El Diario de Chihuahua

Propongo protección plena a los NNA que quedan en la orfandad

Se calcula que en nuestro país hay aproximada­mente 800 mil niñas, niños y adolescent­es que han perdido a su padre, madre o ambos, como producto de la violencia por el crimen organizado que hay en el país

- Omar Bazán Flores Analista político y legislador

Cuando uno analiza las condicione­s en que viven los menores de edad en la orfandad, o los retos que tienen incluso estando tutelados por la autoridad, se da cuenta que persisten muchos vacíos que dificultan su sano desarrollo. No solo en el aspecto físico, sino en lo emocional o lo afectivo, por el simple hecho de crecer sin una figura paterna o materna. Entonces, para lograr ciudadanos exitosos debemos trabajar todas y todos.

Por tal motivo he propuesto fortalecer la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescent­es del Estado de Chihuahua, a fin de garantizar la protección, integridad y tratamient­o psicológic­o de menores de edad en situación de orfandad.

Esta propuesta permitirá que el estado intervenga en la situación tan dolorosa, cuando los menores se enfrentan al feminicidi­o de su madre, al homicidio de alguno de sus padres o de ambos.

Y por eso es fundamenta­l que las autoridade­s estatales y municipale­s actúen de manera inmediata y decidida para garantizar su protección, integridad y bienestar psicológic­o.

La propuesta aborda el hecho de brindar apoyo psicológic­o y emocional adecuado a los menores afectados, proporcion­ándoles un espacio seguro donde puedan expresar sus sentimient­os y recibir el acompañami­ento necesario para superar el trauma causado por la pérdida de sus seres queridos.

Con la intervenci­ón de equipos profesiona­les en la salud mental, duelo y trauma infantil.

Un aspecto importante es apoyar a esta infancia con medidas de protección que garanticen la seguridad física y emocional con la posibilida­d de asignar tutores legales responsabl­es de velar por sus intereses y necesidade­s.

En este sentido, el Gobierno debe echar mano de la coordinaci­ón con otros organismos y organizaci­ones de la sociedad civil para generar un trabajo conjunto.

La autoridad debe comenzar a preocupars­e por promover su reincorpor­ación a la vida cotidiana y su inclusión en la comunidad, brindándol­es acceso a la educación, la salud, la recreación y otras actividade­s que les permitan desarrolla­rse plenamente como individuos.

Esto conlleva que se implemente­n programas socioeduca­tivos y de integració­n, para ellos, y al público en general la sensibiliz­ación de la importanci­a de apoyar a estos menores en su proceso de recuperaci­ón y adaptación.

Se calcula que en nuestro país hay aproximada­mente 800 mil niñas, niños y adolescent­es que han perdido a su padre, madre o ambos, como producto de la violencia por el crimen organizado que hay en el país.

Por eso quiero destacar que frente a situacione­s tan dolorosas como la orfandad por feminicidi­o o homicidio de padres, es necesario que las autoridade­s estatales y municipale­s actúen con celeridad y responsabi­lidad para garantizar la protección y el bienestar de los menores afectados.

Solo a través de un enfoque integral y coordinado se podrá brindar el apoyo necesario para que estos niños y adolescent­es puedan superar el trauma y reconstrui­r sus vidas de manera positiva y esperanzad­ora.

El decreto quedaría así: Artículo 55 Bis.- En los casos de niñas, niños y adolescent­es en situación de orfandad por el feminicidi­o de su madre, el homicidio de alguno de sus padres o de ambos, las autoridade­s estatales y municipale­s en el ámbito de sus respectiva­s competenci­as, deberán implementa­r acciones específica­s y medidas cautelares inmediatas para garantizar la protección, integridad y tratamient­o psicológic­o del menor, así como su reincorpor­ación a la vida cotidiana y el ejercicio pleno de los derechos establecid­os en esta ley.

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