El juicio de García Luna
Ciudad Juárez.- Esta semana pasada el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna fue encontrado culpable por un jurado de Nueva York por la comisión de varios delitos. El jurado determinó que García Luna era culpable de cinco delitos, tres vinculados a la importación y distribución de cocaína, uno de delincuencia organizada y otro por mentir a las autoridades federales.
Ya habíamos narrado cómo la ‘lucha’ emprendida por García Luna en contra del narcotráfico en México había provocado una ola de violencia en gran parte del país, especialmente aquí en nuestra frontera.
Los rumores que en ese momento circularon de una alianza de García Luna con el Cártel de Sinaloa resultaron confirmados a partir del veredicto emitido por el jurado. Debemos de recordar que, de conformidad con el sistema de justicia norteamericano, un jurado de doce personas provenientes de todos los orígenes deciden la suerte de un acusado.
El razonamiento detrás de este sistema es que, las pruebas deben ser tan convincentes y de tal naturaleza, que una persona que no conozca necesariamente de leyes pueda concluir, más allá de cualquier duda razonable, que el imputado es o no penalmente responsable.
Por tanto, en el caso concreto, el jurado determinó que García Luna era penalmente responsable. Su sentencia se dictará el 27 de junio próximo.
Si bien el sistema judicial norteamericano es reconocido, evidentemente no es infalible. En el caso concreto, me causa un poco de incertidumbre que una persona como García Luna (de quien desde siempre se dijo que trabajaba de la mano del Cártel de Sinaloa, por lo que debe haber elementos de prueba) haya sido condenado con puros testimonios. Es decir, las pruebas que el jurado tomó en consideración para encontrar culpable a García Luna fueron puras pruebas testimoniales de personajes oscuros cuya veracidad puede estar en entredicho.
Es decir, personajes como Sergio Villarreal Barragán “El Grande” quien fuera operador de los Beltrán Leyva y Edgar Veytia quien fuera fiscal de Nayarit, hoy presos en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico, fueron dos de los testigos en el presente caso. El común denominador de estos testigos, así como el resto de los mismos es que sostienen que vieron a García Luna recibir sobornos por parte de líderes criminales.
Es más que evidente que estos personajes, al estar siendo procesados en Estados Unidos, tienen un interés profundo en colaborar con la justicia para conseguir la reducción de sus respectivas penas. Desde esa perspectiva, si estuvieron dispuestos a delinquir en México teniendo sus actos repercusiones en Estados Unidos, nada garantiza que en esta ocasión no estuvieran dispuestos a delinquir nuevamente mintiéndole a una autoridad, como lo es el juez que instruyó el proceso contra García Luna.
No defiendo a García Luna. El resultado de su estrategia contra el crimen organizado, así como su enorme fortuna personal acreditan que efectivamente algo no cuadraba. Sin embargo, lo cierto es que resulta un precedente peligroso que, a punta de testimonios de personas que tienen un interés en salvar su propio pellejo, este funcionario haya sido condenado.
Se podrá decir que no había otros elementos de prueba para condenarlo. De ser así, entonces se estaría relevando a las autoridades persecutoras del delito de su deber de integrar debidamente una investigación criminal. Decía Luis Jiménez de Asúa, el connotado jurista español que era mejor un criminal en la calle que un inocente en la cárcel.
Ahora bien, García Luna ya fue condenado en Estados Unidos, el país que tantas veces le dio reconocimientos y en el que residía desde que dejó el gobierno en 2012. Sería interesante que esto no terminara ahí y se continuaran las investigaciones.
Las reacciones por el veredicto contra García Luna no se hicieron esperar. Por un lado, los apologistas del gobierno celebran y aplauden que García Luna esté preso en Estados Unidos y que haya sido condenado. Sin embargo, esta postura es un tanto hipócrita por parte de la feligresía del obradorismo. En el mismo juicio se vinculó a funcionarios cercanos al presidente López Obrador de haber estar coludidos en el mismo esquema de protección brindada a las organizaciones criminales.
Sin embargo a pesar de esto, los obradoristas son selectivos en cuanto a qué les conviene y qué no para su narrativa. No cuestionan el proceso contra García Luna y le creen a los testigos, a menos que dichos testigos digan que también el obradorato está vinculado al narcotráfico. En otras palabras, creerán y celebrarán todo lo que se diga de García Luna a menos que les perjudique.
La postura del oficialismo y su secta es un tanto ingenua. Si García Luna fue detenido y procesado en Estados Unidos es porque en México, a pesar de que la “mafia del poder” salió del gobierno hace cuatro años, no fueron capaces de integrar una investigación en contra de García Luna.
Por otro lado, culpan a Felipe Calderón y a García Luna de la violencia en México. Irónicamente, aun con un secretario de Seguridad Pública corrupto como lo era García Luna, los índices de violencia eran mucho menores en épocas de Calderón que en épocas de López Obrador. Por ello, los obradoristas quizá ni deberían tocar ese tema, pues por muy impolutos que sean (que no es el caso, como ha quedado demostrado) la realidad es que en materia de seguridad están peor que Calderón.
Igualmente, el PAN salió inmediatamente a desmarcarse de García Luna. Sostienen que nunca fue miembro de Acción Nacional. Esta es una medida irrisoria, toda vez que, aunque no fuera un integrante formal del PAN, fue Felipe Calderón quien lo nombró y sostuvo los seis años a pesar de las señales de colusión criminal de García Luna.
Las consecuencias de este veredicto son malas no únicamente para Calderón, sino para el Estado mexicano en su conjunto. Se genera un precedente de que las autoridades mexicanas no son confiables para colaborar con ellas, por lo que los trabajos de inteligencia binacional pueden verse comprometidos a partir de esto. Si a eso le agregamos la liberación intencional de Ovidio Guzmán en su momento, y la insistencia de López Obrador de traer a El Chapo Guzmán a una prisión en México, estamos frente a una cloaca recién abierta y en la cual muchos pueden salir manchados.
Desde una perspectiva electoral, es evidente que esto vendrá a incidir en los procesos comiciales de 2023 y 2024. El obradorismo, impoluto como se asume a sí mismo, va a cacarear todo el tiempo que Calderón y el PAN están coludidos con el crimen organizado. Esto a pesar de que existen elementos para presumir lo mismo de la actual administración y el crimen organizado, y de los evidentes vínculos de López Obrador con José Luis Abarca, uno de los responsables de la desaparición de los cuarenta y tres estudiantes de Ayotzinapa.
Es una pena que tengan que ser las autoridades norteamericanas quienes impartan justicia en temas que preponderantemente tuvieron lugar en México. Eso implica varias cosas. La primera, que no tenemos la capacidad de advertir estos riesgos para la seguridad nacional, pues García Luna no tenía ni una investigación abierta en México (igual que sucede actualmente con Ovidio Guzmán).
La segunda es que es tal el grado de corrupción en México, que aquí no se procesa ni juzga esta clase de conductas, ni se tiene confianza en las autoridades. Tenemos el ejemplo del general Salvador Cienfuegos quien fuera secretario de la Defensa Nacional en épocas de Enrique Peña Nieto. Después de ser procesado en Estados Unidos, fue enviado a México para ser juzgado (por la presión de la cúpula militar a López Obrador). Llegando fue puesto en libertad y no fue juzgado.
Al margen de ello, hoy García Luna está preso, y la violencia en México sigue en aumento.