Responsabilidad federal
Luego del violento ataque a Víctor Gutiérrez, conductor de la empresa Transportes Soto e Hijos, fallecido días después, y tras la muy justificada protesta de cientos de transportistas, que pusieron de cabeza a la principal vía de comunicación de la entidad, el gobierno estatal y los funcionarios federales celebraron distintas reuniones que llevaron a la suspensión del bloqueo de la carretera Chihuahua-juárez.
Pero las causas, en caso de que se hubiese llegado a los acuerdos necesarios para preservar la seguridad, no sólo de los transportistas, sino del conjunto de la ciudadanía que necesita el flujo normal de esta vía -y del total de las existentes- y, también, a la plena normalidad necesaria en las carreteras de la entidad que, en 2023, se convirtió en la entidad exportadora No. 1 del país, no han sido abordadas, con la responsabilidad que debiesen invertir las autoridades federales.
Si bien para la generalidad de la población, cuando ocurren fenómenos como el ahora abordado, la responsabilidad es del “gobierno”, así, en general, deberá asentarse que la vigilancia de esa carretera es del gobierno federal y, dentro de éste, de la Guardia Nacional, que asumió las facultades y responsabilidades de la Policía Federal de Caminos federal, que el gobierno de AMLO desapareció.
Y, como en muchas otras cosas, al momento de señalarla como infestada de corrupción, decidió su desaparición, sin dar pie a un proceso -absolutamente necesario- que permitiera la asunción del nuevo cuerpo policíaco en esas tareas.
Aún sigue siendo un misterio el por qué la Guardia Nacional prácticamente está desaparecida de la vigilancia de las carreteras; son numerosos los relatos de los viajeros por esa carretera que dan cuenta de la ausencia de ese cuerpo policíaco-militar.
Ahora bien, como lo exigieron los transportistas en las reuniones, previas y posteriores, al asesinato de Víctor Gutiérrez, con las autoridades estatales y federales, es necesario instalar una serie de medidas que coadyuven a la seguridad en las carreteras, más allá de las relacionadas con los hechos violentos ahora relatados, para una vía de la importancia de ésta, con las condiciones de seguridad expresadas en distintas regulaciones de corte federal, etc.
Si alguna secuela positiva dejara el deceso del transportista, ésa debiese ser que, en conjunto, transportistas, industriales, ganaderos, comerciantes, agroproductores, gobernantes federales y estatales instrumenten lo necesario para evitar que las carreteras chihuahuenses caigan en manos de la delincuencia organizada, lo que sucede, casi en todos los casos, cuando algún nivel de autoridades -o integrantes de las dependencias de distinto tipo- se coluden y que han llevado a que numerosos tramos carreteros, como ocurre con muchas zonas del país, sean territorio de las bandas criminales.
Aspecto no menor, es la carencia, no sólo del más elemental espíritu crítico de muchos de los integrantes del morenismo, sino de congruencia política.
Si otra fuese su actitud podrían contribuir a la resolución de problemas como éste, que involucra a distintas dependencias federales.
Descuella en este aspecto la diputada juarense morenista, Rosana Díaz, quien, aún con vida el chofer baleado, se atrevió a exigir “al estado atender la situación de violencia”, pues, dijo, “a diario ocurren en Chihuahua desapariciones, feminicidios, delitos sexuales, homicidios, robos a comercios y a casa habitación, extorsiones y hoy en día en las carreteras de Chihuahua, asaltos a transportistas”. (Nota de César Lozano/ El Diario, 11/2/24).
Además, no de la equivocación de la legisladora, sino del dolo usado para encubrir la irresponsabilidad del gobierno federal, y luego del bloqueo, durante 21 horas, de la carretera -lo que acarreó pérdidas del orden de los 3 mil millones de pesos, de acuerdo con Index Chihuahua, (según declaró a Aserto Radio, su coordinador de Comercio internacional en la capital chihuahuense, Manuel Carrasco)- ninguno de los diputados federales, ni de los senadores, morenistas de la entidad, emitieron alguna opinión pública, ni informaron de alguna gestión efectuada con motivo de estos hechos.
La situación se ha agravado aún más, pues hasta la fecha, la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha detenido a los presuntos responsables, ni ha informado sobre el móvil de la agresión que dejó al afectado con muerte cerebral, además de que la compañía para la que trabajaba el conductor del tráiler se “negó dar una respuesta sobre su negativa inicial a entregar los videos captados por cámaras de su propiedad en la unidad que conducía la víctima”. (Nota de redacción, El Diario, 13/2/24).
Y es que la FGE informó haber descartado se tratara de un robo o un asalto.
Según fuentes extraoficiales, la víctima del atentado “… descendió de su unidad en el lugar conocido como “El Algodón” para entregar una mochila a los tripulantes de una camioneta RAM blanca que lo seguía y fue en ese momento que le dispararon”. (Ibídem).