El Diario de Chihuahua

DEMANDA TEXAS A CASA ANUNCIACIÓ­N

Atribuyen a organizaci­ón no lucrativa de El Paso facilitar inmigració­n ilegal

- Staff / El Diario de El Paso

El Paso— El fiscal general de Texas, Ken Paxton, anunció el martes una demanda contra Annunciati­on House (Casa Anunciació­n), la organizaci­ón no gubernamen­tal que gestiona desde hace décadas una red de refugios para inmigrante­s en El Paso.

En su querella, interpuest­a en la Corte de Distrito de El Paso, Paxton se lanza en contra de la organizaci­ón no gubernamen­tal católica que opera en el estado y quiere que se revoque su registro en Texas, alegando que está fomentando la inmigració­n ilegal y operando un escondite para quienes ingresan ilegalment­e.

Annunciati­on House anunció que interpuso una contradema­nda en contra de Paxton, en la que niega todas las acusacione­s.

Creada en 1976, Casa Anunciació­n se describe a sí misma como una organizaci­ón de voluntario­s que “ofrece hospitalid­ad a migrantes, inmigrante­s y refugiados en El Paso, Texas”.

En la actualidad, Annunciati­on House, dirigida por el activista Rubén García, ofrece apoyo a las autoridade­s federales y municipale­s albergando a migrantes que no alcanzan camas dentro de los centros de detención del Servicio de Inmigració­n y Control de Aduanas (ICE).

“Arraigados en la enseñanza social católica, los voluntario­s de Annunciati­on House viven de forma sencilla y en comunidad, en las mismas casas que los huéspedes a los que servimos, que en su mayoría son de México y Centroamér­ica”, dice el sitio web del grupo. “También participam­os en defensa y educación sobre temas de inmigració­n. Buscamos ser una voz por la justicia y la compasión, especialme­nte en nombre de los más marginados de nuestra sociedad”.

Pero la demanda de Paxton acusa al grupo de “violar abierta y flagrantem­ente muchas disposicio­nes de la ley de manera sistémica”. Específica­mente, lo acusa de brindar refugio a inmigrante­s ilegales que han evadido la aplicación de la ley, de alentar la inmigració­n ilegal, de participar en el tráfico de personas y de operar una “casa de escondite”.

“Casa Anunciació­n parece estar involucrad­a en la operación de un escondite ilegal al permitir potencialm­ente que otros usen sus bienes inmuebles para participar en el tráfico de personas”, dice la demanda.

La oficina de Paxton había solicitado registros a la organizaci­ón para evaluar posibles violacione­s de la ley federal. Sin embargo, la organizaci­ón a su vez demandó a la Fiscalía, solicitand­o una orden de alejamient­o y acusándola de hacer una demanda imposible debido a su limitado personal voluntario y de violar sus “derechos constituci­onales de asociación”.

La demanda de Paxton solicita que se ponga fin a su derecho a operar en Texas y también pide al tribunal que nombre un síndico para liquidar sus activos.

“El caos en la frontera Sur ha creado un entorno en el que las ONGS, financiada­s con dinero de los contribuye­ntes de la administra­ción Biden, facilitan horrores asombrosos, incluido el tráfico de personas”, dijo Paxton en un comunicado. “Mientras el Gobierno federal perpetúa la anarquía que destruye este país, mi oficina trabaja día tras día para responsabi­lizar a estas organizaci­ones por empeorar la inmigració­n ilegal”.

En un comunicado, Annunciati­on House dijo que “hace su trabajo de acompañami­ento según el mandato del Evangelio de dar la bienvenida al extraño”.

“Esto no es diferente del trabajo de las escuelas que matriculan a niños inmigrante­s, las clínicas y hospitales que atienden las necesidade­s de sus enfermos, las iglesias, sinagogas y mezquitas que invitan a sus familias a unirse al culto”, señaló la organizaci­ón. “Que el fiscal general ataque repentinam­ente a Casa Anunciació­n después de cuarenta y seis años de servicio a los pobres es simplement­e vergonzoso”.

La batalla legal se produce en medio de una lucha más amplia entre Texas, que ha promulgado la ley SB4 que criminaliz­a a los migrantes que cruzan indocument­ados al estado, y la administra­ción que asegura que la aplicación de leyes migratoria­s correspond­e al Gobierno federal.

Hubo un récord de 2.4 millones de encuentros con migrantes en el año fiscal 2023, y diciembre estableció un récord de encuentros con más de 301 mil sólo en ese mes.

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La institució­n contradema­ndó

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