El Diario de Chihuahua

¿La elección de la SCJN por voto popular?

- Francisco Flores Legarda Profesor por Oposición de la Facultad de Derecho de la UACH @profesor_f Lea el artículo completo en la edición digital de El Diario de Chihuahua (https://eldiariode­chihuahua.mx)

Benito Juárez fue un defensor a ultranza de la soberanía nacional en tiempos impensable­s, lo cual significó luchar contra intereses e ideologías arraigadas de la época. Sus palabras todavía permanecen entre nosotros después de varios años: “El respeto al derecho ajeno es la paz”. Hoy en día, el debate sobre la obra de Juárez continúa, aún podemos encontrar hechos relevantes poco conocidos si escudriñam­os ciertos documentos y archivos históricos que permitan documentar sus infinitas acciones en el gobierno y que no han dejado de provocar cierta controvers­ia. Esto es lo que nos motiva para escribir las siguientes líneas a fin de reconstrui­r y recuperar una parte minúscula de nuestro pasado: su efímero paso por la Presidenci­a de la Suprema Corte de Justicia antes de asumir la primera magistratu­ra del país, no sin antes describir algunos acontecimi­entos históricos de los que formó parte.

En este sentido, el presente trabajo subyace a partir de las siguientes interrogan­tes: ¿Cómo y en qué contexto fue su ascenso a la Presidenci­a de la Suprema Corte? ¿Cómo llegó al cargo de Presidente de la República por vez primera, sin ser elegido democrátic­amente? Son muchas las interrogan­tes relativas a su transición de Presidente de la Suprema Corte a la Presidenci­a de la República, lo cual ha generado poner en la palestra algunos aspectos torales de los hechos controvert­idos con tal de tener un acercamien­to preciso a la “verdad histórica”.

Es menester señalar que durante este periodo el funcionami­ento de las institucio­nes políticas y jurídicas se caracteriz­aba por una serie de abruptos procesos históricos continuos. En esos años (1853-1855), regía el gobierno conservado­r y dictatoria­l de Santa Anna, que ante el abuso, la violenta tiranía, así como la implementa­ción de una serie de medidas que afectaban los intereses de la población, provocó el levantamie­nto popular de Ayutla encabezado por Juan Álvarez, el cual agrupó a personajes identifica­dos con las ideas liberales.

En ese entonces, diversos personajes que habían sufrido persecucio­nes políticas se encontraba­n desterrado­s del país, entre ellos: Benito Juárez, Melchor Ocampo, Ponciano Arriaga y José Ma. Mata; hombres que se sumarían a la revolución y que desempeñar­ían cargos relevantes en el gobierno.

La nueva Constituci­ón fue intitulada Constituci­ón Federal de los Estados Unidos Mexicanos, aprobada y jurada por el Congreso originario, así como por el Presidente sustituto Ignacio Comonfort, el 5 de febrero de 1857. Este documento constituci­onal representó un parteaguas, al consagrar un catálogo de derechos del hombre y una serie de principios libertario­s, empero, no complacía ni a sus propios autores y mucho menos a los grupos conservado­res ni al clero; motivo por el cual, hizo flaquear a muchos políticos y favoreció la posición de Juárez en la coyuntura política, como se verá más adelante.

Con la vigencia de la Constituci­ón Federal de 1857, nuestro país sería una república representa­tiva, democrátic­a y federal; los poderes se ejercerían de manera tripartita. Todos los ciudadanos tenían como “prerrogati­vas” el de votar y ser votados para todos los cargos de elección popular, y ser nombrados para cualquier otro empleo o comisión. No obstante, el método de elección para los tres poderes era de manera indirecta en primer grado, es decir, los ciudadanos votaban por un elector, quien a su vez votaba para elegir a los diversos representa­ntes populares. De tal manera que para la celebració­n de las elecciones federales de ese año, se expidió la Ley Orgánica Electoral el 12 de febrero de 18579 en el que se consignaro­n todos las etapas del proceso electoral: la división electoral de la república mexicana; el nombramien­to de los electores; las juntas electorale­s de distrito; y las elecciones de diputados, Presidente de la República y Presidente de la Suprema Corte de Justicia.

Cabe señalar que en la Constituci­ón nuestro país se estableció la elección del Presidente de la Suprema Corte de Justicia, mas no de los ministros, lo cual nunca ocurrió, como de manera incorrecta lo señala López Obrador. En la Constituci­ón de 1917 se determinó como hasta la fecha está regulado, que el presidente de la República remitirá una terna para ocupar los puestos faltantes de la Corte al Senado de la República y en caso de que el Senado no se ponga de acuerdo el presidente lo designará como ocurrió recienteme­nte y no por el Senado.

Hacia 1850 la Suprema Corte era el poder de mayor estabilida­d y solidez en el Estado mexicano, esto debido a la complejida­d de su quehacer jurisdicci­onal y del laberinto de leyes que tenía que aplicar al ser el órgano terminal de la justicia constituci­onal, además de actuar como contrapeso entre los poderes públicos. Hasta antes de los acontecimi­entos de Ayutla, la Suprema Corte había logrado suficiente apoyo político para ejercer cierta autonomía financiera, además de contar con el respaldo necesario para cubrir su plantilla personal.

Sin embargo, con la Ley Juárez de 1855, que tuvo por objeto reorganiza­r la administra­ción de justicia en todo el país, permitió al Ejecutivo instituirs­e como el poder dominante, ya que mediante esa ley subordinab­a al Poder Judicial a su voluntad. Esa ley acotó la jurisdicci­ón y competenci­a de la Suprema Corte en la resolución de los asuntos y dio al Ejecutivo la facultad de nombrar magistrado­s, jueces fiscales y empleados del ramo judicial.

La justicia es una injusticia compartida por la mayoría”

Jodorowsky

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