Obtuvo OIC sentencias inéditas de inhabilitación de funcionarios
- En la presente administración se han llevado a cabo 350 investigaciones
El Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Función Pública obtuvo dos sentencias inéditas para la inhabilitación de funcionarios públicos por hasta 7 años y 3 meses respectivamente de las más de 350 investigaciones que se llevaron a cabo en la presente administración, informó su titular Juan Miguel Ortega, quien señaló que aún no se pueden dar mayores datos debido a la interposición de recursos de amparos.
Así lo señaló Ortega el día de ayer como parte de un informe de actividades del 2023. En este periodo abundó que se radicaron 346 expedientes de investigaciones y se emitieron 170 Informes de Presuntas Responsabilidades Administrativas (IPRAS), de estos, 142 corresponden a faltas graves y 28 a faltas no graves.
En los casos de faltas graves, solicitó la indemnización por un monto que supera los 804 millones 518 mil 159.51 pesos.
El funcionario reconoció que gracias a la creación de este órgano se atendieron casos de inactividad e impericia legal de los asuntos presentados dentro de subsecretrías y direcciones. Al no contarse con el OIC, explicó que en la pasada administración existía un elemento de discreción, se discernían los asuntos a tratar y los que no, consideró. Fue al recibir las actas de entrega recepción que pudo iniciarse las investigaciones para posteriormente enviar 220 de estos asuntos al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.
Ortega señaló que existen 100 asuntos por abuso de funciones. También en materia de obstrucción de justicia. Destacó además que de estas investigaciones se emitieron dos sentencias, la más destacada por inhabilitación de siete años, sin embargo omitió dar detalles del caso debido a que, dijo, se encuentra “subjudice”, luego de que las sentencias fueran apeladas con recursos de amparo y se espera la resolución de los mismos.
Además se han presentado 6 denuncias de hechos ante la Fiscalía General del Estado y 4 la Fiscalía Anticorrupción del Estado, como parte de los esfuerzos por garantizar la transparencia y la integridad en la función pública.