Informes: propósitos y metas; inseguridad: realidad y destino
El pasado jueves, la presidenta del Poder Judicial Myriam Hernández Acosta, rindió su segundo informe de actividades al frente del Tribunal Superior de Justicia, y días antes, en esta misma semana, la titular del Poder Ejecutivo Estatal Maru Campos, de frente a la ciudadanía, dio cuenta del estado que guarda la administración pública a su cargo.
Los temas de seguridad, salud, educación, procuración y administración de justicia son los pilares del actual gobierno y representan las prioridades de esta administración, que, a pesar de canalizar una gran parte de los recursos públicos para su fortalecimiento, todavía no se cumple con el propósito de generar la confianza ciudadana y la certidumbre de que vamos en el camino correcto.
Los programas institucionales que se operan a lo largo y ancho de todo el territorio estatal, cuentan con el permanente ejercicio de evaluación, lo que permite medir su efectividad, pero también su inoperancia en espacios donde la delincuencia ejerce acciones de control de rutas, y a veces hasta de gobierno, a pesar de los enormes esfuerzos que se realizan, por parte de las autoridades estatales.
El problema sigue siendo el mismo, la falta de voluntad del gobierno federal para cumplir con su gran responsabilidad de presentar un frente común con las autoridades de los estados, para combatir al crimen organizado, que prácticamente se ha apoderado de regiones completas en todo el país; la coordinación con la Guardia Nacional, incluso con el Ejército, se limita al recuento de daños y al conteo de los hechos delictivos, pero nada de acciones que incidan sobre el cerrar las rutas de abastecimiento de recursos económicos con los que cuentan para operar, a pesar de tener una Unidad de Investigación Financiera, como tampoco el uso de inteligencia para detener a los líderes criminales mediante operativos especiales.
El sistema Pegaso, se está utilizando para espiar a periodistas y políticos y no para detectar los movimientos financieros y operativos de las bandas del crimen, que además de contar con recursos económicos extraordinarios, adquieren armamento igual o mejor que el que utilizan las fuerzas armadas del país.
El Ejercito obedece las órdenes del presidente, respecto de no implementar el uso de la fuerza para imponer el orden, mientras que los criminales empoderados, se ensañan contra la sociedad civil, que inútilmente esperan la reacción de su gobierno para devolver La Paz en sus pueblos.
Los esfuerzos que ha realizado el gobierno de Chihuahua, en materia de seguridad, se advierten importantes y de avanzada, pero hace falta más coordinación, más presencia y una mayor participación con el gobierno de la República para detener los crímenes, asaltos, secuestros y extorsiones, que inquietan e intranquilizan a toda la comunidad.
La procuración y administración de justicia en el estado, corresponden al Poder Ejecutivo y Judicial, y a pesar del enorme esfuerzo y trabajo permanente que se ha realizado, se advierte que no se han alcanzado los propósitos de coordinar conjuntamente sus labores; la fiscalía no logra mantener la permanencia de sus ministerios públicos, por los bajos salarios y mínimo de prestaciones, mientras que el Poder Judicial, al advertir deficiencias en las carpetas, continúa liberando a los presuntos responsables que les presentan.
La llamada telefónica entre un empresario poblano y Fernando Álvarez Monje, se deberá de explicar a detalle, antes de que se publiquen versiones distorsionadas que afecten la buena marcha de la administración estatal; lo que se evidencia, es la vocación empresarial de muchos de los funcionarios de gobierno, además de aspirantes a cargos de elección popular que ofertan contratos de gobierno a cambio de inversiones a campañas políticas.
Ojalá y los propósitos de coordinación y efectividad que escuchamos en estos informes puedan concretarse y hacer más efectivo el hacer un buen gobierno y darle a cada quien lo que en justicia le corresponde…ojalá.