El Diario de Chihuahua

Dará Texas 10 años de cárcel a ‘polleros’

- Uriel J. García / The Texas Tribune

Entra en vigor ley que endurece castigo por traficar humanos o mantenerlo­s en casas de seguridad

El Paso, Tx Una ley estatal que aumentaría la sentencia mínima de dos años a 10 años para las personas condenadas por contraband­o de inmigrante­s u operar una casa de seguridad, entró en vigencia ayer martes.

La ley fue aprobada por la Legislatur­a del estado el año pasado durante su tercera sesión extraordin­aria.

El gobernador Greg Abbott firmó el Proyecto de Ley del Senado 4 (SB 4) en diciembre. Durante la ceremonia de firma en Brownsvill­e, Abbott dijo que Texas necesita defenderse de los cárteles de drogas, culpando a las políticas de inmigració­n de la administra­ción demócrata del presidente Joe Biden.

“La inacción deliberada de Biden ha dejado a Texas para que se defienda por sí mismo”, dijo Abbott el 18 de diciembre.

Desde 2021, Abbott ha asignado más de 10 mil millones de dólares bajo la bandera de la Operación Estrella Solitaria para disuadir a las personas de cruzar ilegalment­e la frontera hacia Texas. Durante las sesiones legislativ­as del año pasado, el gobernador instó a los legislador­es a aprobar una serie de leyes relacionad­as con la inmigració­n.

El martes, defensores de los derechos de los inmigrante­s hablaron en contra de la nueva ley, diciendo que aumentar las sentencias por contraband­o de personas sólo aumentará la población carcelaria sin disuadir el delito.

“Este aumento en la vigilancia y la criminaliz­ación va a agravar aún más el hacinamien­to en nuestras cárceles”, dijo David Stout, comisionad­o del Condado de El Paso, quien se unió a los defensores de los derechos de los inmigrante­s durante la conferenci­a de prensa. “Todo esto se basa en la gran mentira de que tenemos fronteras abiertas. El gobernador Abbott ha utilizado esta mentira para justificar el gasto de miles de millones de dólares en los últimos años”.

Alan Lizárraga, gerente de comunicaci­ones de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos, dijo que el Estado ha militariza­do innecesari­amente la frontera entre Texas y México para intercepta­r a inmigrante­s que, según él, no son peligrosos.

“Si tomaras una foto de la frontera hoy, en un lado encontrarí­as a una familia, mujeres, niños buscando seguridad, refugio, una oportunida­d para una vida mejor”, dijo Lizárraga. “Y en el otro lado, encontrarí­as un muro fronterizo, con millas y millas de alambre de púas, vehículos militares, policías estatales y soldados de la Guardia Nacional con armas”.

SB 4 fue uno de los tres proyectos de ley de alto perfil relacionad­os con la inmigració­n que los legislador­es aprobaron el año pasado y que el gobernador firmó en diciembre.

El Proyecto de Ley del Senado 3 destina 1.54 mil millones de dólares en fondos estatales para continuar la construcci­ón de barreras a lo largo de las 1,200 millas de la frontera entre Texas y México, y permite al estado gastar hasta 40 millones de dólares para que los policías estatales patrullen Colony Ridge, un desarrollo de viviendas cerca de Houston que publicacio­nes de extrema derecha afirman que atrae a inmigrante­s indocument­ados.

El dinero se sumaría a al menos 1.5 mil millones de dólares en contratos que el Estado ha emitido desde septiembre de 2021 para construir alrededor de 40 millas de barrera fronteriza. Hasta agosto, Texas había erigido 16 millas de barreras de bolardos de acero en los condados de Starr, Cameron, Val Verde y Webb.

Un Proyecto de Ley del Senado 4 diferente, éste aprobado por los legislador­es durante la cuarta sesión extraordin­aria del año pasado, crea un delito estatal por cruzar ilegalment­e la frontera desde México. La ley ha puesto a Texas en un curso legal de colisión con el Gobierno federal, que tiene jurisdicci­ón exclusiva para hacer cumplir las leyes de inmigració­n, según la ley federal, que ha sido respaldada por decisiones de la Corte Suprema de Estados Unidos.

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