La trascendencia del acueducto El Sauz-encinillas
El pasado 18 de enero se publicó en El Diario una nota que puso la atención sobre las extracciones ilegales del vital líquido en el acueducto El Sauz-encinillas, “Denuncia JMAS 360 tomas clandestinas ante FGE”. Según la nota la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua (JMAS) ha interpuesto a partir de mayo de 2022 a la fecha un total de 360 denuncias por tomas de agua clandestinas ante la Fiscalía General del Estado (FGE). La fuente fue el director del organismo, Alan Falomir Sáenz. Como es obvio, esto reduce el caudal disponible para el sistema de potabilización y distribución a cargo de la JMAS.
Y por tanto, el que suscribe, infiere que: redunda en el demérito de la posibilidad de satisfacer la obligación constitucional del organismo descentralizado para proveer el líquido a los usuarios legales de la red con la calidad, suficiencia y oportunidad debidas, entre ellos, los hogares y establecimientos comerciales, industriales y de servicios.
No es la primera ocasión en que la JMAS toma providencias ante el robo (disposición de un bien público sin autorización) del recurso hidráulico destinado a la población y a las actividades económicas regulares en el área de competencia del organismo. El portal de Gobierno del Estado informo el 18 de junio de 2019 la siguiente nota: Presenta JMAS Chihuahua 12 nuevas denuncias por robo de agua potable. En texto de la nota se refieren las declaraciones del titular ejecutivo de la JMAS, afirmó: “Estas nuevas denuncias se suman a las tres interpuestas en días pasados por el mismo motivo, las cuales fueron debidamente clausuradas, como parte de las acciones emprendidas por la dependencia para combatir el robo del vital líquido”.
En aquel entonces, se responsabilizaba a ciertos grupos de abusar de la posibilidad de extraer de forma ilegal el recurso:” Comentó que el objetivo de la dependencia es recuperar caudales, por lo que con estas denuncias se busca garantizar que el agua potable sea exclusivamente para consumo humano, pues se piensa que el agua sustraída ilegalmente era destinada para uso agrícola y comercial”. Debemos precisar que: primero, las personas o las unidades económicas no sólo hacen uso de agua potable para fines consumo humano directo o familiar, o para actividades comerciales y agrícolas. Segundo, los “usuarios” ilegales utilizan para procesos productivos (incluyendo servicios) o para consumo humano directo domiciliario. Tercero, en aquella oportunidad la JMAS, el director ejecutivo externó que “pues se piensa que el agua sustraída ilegalmente era destinada para uso agrícola y comercial”. Caray, espero que las denuncias presentadas más recientemente no solo presuman, sino que se hayan formulado sobre hechos debidamente registrados o haya indicios objetivos.
Las denuncias reiteradas ante la FGE, por las razones que se quieran parecen no haber derivado en aplicación de sanciones ejemplares y dado pie a procesos judiciales. Y si rendieron frutos no generaron noticias en los medios. Conservo la expectativa de que ahora sí correrán los debidos procesos y nos enteremos públicamente, en su caso.
En las mismas declaraciones del director ejecutivo de la nota propalada por el Gobierno del Estado, se ofreció la primicia siguiente: “Ha sido posible detectar estas tomas ilegales, gracias a un sistema de monitoreo en tiempo real que el organismo operador instaló hace unos meses en este acueducto, el cual muestra los puntos donde se registra disminución en el flujo del líquido”. Cabe suponer que aún opera el sistema de monitoreo. Eso explicaría en parte, el número de tomas clandestinas identificadas, amén de que se pudieron auxiliar de inspecciones in situ mediante brigadas de personal de la JMAS.
Cuando los funcionarios de aquel pasado y de ahora hablan de Acueducto El Sauz-encinillas, no pueden referirse sino al área se competencia de la JMAS, esto es, el territorio donde se asienta la red de agua potable bajo jurisdicción de la JMAS. Aunque el instrumento de conducción haya sido construido con fondos federales, siempre a conducido aguas subterráneas concesionadas del Acuífero El Sauz-encinillas, con el propósito de servir para proveer las necesidades “domésticas” del vital líquido en el Municipio de Chihuahua. Sin embargo, el acuífero sirve también a actividades agrícolas con concesiones de extracción. Esto ha ocasionado un déficit continuo entre la capacidad de realimentación de los mantos freáticos y la extracción que se estima en el doble de recuperación.
Por la misma razón, aun cuando se reduzca la extracción del recurso para fines agrícolas, las posibilidades de extracción para alimentar las necesidades de la red municipal tienen un horizonte cercano. La JMAS, tiene la necesidad estratégica de identificar otras fuentes para atender una demanda creciente de la población como usuario doméstico y de otras actividades que le dan sustento, y soportan el porvenir.
De ahí, la racionalización de los usos del agua (y no me refiero a los inútiles tandeos), entre ellos la capacidad de procesamiento de las aguas servidas y su recanalización para algunos usos que no requieren aguas potabilizada para consumo humano; la inyección de aguas tratadas a los mantos freáticos, fomento de una cultura del agua que permita la participación consciente de los usuarios para evitar el desperdicio del recurso, y atajar radicalmente a los extractores del agua que traslada el Acueducto y las líneas de distribución de la JMAS, pasando por reconstruir aquellas que lo ameriten.
Por definición constitucional, le corresponde al “poder municipal” cumplir con el mandato constitucional de proveer a la población de servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales de manera continua y de calidad, teniendo como eje fundamental el derecho humano al agua. Sin embargo, en nuestra entidad, no ocurre así. Este mayúsculo reto aparentemente le corresponde enfrentarlo operativamente la JMAS, que tiene carácter de organismo descentralizado de otro organismo descentralizado, la Junta Central de Aguas y Saneamiento, que está inscrito en el marco del Poder Ejecutivo del Estado. Por consiguiente, el reto lo tiene, en última y primera instancias, el Gobierno del Estado.