Van contra valeras
Suicidios, separación familiar, divorcios, pérdidas del patrimonio y de la paz mental producto del hostigamiento, son las consecuencias que enfrentan las distribuidoras de vales de compra que asumen las deudas que dejan los malos clientes ante las empresas que utilizan dicho esquema de ventas.
Así lo informó Perla Ivone Medrano Cuevas, activista de la organización Darían 413, quien informó que en Chihuahua existen alrededor de 130 mujeres que cargan deudas de 6 mil a 1 millón 800 mil pesos en vales de ropa, zapatos y otros artículos que facilitaron a terceros a través de vales
Medrano Cuevas advirtió que hasta la fecha han ocurrido 13 suicidios de afectadas por el endeudamiento que no han podido manejar la presión que reciben, de los cuales 8 han ocurrido en Chihuahua capital y 5 en Delicias, aunque no especificó el lapso.
“No están solas, nosotros las estamos apoyando y las que quieren ingresar como distribuidores, no se metan en esto porque van a perder su patrimonio y su paz mental, ante todo”, externó la activista.
Con el fin de procurar una regulación de tal actividad, así como evitar fraudes y desfalcos, el diputado de Morena, Benjamín Carrera, presentó una iniciativa ante el pleno del Congreso del Estado
Expuso que las personas denominadas “valeras”, adquieren la responsabilidad por los créditos que otorgan a terceras personas, quienes al final obtienen dinero en efectivo o mercancías, a través de las líneas de crédito que facilitan las promotoras de vales, quienes sirven de intermediarias con negocios que así estimulan la compra del usuario final.
Indicó que las y los distribuidores dependen de los pagos de terceros para hacer frente al adeudo ante las sociedades o entidades, y por lo regular caen en incumplimiento, motivo por el cual se vuelven objeto de una serie de artimañas y abusos, llegando a ser forzadas a solicitar incluso préstamos personales con las propias empresas para hacer frente a un adeudo que se vuelve impagable.
La problemática que generan las empresas valeras provocan prácticas de cobranza ilegal a las personas distribuidoras, incluso en sus domicilios particulares, con referencias y avales de los títulos de crédito, donde ejercen violencia física y verbal, y exigen sean dichos distribuidores de vales quienes paguen el adeudo de los terceros.