiago Posteguillo, en alguna de sus seis novelas históricas acerca de los Césares. La fortuna y la desgracia terminan reuniéndose.

Ahora tiene el mismo destino que muchos de sus perseguidos, la fría loza de San Guillermo, en una pequeña habitación, sin contacto con el resto de los internos por su propia seguridad, aislado de cualquier comunicación normal.

Quienes lo visitan deben pasar por las revisiones exhaustivas de rutina, hombres, mujeres y niños, en busca de drogas y armas, igual sus abogados, las mismas penurias -si no es que menosque quienes fueron sus perseguidos, y que a punta de amparos siguen proceso en casa.

Pide trato humano cuando él en su responsabilidad atajaba cualquier posibilidad, por mínima que fuera, de obtener medidas cautelares más suaves.

Era orden de aprehensión, sobre orden de aprehensión, con nuevas carpetas si era necesario.

Así con temor y angustia transcurren sus días, y pasarán las semanas y meses, hasta que dé inicio el juicio en el cual será determinada la existencia de esa tortura psicológica ejercida como auténtica extorsión para doblar a sus investigados.

Las narraciones de los más de veinte testigos que han depuesto en su contra, lo ubican en todo momento no sólo en la dirección de los expedientes X, sino como principal instigador para arrancar confesiones de corrupción por parte del círculo cercano del exgobernador Duarte.

Lázaro Joaquín López -quien murió por la negativa de permitirle salir de prisión pese a su condición vulnerable-, Gerardo Villegas, Antonio Tarín, son nombres que eran simples etiquetas en folders amarillos, tres de las más de dos decenas de carpetas por él integradas, muchos de ellos con quienes convivió de cerca, que hoy a través de representantes o por su propio derecho exigen sanción por los abusos cometidos.

No son sólo los procesados, sino también los testigos protegidos, quienes desfilaron uno a uno por la Casa de Gobierno, para ser sometidos a esos interrogatorios que no resistieron el mínimo estándar del Protocolo de Estambul.

El cúmulo de testimonios demuestran que hubo tortura y que debe ser castigada en él, como ejecutor, su jefe inmediato y quien daba las órdenes directas, Javier Corral.