¿Podrá la autoridad electoral con el paquete?
En unos días, el primero de marzo para ser exacto, arrancarán formalmente las campañas para elegir a la primer mujer presidenta de nuestro país, en un proceso que por las vísperas se observa complejo y sin duda un gran reto para las autoridades electorales; es cierto que contamos con un marco normativo adecuado, pero si no se aplica la Ley se afectará la credibilidad de todo el sistema.
Violencia, intervencionismo presidencial, polarización y hasta la participación del crimen organizado son los principales retos a los que se enfrentaran candidatas, candidatos y claro autoridades electorales, en la elección más grande de la historia de nuestro país.
Hay que ser muy claro, aún no vemos con claridad la estrategia que tomarán los partidos pero no se espera nada pulcro, al contrario, lo peor de las campañas sucias están por llegar.
Hasta el momento, la autoridad electoral ha sido muy tibia: tenemos casi un año en campaña, desde que los actores políticos decidieron salir a las calles a buscar adeptos en campañas disfrazadas y donde se gastaron millones de pesos en espectaculares y el uso de redes sociales, pero como la Ley no se les permite, la autoridad nunca actuó.
De acuerdo a sus informes, Xóchitl Gálvez Ruiz, gastó 63 millones 171 mil pesos en 324 eventos, mientras que Claudia Sheinbaum Pardo, reportó un gasto de 38 millones 966 mil pesos; en 546 eventos… ¿usted lo cree?, la autoridad electoral sí, porque no existe en curso ninguna investigación del despilfarro del que todos fuimos testigos.
Para expertos electorales e investigadores, la contienda electoral se da entre viejos y nuevos retos, y el más preocupante es la intervención del presidente, en la figura de Andrés Manuel López Obrador.
Y es que en todo su mandato, el presidente no ha dejado de intervenir: en las campañas intermedias de 2021 así lo hizo como el principal promotor del ejercicio de revocación de mandato realizado unos meses antes.
Durante todo el año pasado se presentaron decenas de quejas en su contra, y la autoridad emitió de nuevo tibiamente seis medidas cautelares para ordenarle al presidente no intervenir en cuestiones electorales, no llamar al voto a favor de su partido y sus aspirantes y no hacerlo en contra de la oposición.
¿Cuál es la respuesta desde Palacio Nacional?, el famoso plan “C” para acotar las instituciones y dirigir la campaña rumbo a la renovación del Poder Legislativo.
Tampoco hay que asustarnos, la tentación del poder, del presidencialismo es intervenir, buscar perpetuarse en el poder a través de un sucesor, en este caso sucesora a modo, y de manera ilegal favorecer a sus candidatos y a su partido.
En el contexto social, la inseguridad será un actor preponderante en el proceso, que podría derivar en ataques a candidatas, candidatos o personajes políticamente relevantes en las entidades donde dos o más grupos delictivos se disputan el control territorial.
No es un secreto que el crimen organizado ha incrementado su participación en procesos electorales, y existen zonas con focos rojos en todo el país, donde lamentablemente Chihuahua no se escapa, es más, son los los principales puntos de atención por lo que la autoridad estatal debe tener mucho cuidado en que no se intente magnificar algún evento para manchar el proceso.
Si bien es cierto que la seguridad en las elecciones no es responsabilidad de las autoridades electorales, sino del poder ejecutivo de los tres órdenes de gobierno, es un problema que deben atender.
Para nuestra incipiente democracia, el mayor riesgo del proceso 2024 es que las autoridades electorales no logren que se cumpla la ley, que se vean rebasados por los partidos y políticos y que simplemente no existan límites.
Hay que repetirlo, Morena y los del Frente Amplio por México adelantaron las campañas con máscaras de procesos alternos, mucho antes de lo que marcan los tiempos del calendario electoral y las autoridades poco hicieron por detenerlos.
Desde luego que la excusa es que las leyes electorales no les permitían actuar, y los vacíos legales son alentados y utilizados por los mismos partidos, así que a nadie le interesa modificar la ley para evitar esto.
Y bueno, otro de los graves problemas es la creciente polarización fomentada por el inquilino del Palacio Nacional, que erosiona la débil democracia mexicana.
Esta polarización seguirá presente durante todo el proceso, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador continuará interviniendo en el proceso electoral, siendo el principal violador de la Ley, sin que nadie pueda hacer nada, porque desde esa tribuna de la “mañanera”, lo mismo increpa a sus adversarios políticos, periodistas que no publican lo que él quiere y hasta a ciudadanos que los etiqueta de “fifís” y “aspiracionistas”.
Desde este pequeño espacio demandamos una autoridad electoral fuerte, que siente las bases de un proceso electoral confiable, seguro y sobre todo limpio.