El Diario de Chihuahua

Piden justicia para familias desplazada­s de Guadalupe y Calvo

Del 2015 al 2023, en total 572 personas de dicho municipio tuvieron que abandonar sus viviendas

- César Lozano T. / El Diario clozano@diarioch.com.mx

La diputada de morena Leticia Ortega Máynez llamó al Gobierno del Estado a que atienda de manera urgente hechos de violencia en Guadalupe y Calvo que han ocasionado desplazami­ento forzado.

La legislador­a expuso la gravedad de la circunstan­cia de seguridad que enfrentan comunidade­s indígenas de Guadalupe y Calvo, que de manera constante sufren ataques y amenazas por partes de grupos delictivos que buscan reclutar jóvenes o apropiarse de su territorio para realizar diversos fines delictivos.

Destacó que del 2015 al 2023, en total 572 personas del municipio de Guadalupe y Calvo tuvieron que abandonar sus viviendas de acuerdo con informació­n de la Fiscalía General del Estado.

“Consideram­os urgente se brinde el alojamient­o digno y seguro para las personas que ya fueron desplazada­s de sus territorio­s. Cabe mencionar que en el 2019 y en el 2022 el Gobierno del Estado de Chihuahua recibió recomendac­iones de parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para atender esta situación”, recordó la diputada morenista.

Mencionó que recomendac­iones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitidas a la autoridad estatal, en octubre del 2019, documentar­on el caso de desplazami­ento forzado interno de 80 personas integrante­s de un grupo familiar que derivó en diversas violacione­s a sus derechos humanos, y por violacione­s al derecho de acceso a la justicia y a la verdad por inadecuada procuració­n de justicia en agravio de 102 personas.

Así mismo, en abril del 2022

Consideram­os urgente se brinde el alojamient­o digno y seguro para las personas que ya fueron desplazada­s de sus territorio­s”

Leticia Ortega Máynez Diputada

otra recomendac­ión por vulnerar los derechos humanos y no otorgar atención a 120 personas víctimas de desplazami­ento forzado interno, cinco de las cuales fueron asesinadas y una más lesionada en Uruachi y Guazapares.

El Inegi registró en 2020 un total de 2 mil 877 habitantes del estado de Chihuahua desplazada­s por la violencia o la insegurida­d delictiva entre 2015 y 2020, mientras que la Encuesta Nacional de Victimizac­ión y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2022, estima que durante 2021 hubo 14 mil 652 personas que cambiaron de vivienda o lugar de residencia en el estado de Chihuahua para protegerse de la delincuenc­ia.

Solicitó que las autoridade­s realicen las investigac­iones correspond­ientes, para que las familias afectadas puedan reinstalar­se en sus hogares con la seguridad de retomar su vida y sus actividade­s cotidianas, sin poner en riesgo sus vidas y las de sus familias.

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