Vivienda social en renta, ¿para bien, o para mal?
Ciudad Juárez.- Dentro de las reformas constitucionales propuestas por el Ejecutivo federal el pasado 5 de febrero, se incluyó una dirigida precisamente a la vivienda. No es la primera modificación a la política pública en materia habitacional que se hace en el marco de la presente administración, pues ya en 2020 se reformó la Ley del Infonavit en términos de otorgar créditos directos y sin intermediarios a los beneficiarios para darles la posibilidad de adquirir terrenos y con ello facilitar a autoproducción de vivienda. Posteriormente, en 2023 se hizo una segunda reforma dirigida a trabajadores independientes, trabajadoras del hogar y migrantes.
En el documento que sustenta a propuesta se esboza de manera general la evolución y el estado actual de la vivienda en México, estableciendo que, de acuerdo con el INEGI se tiene un déficit de 8.2 millones, el 23.3 por ciento respecto al número total de viviendas particulares habitadas. En este sentido, gracias a diversos estudios se tiene conocimiento de la dificultad que enfrentan los jóvenes incluyendo a los juarenses para adquirir vivienda, a grado tal que ellos mismos se hacen llamar “la generación sin casa”. Ellos, los jóvenes, comparten esta problemática con otros grupos de alto nivel de vulnerabilidad que no tienen acceso ni siquiera bajo la modalidad en renta, o batallan para tenerlo, ya sea por la inseguridad que les da no tener contrato y estar sujetos a los vaivenes del arrendatario, o bien, no ser del perfil que se considera “seguro”: entre ellos las personas solteras, pues se les considera menos estables, así como también las mujeres pues ellas tienen salarios más bajos.
Bien, pues dirigida a todos ellos la reforma que ahora se propone pretende convertir el sistema de financiamiento de viviendas que ahora administra Infonavit, en un Sistema de Vivienda para que, además de tener la posibilidad de obtener un crédito, se brinde acceso a la vivienda bajo la modalidad de arrendamiento; para ello, y este es también un cambio sustancial, se faculta al Infonavit “a participar en la construcción y ejercer todo tipo de acciones para fortalecer la oferta de vivienda que permita reducir el déficit señalado”, dotándole de herramientas para implementar la renta social de viviendas.
Así, de aprobarse la reforma, el Infonavit podrá diseñar y construir viviendas para que los trabajadores accedan a ella en renta social -la cual no será mayor del 30 por ciento de su salario- o en propiedad. Para ello deberá tener al menos un año de cotizaciones aunque se dará preferencia a los de mayor antigüedad y no cuenten con vivienda propia. Se tendrá opción a compra después de diez años de arrendarla.
Hay por ahí un párrafo que señala la implementación de un plan de eficiencia operativa para que el costo de cumplir con los objetivos no repercuta en los trabajadores que aportan al Infonavit, lo cual es importante en principio por dos razones: porque en el modelo de producción de vivienda que se manejó en los últimas dos décadas los costos de operación que tenían las empresas desarrolladoras de vivienda se sumaban al precio de la casa y, por supuesto, los paga el cliente, y porque esta propuesta implica que Infonavit deberá contar con nuevos departamentos de administración, diseño, construcción y planificación urbana, toda vez que la vivienda estructura -o desestructura, como en nuestro caso- la ciudad. También tendrá que manejar el escabroso tema de reserva de suelo urbano.
Este cambio en las facultades del Infonavit recuerda el tiempo en que recién fue creada: tenía todas ellas excepto, como lo señala su director, la de construir. Entre 1972 y 1992 Infonavit “no colocaba ni un ladrillo” pues contrataba empresas para ello: ahora el propio instituto lo hará. Es importante señalar que esta modalidad no elimina el construir vivienda para ser comprada, de hecho, se acaba de anunciar el aumento en los financiamientos que el Infonavit otorga.
Considerando además que no siempre la propiedad de la vivienda es lo mejor, esta propuesta viene a atender una necesidad detectada desde hace mucho tiempo, la vivienda en renta: ciertamente muchos no desean amarrarse con una vivienda lejos de la familia, del trabajo y tener que lidiar eternamente con vecinos molestos.
De entrada no se ve mal, sin embargo este cambio radical apareja incertidumbres: ¿quiénes serán los nuevos actores y qué rol ostentarán? ¿Podrán los proyectos del gobierno dinamizar positivamente áreas deterioradas de las ciudades? ¿Cuidarán estar cerca de oficinas, hospitales, escuelas…? ¿Qué tan pertinentes serán los instrumentos que le permitirán operar? ¿Cómo se evitará su deterioro físico y social? Y entre otras tantas… ¿por qué se propone esta reforma al final de la administración federal, cuando ya se tiene tan poco tiempo para implementarla?