¿Quién controla las prisiones, el hampa o los guardias?
Las penitenciarías en lugar de combatir al crimen son refugio y centros de reclutamiento que impulsan un aumento de la violencia
La cárcel funciona como un espacio para reclutar mano de obra… y para fidelizar a su fuerza de trabajo criminal”
Jacqueline Muniz
Exjefa de seguridad de Río de Janeiro
Nueva York— El ejército ecuatoriano fue enviado a tomar el control de las prisiones del país el mes pasado, tras la fuga de dos importantes líderes de bandas y el rápido estallido de una revuelta nacional.
En Brasil, la semana pasada, dos reclusos vinculados a una importante banda se convirtieron en los primeros en fugarse de una de las cinco prisiones federales de máxima seguridad de esa nación, según informaron las autoridades.
Mientras que en Colombia han declarado estado de emergencia en sus prisiones tras la muerte de dos guardias y el ataque a varios más en lo que el gobierno considera una represalia por su ofensiva contra los principales grupos delictivos.
En las prisiones de toda América Latina, los grupos delictivos ejercen una autoridad indiscutible sobre los presos y les sacan dinero para comprar protección o artículos de primera necesidad, como alimentos.
Las prisiones actúan también como una especie de refugio seguro para que los líderes criminales encarcelados dirijan a distancia sus empresas delictivas en el exterior, ordenando asesinatos, orquestando el contrabando de drogas a Estados Unidos y Europa, dirigiendo secuestros y extorsiones a empresas locales.
‘Ahí es donde dan las órdenes’
Cuando las autoridades intentan restringir el poder que los grupos delictivos ejercen entre rejas, sus líderes suelen desplegar a miembros en el exterior para hacerles frente.
“El principal centro de gravedad, el nexo de control del crimen organizado, está dentro de los recintos carcelarios”, dijo Mario Pazmiño, coronel retirado, exdirector de Inteligencia del Ejército de Ecuador y analista en temas de seguridad.
“Ahí es donde están digamos los puestos de dirección, los puestos de mando”, añadió. “Es donde dan las órdenes y las dispensas para que las bandas aterroricen al país”.
La población carcelaria de América Latina se ha disparado en las dos últimas décadas, impulsada por medidas más estrictas contra la delincuencia, como las detenciones preventivas, pero los gobiernos de toda la región no han gastado lo suficiente para hacer frente al aumento y, en cambio, han cedido a menudo el control a los reclusos, dicen los expertos en sistemas penales.
Los reclusos suelen tener una única opción: unirse a una banda o enfrentarse a su ira.
Como resultado, las prisiones se han convertido en centros de reclutamiento cruciales para los cárteles y las bandas más grandes y violentas de América Latina, reforzando su control sobre la sociedad en lugar de debilitarlo.
Los funcionarios de prisiones, insuficientemente financiados, superados en número, abrumados y a menudo sobornados, han cedido en gran medida ante los líderes de las bandas en muchas prisiones a cambio de una frágil paz.
Cómo funciona
Los grupos delictivos controlan total o parcialmente más de la mitad de las 285 prisiones de México, según los expertos, mientras que en Brasil el gobierno suele dividir los centros penitenciarios en función de la afiliación a las bandas, en un intento de evitar disturbios. En Ecuador, los expertos afirman que la mayoría de las 36 prisiones del país están bajo cierto grado de control de las bandas.
“La banda está resolviendo un problema para el gobierno”, afirma Benjamin Lessing, profesor de ciencias políticas de la Universidad de Chicago que estudia las bandas y las prisiones latinoamericanas. “Esto da a la pandilla un tipo de poder que es realmente difícil de medir, pero también es difícil de sobreestimar”.
La población carcelaria de América Latina aumentó un 76 por ciento entre 2010 y 2020, según el Banco Interamericano de Desarrollo, superando con creces el aumento del 10 por ciento de la población de la región durante el mismo período.
Muchos países han impuesto políticas de orden público más duras, que incluyen penas más largas y más condenas por delitos menores relacionados con las drogas, lo que ha llevado a la mayoría de los centros penitenciarios de la región a superar su capacidad máxima.
Al mismo tiempo, los gobiernos han dado prioridad a la inversión en sus fuerzas de seguridad como forma de reprimir la delincuencia y mostrar sus músculos a la opinión pública, en lugar de gastar en prisiones, que son menos visibles.
Invierten poco
Brasil y México, los países más grandes de América Latina y con la mayor población reclusa de la región, invierten poco en prisiones: El gobierno de Brasil gasta unos 14 dólares diarios por preso, mientras que México gasta unos 20 dólares. Estados Unidos gastó unos 117 dólares por preso cada día de 2022. Los guardias de prisiones en América Latina también ganan salarios magros, lo que los hace susceptibles a los sobornos de las bandas para introducir contrabando o ayudar a escapar a detenidos de alto perfil.
Los funcionarios federales de Brasil y Ecuador no respondieron a las solicitudes de comentarios, mientras que los de México se negaron a hacerlo. En general, las prisiones federales de México y Brasil están mejor financiadas y gozan de mejores condiciones que sus prisiones estatales.
El estado de Río de Janeiro, que gestiona algunas de las prisiones más tristemente célebres de Brasil, afirmó en un comunicado que lleva décadas separando a los reclusos por su pertenencia a una banda “para garantizar su seguridad física”, y que esta práctica está permitida por la legislación brasileña.
Para subrayar el poder de las bandas carcelarias, algunos líderes de grupos delictivos viven relativamente cómodos entre rejas, dirigiendo supermercados, peleas de gallos y clubes nocturnos, y a veces introduciendo a sus familias para que vivan con ellos.
El estallido ecuatoriano
Según los expertos, las prisiones de Ecuador son un ejemplo paradigmático de los problemas que aquejan a los sistemas penitenciarios de América Latina y de lo difícil que puede resultar resolverlos.
Los disturbios de enero estallaron después de que el recién elegido presidente de Ecuador tomara medidas para reforzar la seguridad en las prisiones, tras una investigación del fiscal general que demostró cómo un líder de una banda encarcelado, enriquecido por el tráfico de cocaína, había corrompido a jueces, policías, guardias de prisiones e incluso al antiguo director del sistema penitenciario.
El presidente, Daniel Noboa, tenía previsto trasladar a varios líderes de bandas a un centro de máxima seguridad, lo que les dificultaría el funcionamiento de sus negocios ilícitos.
Pero esos planes se filtraron a los líderes de las bandas y uno de ellos desapareció de un extenso recinto penitenciario.
La búsqueda del líder dentro de la prisión desencadenó disturbios en todas las cárceles del país, con la fuga de decenas de reclusos, entre ellos el jefe de otra poderosa banda.
Las bandas también ordenaron a sus miembros atacar en el exterior, según los expertos. Secuestraron a agentes de policía, quemaron coches, activaron explosivos y se apoderaron brevemente de un importante canal de televisión.
Noboa respondió declarando un conflicto armado interno, autorizando a los militares a atacar a las bandas en las calles y asaltar las prisiones. Los reclusos de al menos una prisión fueron desnudados y sus pertenencias confiscadas y quemadas, según los militares y los vídeos difundidos en las redes sociales.
El ejemplo de Bukele
Las escenas recordaban a algunas de El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele declaró el estado de excepción en 2022 para hacer frente a la violencia de las bandas. Unas 75 mil personas han sido encarceladas, muchas de ellas sin el debido proceso, según grupos de derechos humanos.
El dos por ciento de los salvadoreños están encarcelados,
la proporción más alta de cualquier país del mundo, según el World Prison Brief, una base de datos compilada por Birkbeck, Universidad de Londres.
Las tácticas de Bukele han diezmado las bandas callejeras del país centroamericano, han revertido años de violencia atroz y han contribuido a impulsar su segundo mandato.
Pero los expertos afirman que se ha encarcelado a miles de personas inocentes.
El uso frecuente de la prisión preventiva en toda la región para combatir la delincuencia ha dejado a muchas personas languideciendo en la cárcel durante meses e incluso años a la espera de ser juzgadas, afirman grupos de derechos humanos. Esta práctica se ha cebado especialmente con los más pobres, que no pueden permitirse abogados y se enfrentan a un sistema judicial que parece una tortuga, con casos acumulados durante años.
En los primeros siete meses del estado de excepción en El Salvador, el 84 por ciento de todos los detenidos se encontraban en prisión preventiva y casi la mitad de la población reclusa de México sigue a la espera de juicio.
“Las cárceles pueden definirse como centros de explotación de los pobres”, afirma Elena Azaola, académica mexicana que lleva 30 años estudiando el sistema penitenciario del país.
“Algunos llevan 10 o 20 años encarcelados sin juicio”, añadió. “Muchos salen peor que cuando entraron”.
Alrededor del 40 por ciento de los presos de Brasil, Argentina, México y Chile son puestos en libertad sólo para ser encarcelados de nuevo. Aunque el índice de reincidencia es mucho mayor en Estados Unidos, en América Latina muchas personas encerradas por delitos menores, a veces no violentos, pasan a cometer delitos más graves, según los expertos, en gran parte porque los delincuentes de poca monta comparten las celdas con delincuentes más graves.