La Constitución y el Estado de Opinión
El día de mañana se celebra el 107 aniversario de la promulgación de nuestra Constitución. La Constitución es la voz suprema de la Patria. Es el documento que integra a una sociedad pluricultural como lo es la nuestra. En ella, la Constitución refleja el pacto social, garantiza derechos de los gobernados y restringe la actuación de la autoridad. Nuestra Constitución es prácticamente la narración histórica de México, plasmada en un documento. Cada una de sus disposiciones tiene un sustento histórico que le da vida.
Por ejemplo, el artículo 123 de la Constitución (el que habla de las relaciones laborales) encuentra su fundamento histórico en las históricas huelgas de Río Blanco, Veracruz y Cananea, Sonora. Eran tan deplorables las condiciones de los trabajadores en la época prerrevolucionaria, que evidenciaban una asimetría en las relaciones patrón-trabajador. Justamente para erradicar la explotación y la miseria, este artículo establece derechos laborales, acota la actuación del patrón, y garantiza seguridad social para los trabajadores.
Debemos recordar que en la época previa a la Revolución, México era un país de latifundistas. La tierra se concentraba en pocas manos. Los terratenientes eran verdaderos señores feudales que hacían lo que querían dentro de sus propiedades. Abusos, explotación, tiendas de raya, y varias otras formas de abuso cobraban vigencia en esta época. Era un tanto incongruente que, quien labraba la tierra y la trabajaba era quien menos recibía al cosecharse la producción. En este mismo sentido, el artículo 27 garantiza el reparto agrario.
Es decir, que todo aquel que quisiera podía obtener una parcela para poder producir alimentos, a través de la constitución del ejido. Este mismo artículo establece que los minerales que se encuentran en el subsuelo pertenecen a la Nación. Evidentemente, esto daría lugar a la expropiación petrolera que tuvo lugar años más tarde.
En pocas palabras, recorrer la Constitución es recorrer nuestra historia como país independiente. Los márgenes mediante los cuales debe actuar la autoridad están establecidos en la Constitución. Los derechos inalienables de cada ciudadano están reconocidos justamente en la Constitución. La división de poderes que garantiza evitar el abuso del poder, también se encuentra contenida en la Constitución.
Por ello, a más de cien años de su promulgación, hoy vemos con preocupación que el gobierno actual sea un violador consuetudinario de nuestra Carta Magna. Si bien México ha sido un país con altos grados de impunidad, no recuerdo un gobierno que haya vulnerado de forma tan sistemática y recurrente el régimen constitucional que nos rige. Ataques constantes al Poder Judicial de la Federación, a los organismos autónomos; críticas a la autoridad electoral, y a toda aquella autoridad que no se pliega a los deseos de un Presidente que se cree Monarca, es blanco de los arietes del autoritarismo, que utilizan los medios a su alcance para generar una animadversión respecto a aquellos que ejercen su función con dignidad y autonomía.
El libreto del Presidente está muy usado. Cuando quiere golpear a una autoridad ‘rebelde’ (entendiendo rebeldía ejercer la autonomía constitucional que tienen encargada) los acusa de corruptos, evidencia sus salarios, y dice que deben eliminarse, o votarse por el pueblo. El pueblo que no es experto en estos temas aplaude, y entonces empieza a minar la credibilidad de dichos organismos. Así lo hizo con el INE, con el INAI y con otros.
Curiosamente, una de las instituciones más opacas (y que tiene definida también su función en la Constitución) que es el Ejército, nunca es blanco de ataque del Ejecutivo, a pesar de existir corrupción en sus filas y opacidad en su rendición de cuentas. Esto obedece a dos razones fundamentales. La primera es que el Presidente les teme. En un país con un frágil Estado de Derecho, el Ejército pudiera tomar el poder en el momento que quisiera. La segunda es que los quiere tener de su lado para sus pretensiones dictatoriales.
Es incongruente que teniendo al Ejército de su lado, no los mande a combatir el crimen organizado (que cada vez tiene más fuerza en nuestro país). Y no lo hace porque sea respetuoso del marco constitucional, pues de cualquier manera el Ejército actúa al margen de éste, sino que prefiere no atender un problema grave.
El Presidente envió a Lenia Batres de avanzada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (irónicamente, sin consultarle a nadie, ni someterla a una consulta, ni nada) para empezar a dinamitar al Poder Judicial desde adentro. Sus participaciones en el órgano de control constitucional reflejan no solo que Lenia
Batres no tiene la capacidad de ser Ministra de la Corte, sino que ignora todo el marco constitucional y la función del órgano que integra.
El Presidente prepara una reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación. Como hemos dicho en varias ocasiones, los jueces no pueden ser representantes de nadie, por el riesgo de que prostituyan de esa forma la justicia.
López Obrador insiste en reformar la Constitución para que los jueces federales de todos los niveles sean electos mediante el voto popular. Me parece que solamente Bolivia tiene una figura similar en su judicatura.
A estas alturas la opinión pública conoce perfectamente que una reforma constitucional de ese tamaño no pasará en el Congreso. El oficialismo no tiene las dos terceras partes que se requieren para ese propósito. Quizá lo único que está buscando es seguir golpeando mediáticamente al Poder Judicial de la Federación, para eventualmente desconocer las resoluciones que en su momento emita, sean éstas de la Corte, o sean éstas del Tribunal Electoral.
Es una pena que quien protestó guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanan, sea el primero en violarla. En pocas palabras, López Obrador lo que está tratando de implementar es un “Estado de Opinión” tal como lo intentó Álvaro Uribe en Colombia.
El “Estado de Opinión” es una teoría populista en la cual los órganos del Estado actúan en función del sentir mayoritario, no del régimen constitucional establecido. Es decir, bajo el pretexto del “Estado de Opinión” las autoridades pudieran cometer las más graves arbitrariedades, siempre apelando a una masa amorfa e indeterminada como lo es “el pueblo” y su respectiva opinión.
Los más autoritarios dicen que el Estado de Opinión es la evolución del Estado de Derecho. Sin embargo, una autoridad que no está sometida al Estado de Derecho deviene en tiránica y arbitraria. Es importante que se señalen los excesos que comete el gobierno de López Obrador y que se concientice a la ciudadanía de esta actuación.
Bajo el Estado de Opinión, los derechos de cualquier ciudadano están en riesgo. A cualquier trabajador que demandara una reinstalación en su puesto de trabajo, o una indemnización, se le podría negar lo que las leyes le garantizan. Si alguien es detenido, bien pudiera ser la ciudadanía la que determinara su destino, sin someterse a las leyes. A nadie le gustaría estar en ese supuesto. En resumen, es la politización de la justicia.
En México no requerimos establecer un Estado de Opinión requerimos un Estado de Derecho. A más de cien años de la promulgación de la Constitución, las autoridades parecen no acatar lo que la misma mandata.