Piden disculpas a víctimas del Campo Algodonero
Ciudad Juárez.- Ayer, por segunda ocasión, el Estado Mexicano protagonizó un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y disculpa pública en cumplimiento al informe de fondo 288/21 del caso 13.377 Niñas Desaparecidas y Asesinadas en Ciudad Juárez según la resolución de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).
El escenario fue el Memorial del Campo Algodonero. Un espacio construido casi a la fuerza ante la primera sentencia que, a medias, cumple el Estado Mexicano, y donde ayer se reunieron decenas de personas que alzaron su voz para gritar “Ni Una Más”, consigna que está muy lejos de alcanzarse.
Ivonne Mendoza, directora de Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer (CEDIMAC), resumió años de lucha, de dolor, de frustración y rabia que vivieron las madres de Silvia Elena Rivera Morales, Brenda Berenice Delgado Rodríguez, María Sagrario González Flores, Olga Alicia Carrillo Pérez, María Elena Chávez Caldera y Cecilia Covarrubias Aguilar y su bebé Ibarra Covarrubias de 24 días de nacida.
“A este grupo de madres les debemos mucho como mujeres y como defensoras. No somos nosotras quienes tenemos que aceptar o no la disculpa del Estado mexicano, sin embargo, consideramos que es pertinente que se haya ofrecido, ya que el Estado además de no haber salvaguardado los derechos de las víctimas y de sus familias también ejerció violencia hacia Julia, Juanita, Paula, Ramona, Soledad e Irma, ofendió la memoria de sus hijas, las trató sin respeto, ni humanidad. Las humilló en muchas ocasiones”, aseguró ante los funcionarios menores que envió el gobierno federal.
Mendoza expuso que los agentes de la Fiscalía General del Estado fueron a casa de doña Ramona Morales para llevarla al Semefo a reconocer el cuerpo de su hija Silvia Elena y no permitieron que nadie la acompañara.
“Entró solita a la morgue y en el peor día de su vida cuando salió del Semefo, los agentes le dijeron que no podían regresarla a su casa y tuvo que pedir dinero en la calle para juntar para la rutera y poder regresar a su casa, después de haber visto los restos de su única hija”, dijo.
Destacó que a Irma Pérez nunca le creyeron cuando acusó a un hombre de la desaparición de su hija, su niña de 17 años. Este hombre resultó años después acusado de pertenecer a una banda de trata que asesinó a 11 jovencitas, narró.
Dijo que años atrás el titular de la Fiscalía de Género de entonces utilizó como testigo a la señora Irma para abonar al juicio que llevaba contra la banda de trata, pero nunca investigó con la debida diligencia la desaparición y feminicidio de Olga.
“Porque María Elena, la hija de Julia Caldera, fue asesinada en el año 2000 y su cuerpo permaneció durante cuatro años en el Semefo, mientras su madre la seguía buscando y la Fiscalía seguía siendo dudosos exámenes de ADN”, afirmó.
“Porque a Juanita Rodríguez, la mamá de Brenda Berenice, agentes de la Fiscalía la sacaron de su casa y la subieron a un automóvil y le quitaron el celular para que no se pudiera comunicar con su representante legal ni con su familia. En la Fiscalía la tuvieron durante horas tratando de que firmara una confesión ya elaborada donde ella aceptaba haber asesinado a su niña de 6 años”, acusó.
“Cuando supimos que estaba en la Fiscalía la fuimos a buscar y la fiscal de entonces nos dijo que ahí no estaba. Afortunadamente Juanita escuchó nuestros gritos y salió del lugar donde la tenían y así pudimos rescatarla. Porque la familia de María Sagrario González fue quien buscó y encontró al único procesado hasta hoy por su feminicidio; la Fiscalía solo llegó a detenerlo al lugar donde la familia ya lo tenía ubicado y vigilado”, dijo.
Porque doña Soledad Aguilar no sólo perdió a su hija Cecilia, destacó, sino a su nieta de 24 días de nacida a quien Cecilia llevaba en sus brazos el día que la asesinaron y que hasta ahora su mamá no ha vuelto a ver, ni a esa bebé que desde la familia de su mamá la sigue buscando.
“Por todo esto, creemos que es pertinente la disculpa por parte del Estado Mexicano y es pertinente que el Estado se haga cargo porque no protegió los derechos de las víctimas y de sus familias”, sostuvo Ivonne Mendoza.
A las 10 de mañana del miércoles 6 de marzo fueron convocadas Julia Caldera Chávez, madre de María Elena Chávez Caldera; Paula Flores Bonilla, madre de María Sagrario González Flores; Irma Pérez Franco, madre de Olga Alicia Carrillo Pérez; a María de la Soledad Aguilar Peralta, madre de Cecilia Covarrubias Aguilar y abuela de bebé Ibarra Covarrubias; a Ramona Morales Huerta, madre de Silvia Elena Rivera Morales; a Juana Rodríguez Bermúdez, madre de Brenda Berenice Rodríguez Bermúdez en el auditorio de Pueblito Mexicano.
Ahí fue firmado el acuerdo de solución amistosa para el informe de fondo y por espacio de dos horas les explicaron los procesos de reparación del daño a las familias afectadas.
En estos eventos participaron Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación; Joel Hernández García, subsecretario para Asuntos Multilaterales de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Por parte de Gobierno del Estado asistió la Subsecretaria de Normatividad y Asuntos Jurídicos, Sara Gabriela Cárdenas Fernández; el fiscal César Jáuregui Moreno y el secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya Chávez.
Además, el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar, Ivonne Mendoza, directora del Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer, la representante de la fundación Robert F. Kennedy Human Rights, quien fungió como representantes de las víctimas y han acompañado la tramitación del presente asunto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
También asistió la representante de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Gobierno de México, Martha Yuridia Rodríguez Estrada y la Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún y la encargada de recepción y atención de los asuntos de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Zaida Yadira Blanco Morfín.
En el acto celebrado en el Memorial del Campo Algodonero, Joel Hernández García, reconoció a las madres por haber mirado más allá. Por encontrar en la CIDH un espacio para obtener la reparación integral.
Este acuerdo firmado refrenda una oportunidad única para que el Gobierno federal, estatal y municipal podamos fortalecer nuestras capacidades de respuesta. Por mandato institucional, la Secretaría de Relaciones Exteriores acompañará a las autoridades en el cumplimiento del acuerdo que hoy ha sido suscrito”, dijo.
Firma Estado acuerdo para cumplir recomendaciones de Comisión Internacional de Derechos Humanos