Celebrar el aniversario de la Constitución protegiendo su legado

El 5 de febrero de 1917, el entonces Encargado del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos Mexicanos, Venustiano Carranza –en su calidad de primer jefe del ejército Constitucionalista– comunicaba a la Nación por medio de un decreto, una profunda reforma a la Constitución de 1857.

Dicha reforma ocurría en medio de un oscuro período de nuestra historia como país, un período en el que las voces a lo largo y ancho del territorio mexicano, se alzaron para expresar el ferviente deseo de nuestro pueblo a gozar de las garantías mínimas de libertad e igualdad que las naciones modernas del mundo gozaban.

Nuestra Constitución es una obra maestra del consenso, el diálogo y las altas miras. A veces, la distancia temporal hace complicada la apreciación del gran logro que representó la redacción puntual de la voluntad de un pueblo tan grande y diverso como lo es el pueblo mexicano. Pero desde hace 107 años, México contribuyó enormemente al progreso del Constitucionalismo global con la redacción de nuestra Carta Magna.

La Constitución de 1917 es un hito histórico por dos razones: primero, porque logró reunir los ideales ilustrados modernos, al tiempo que los adaptó para las necesidades de nuestro país. Y segundo, porque dio un paso gigantezco en la esfera global, al instaurar al nivel de las garantías individuales las garantías sociales (tales como la protección laboral y agraria, así como el derecho a la educación).

Creo que en nuestros días, todos estamos de acuerdo en que el bien común de toda la sociedad debe seguir formando parte de nuestra constitución. Los principios de solidaridad y subsidiariedad deben mantener su ímpetu a través de nuestras leyes, y todo esfuerzo genuinamente emprendido en ese sentido, debe ser apoyado.

Sin embargo, en nuestro tiempo estamos asistiendo a un escenario complejo en materia legislativa. El famoso filósofo ilustrado Imannuel Kant, decía que una constitución puede ser republicana o despótica. “El ‘republicanismo’ es el principio político de la separación del poder ejecutivo del poder legislativo; el despotismo es la ejecución del gobierno por medio de leyes que el propio gobernante ha dado; es, pues, la voluntad pública manejada y aplicada por el regente como voluntad privada”.

Esa distinción fue el fundamento que le dio definición al Estado moderno. El gobernante, sea quien sea, no puede monopolizar la legislación. La constitución tiene la tarea de representar la voluntad pública, y si la persona que representa al gobierno, concentra también la capacidad de legislar sin contrapeso alguno, corremos el riesgo de que surja una nueva expresión de despotismo, como tantas que han habido en la historia.

Si para mejorar como país hemos de revisar la manera en que se configuran nuestras cámaras, ¡hagámoslo! Pero tomemos en cuenta el delicado equilibrio que representa nuestro poder legislativo, y el peligro que se cierne sobre la Nación mexicana en caso de alterar dicho equilibrio.

Por otra parte, este mismo principio aplica para el Poder Judicial. Su autonomía e independencia del Ejecutivo es un garante democrático. Son muchas las ocasiones en que hemos atestiguado cómo los jueces y magistrados equilibran la balanza –protegiendo la letra de la Constitución– cuando el poder mismo se extralimita en sus funciones.

También fue desde 1917, cuando México asentó en letra dorada el derecho a la libertad civil; derecho que no puede ser transgredido sin haber atravesado el debido proceso judicial. Desde entonces, nuestro país ha aportado importantes avances a la ciencia jurídica (por ejemplo, la figura del amparo) para proteger esta garantía individual; garantía que sería imposible sin un Poder Judicial auténticamente autónomo.

De ahí la importancia del concepto de autonomía. Actualmente, se quiere asociar esta palabra con algo negativo, como si ser autónomo significara “estar separado del pueblo”. Pero justamente, ahora que celebramos el aniversario de la Carta Magna, debemos recordar que la separación de poderes no representa una coartada a la libertad y la democracia, sino que representa su fundamento.

Estoy convencida de que hay mucho por hacer en materia legislativa para arreglar las fallas de nuestro frágil Estado de Derecho. Pero también, estoy convencida de que atacar la separación de poderes y a la autonomía de instituciones no es el camino a una República más libre; más bien, es el camino a un despotismo ya superado hace más de 100 años.

La Constitución de 1917 es un hito histórico por dos razones: primero, porque logró reunir los ideales ilustrados modernos, al tiempo que los adaptó para las necesidades de nuestro país”