Los intentos por secuestrar a Maru
Pasó rápido la luna de miel para Maru Campos como primera gobernadora. No hace mucho, menos de año y medio, departía con el presidente Andrés Manuel López Obrador en sus giras por la entidad o era recibida en Palacio Nacional.
Hasta el casi candidato presidencial, Adán Augusto López, entonces secretario de Gobernación, llegó a venir a su primer informe, realizado hace casi un año.
En ese tiempo, Campos Galván no sólo era arropada por ese otro tabasqueño con el que compartió la causa de ponerle fin a la guerra por el agua, sino por la clase política morenista con cargos legislativos o ejecutivos, empeñados en dar muestra de civilidad, a la vez que acudían a dejarse ver por el alto mando de la 4T.
Hace un poco más, también, compartía actos públicos y reuniones con quien le peleó la gubernatura en 2021, Juan Carlos Loera de la Rosa, exsuperdelegado federal, ahora candidato al Senado, siempre renuente a una operación cicatriz, tal vez con el cálculo electoral por delante. Le darían más votos oponerse a lo que sea, que apostarle a intereses conjuntos de la entidad.
Algo pasó en este tramo de apenas 29 meses que llevó a la administración de López Obrador a alejarse de Chihuahua y de Maru. Y a ella la condujo a elevar su reclamo en público, en un momento en que la dejadez federal hacía de las suyas en otra de tantas crisis de inseguridad.
La gobernadora lo asentó con claridad en la entrevista que concedió a El Diario en la antesala de su segundo informe que rindió ayer en el Centro de Convenciones. El ahora secretario de Gobernación fue la clave de la separación y marginación no de la jefa del Ejecutivo, sino del Gobierno del Estado de Chihuahua.
En otra de tantas finísimas muestras de cómo la Federación ha sido incapaz de transformarse, de dejar de lado el centralismo y ceñirse a cumplir su papel constitucional, pasó del halago y la colaboración, a ignorar cualquier gestión estatal, sobre todo en materia de seguridad. Ya ni de simulada colaboración federal puede hablarse, menos de apoyos financieros o de otra índole, porque no todo es asunto de dinero, también de voluntad.
Los desplantes personalísimos pudieron más que las obligaciones legales, en el caso federal, por más señales estatales de paz, de voluntad para hacer equipo y llevar la relación con la debida estabilidad institucional que demanda la sociedad.
Una violenta fuga del Cereso, el asesinato de los sacerdotes de Cerocahui, las masacres que sirven de macabros mensajes entre criminales y los constantes picos de violencia que no pueden ser contenidos, son temas que han alterado la agenda de Maru Campos y su administración toda.
Es la seguridad el renglón que la tiene insatisfecha a casi dos años y medio de haber tomado las riendas del estado. Sí, es el talón de Aquiles de los gobiernos de Chihuahua en los últimos 20 años; es la constante sangrienta que no puede tomarse como rutinaria, habitual o normal, por más que haya quienes pretenden acostumbrar a la sociedad a un imperio del terror en el que se reparten abrazos a cambio de los balazos.
La lucha de los cárteles ha evolucionado a pugnas internas de los mismos, alternadas con cruentos enfrentamientos entre los rivales de siempre y ataques a las estructuras policiales municipales, estatales y federales, que a su vez mantienen altos niveles de infiltración criminal. Unos policías en un bando, unos leales a otro grupo y tantísimos más entre la espada y la pared, bajo la todavía vigente ley de plata o plomo.
A veces contenidos los grupos, a veces rebasadas todas las autoridades, pudo dar cuenta la gobernadora de una baja significativa en la incidencia de homicidios dolosos en relación a los registrados en 2021 y 2022, los que le corresponden a su periodo encaminado a la mitad.
Pero esa agenda impuesta por el crimen sigue implacable con levantones, desapariciones, secuestros, trata de personas, homicidios, tráfico de drogas y narcomenudeo, que a su vez derivan en otros tantos delitos con miles de víctimas.
Campos Galván ha tenido que enfrentar los altibajos de la actividad delincuencial con las habilidades de Roberto Fierro y César Jáuregui, sus dos titulares de la Fiscalía General en lo que va de la administración, y con Gilberto Loya en la Secretaría de Seguridad, sostenido pese a no pocos intentos de derribarlo.
No ha sido suficiente ese muro de contención ante los intentos del crimen, a veces exitosos, por secuestrar a la gobernadora y su agenda política, lo que se ha sumado a esa ausencia federal que sigue reacia a, por ejemplo, combatir el tráfico de armas que llenan de sangre al país o a fortalecer las capacidades de la Fiscalía General de la República, para que deje de hacerse la occisa con la investigación de la delincuencia organizada, factor que está detrás de ocho o nueve de cada 10 asesinatos que se cometen en la entidad.
En medio de una de sus primeras entrevistas como mandataria estatal, en noviembre de 2021, Campos alistaba su primer paquete de ingresos y gasto estatal.
Tenía poco más de dos meses en el cargo y sus preocupaciones eran otras, como limpiar el batidero que le heredó Javier Corral en las finanzas, puestas sobre una montaña de deuda, intereses y negocios del exgobernador y su secretario de Hacienda, el prófugo Arturo Fuentes Vélez. Fueron los de Corral y los de Duarte los 11 años más negros de la historia de Chihuahua, dijo ayer.
Había detectado la mano negra en el manejo de la brutal deuda que Corral Jurado hizo crecer con reestructuraciones ficticias -que costaban hasta 800 millones de pesos anuales más en pago de sobretasasy el uso de la tarjeta de crédito estatal que son los de corto plazo, hoy casi erradicados.
El ajuste al alza de los ingresos fue posible con algunas modificaciones en la recaudación y el voto de confianza del empresariado al que le subió la carga fiscal provisionalmente. Ha mantenido ese respaldo del sector productivo porque ha mostrado un mejor desempeño financiero de la entidad, de lo contrario no tendría ese aval.
Apretó también a los descentralizados, que eran una especie de entidades públicas fuera del estado; dichos organismos tenían, paradójicamente, secuestrado el 70 por ciento del presupuesto estatal. Por eso y las transas no alcanzaba para nada.
Fue ese orden en casa, como lo llamó, lo que le permitió transitar hasta acabar con el pretexto de que no hay dinero, no hay dinero, no hay dinero... ni para la inversión en obras ni para los municipios; vaya, ni para pagar la nómina pública que en el quinquenio del desastre era común su retraso mes a mes, quincena a quincena.
El reordenamiento financiero es quizá el mayor mérito de la gobernadora, sobre todo al haber comenzado desde su ascenso en septiembre de 2021 y reportar ahora una estabilidad luego de 11 años de maldición, como ella misma lo catalogó en su última entrevista de esta semana, antes de presentar el informe.
Transformar la fortaleza financiera en obras públicas, salud, educación, desarrollo social, infraestructura hidráulica y seguridad, es el gran reto para el segundo de tres tramos que tiene el sexenio de Campos Galván. Es complicado en un ambiente adverso en el que el crimen trata de marcar la agenda y el Gobierno federal ve en Chihuahua, en Maru específicamente, a uno de sus poco más de 10 enemigos que le quedan en el país, es decir los estados donde no ha podido ganar gubernaturas o mayorías legislativas.
Políticamente, hay un lujo que no puede darse la gobernadora: perder su mayoría en el Congreso del Estado, compuesta por PAN y PRI principalmente, la alianza impensable todavía hace dos lustros, pero que se materializó gracias a los radicalismos morenistas encarnados en López Obrador y sus fieles.
Los dos fuegos a los que se enfrenta -inseguridad generada por el crimen organizado y el claro boicot federal, que finalmente están ligados en cuanto a que son poderes que actúan de forma mafiosa- le presentan un escenario complicado.
Pero las adversidades, como las que enfrenta hoy, no le deben ser ajenas a Campos Galván. Ganó y refrendó la alcaldía capitalina en 2016 y 2018, con las apuestas en contra en ambos procesos; enfrentó a un poderoso Corral que quiso aplastarla y llevarla a prisión para impedirle competir en 2021.
Mantener su mayoría para transitar a la consolidación de su régimen, el primero de una mujer en la gubernatura, debe ser ahora su prioridad. Va de subida, pero, como ella dice, nunca se confía y siempre lucha hasta el final. Ni nos agachamos ni nos echamos para atrás, le agregó ayer.
Si logra la meta de mantener la composición de fuerzas del Legislativo o incluso incrementarla a su favor, no sólo podrá consolidar su sexenio, sino que le permitirá planear con soltura el año más importante de cualquier jefe del Ejecutivo: el séptimo, el que define su futuro y en el que comienza el juicio de la historia.