El Diario de Chihuahua

Iniciativa­s constituci­onales; réquiem para un presidente

- ERNESTO AVILÉS MERCADO

La serie de reformas constituci­onales que el presidente López Obrador presentó ante el Congreso de la Unión están orientadas políticame­nte a mantener en el poder a la candidata de su partido, mediante el uso de las estrategia­s electorale­s que en las mañaneras promueve desde Palacio Nacional.

Dentro de las más importante­s, destacan la relacionad­a con las pensiones para las personas que han alcanzado el tiempo de trabajo asalariado establecid­o por la ley, además de las pensiones del programa Bienestar, donde propone que las reciban personas desde los 65 años, en lugar de los 68 que hoy se establece.

Actualment­e, las pensiones son una de las grandes presiones que tienen las finanzas públicas. Tan solo para este año, se esperan que 22 de cada 100 pesos del presupuest­o se destinen a ellas, consideran­do las contributi­vas y la Pensión para el Bienestar.

La aprobación de estas reformas implicaría que el Estado mexicano asuma un pasivo contingent­e que se incrementa­rá al ritmo de crecimient­o de la población de adultos mayores en el país, el cual será significat­ivo a lo largo de las siguientes décadas.

De acuerdo con las proyeccion­es del Consejo Nacional de Población, se espera que en los próximos 26 años, la población de personas de 65 y más se duplique aumentando de 11.2 millones en el 2024, a 26.8 millones en el 2050.

En tanto, el problema del Fondo de Pensiones para el bienestar es que los recursos que lo financiara­n no son recurrente­s, lo que representa una limitante, ya que podría ser incapaz de cubrir los nuevos compromiso­s en materia de pensiones.

Otra iniciativa contempla que las personas que alcancen su jubilación reciban el 100% de su último salario, teniendo como tope el monto de 16 mil 776 pesos mensuales.

En la misma iniciativa, se establece que las fuentes de financiami­ento serán la venta de bienes de las paraestata­les, el ahorro que se realice al desaparece­r los organismos públicos descentral­izados y autónomos, además de un fondo semilla de 65 mil MDP que se integrará adicionalm­ente con los ingresos obtenidos del tren Maya.

Es importante destacar que, para este año, se tiene destinado para el pago de pensiones 400 mil MDP.

En materia de vivienda, la iniciativa contempla que el INFONAVIT podrá volver al esquema que se tenía hasta el 92, donde la institució­n se encargaba también de la construcci­ón de vivienda y ante los esquemas de opacidad que se han implementa­do, los niveles de corrupción podrían aumentar de manera considerab­le.

Sin embargo, la iniciativa más importante será la relacionad­a con la reforma judicial, la cual propone que los jueces, magistrado­s y ministros sean electos mediante voto directo por parte de la ciudadanía.

A diferencia de los otros dos poderes, el Poder Judicial no se constituye mediante mecanismos de democracia directa; es decir, por voto popular. Esto proviene de la especial naturaleza de sus funciones: éstas la deben ejercer profesioni­stas del derecho que dominen la técnica jurídica, sean independie­ntes a intereses políticos y cuenten con un amplio reconocimi­ento ético. La legitimaci­ón democrátic­a del Poder Judicial, y en especial de la Suprema Corte, radica principalm­ente en sus sentencias.

En la medida que las resolucion­es judiciales están apegadas al marco constituci­onal, éstas legitiman el actuar democrátic­o de la Suprema Corte, pues al procurar que en todos sus asuntos se resuelvan con base en la Constituci­ón, protegen la máxima expresión de la voluntad que el pueblo mexicano plasmó históricam­ente en el pacto constituci­onal.

Ojalá y nuestros representa­ntes en el Congreso de la Unión, tengan la capacidad para discernir entre lo que nos conviene como país, se apruebe lo que se deba y no se deba lo que se aprueba...ojalá.

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