Por ‘El Fany’ y ‘El Iraquí’ reventaron el Cereso
GPS DOMINICAL
Juan Alfredo S.O, conocido con un apodo relativamente reciente, “El Fany”, fue declarado culpable de la masacre de 15 jóvenes en Villas de Salvárcar de Juárez, aquella de 2010 que el entonces presidente, Felipe Calderón, calificó equivocada y anticipadamente como un pleito entre pandillas.
“El Fany” fue uno de los varios jefes de sicarios que mandaron ejecutar sin piedad a unas víctimas inocentes, lo que trajo, para bien o para mal, aquella estrategia “Todos somos Juárez”, en el marco del Operativo Conjunto Chihuahua, uno de tantos fracasos acumulados en materia de seguridad.
Esos eran los alcances del sujeto, detenido junto con algunos más del mismo grupo. Antes le decían “El Arnold” o “El 07”, en la estructura de un ejército que el todavía vigente Cártel de Juárez tenía a su servicio, para “patrullar” y “limpiar” las calles de la frontera, la capital, Chihuahua, Delicias, Jiménez, Parral, Cuauhtémoc y decenas de municipios más.
Era entonces uno de varios famosos “linces” que sirvió al cártel en muchos casos; le achacaban además otras masacres en antros, bares y un centro de rehabilitación, que ejecutaba con sus hombres en la peor era del narcoterror que vivió la entidad.
Tras su detención, fue trasladado al Cereso de Aquiles Serdán, donde no pasó el tiempo desocupado, sino que llegó a controlar más de la mitad de la prisión, coordinado con sus aliados de Juárez, principalmente, pero con conexiones hacia otros penales estatales, que dan servicio de hotel de lujo a quienes pueden pagarlo.
Felipe Q. S., alias “El Iraquí”, era la contraparte de “El Fany”, junto con otros líderes, sicarios y operadores financieros, delictivos y administrativos del Cártel de Sinaloa, que también hicieron un imperio en el Centro de Readaptación Social que como tal sólo tiene el nombre. Sigue siendo la eterna universidad del crimen ahora con masters y doctorados en delincuencia organizada.
“El Iraquí” duró más de seis años a la cabeza de una facción de la organización criminal, “la clica de los plebes”, creada en Culiacán, Sinaloa, con operaciones en Parral, Jiménez, Allende, Santa Bárbara, San Francisco del Oro y sus alrededores, con más de 20 ejecuciones a cuestas. Hasta 2015 duró al frente de un grupo de sicarios, siendo objetivo prioritario federal y estatal; cayó en céntricas calles de Parral.
Los dos líderes criminales fueron de los principales reclusos trasladados del Cereso estatal a cárceles federales. “El Iraquí” terminó su semana en el Cefereso Norponiente 8, de Guasave, y “El Fany” en el número 12, de Guanajuato. El primero tendrá quien lo visite más cerca de su tierra; al segundo, a ver si le alcanzan sus conexiones hasta el Bajío.
Las operaciones de ambos, sus ligas no sólo con otras cárceles estatales sino con las células de dichos grupos en el exterior de los penales, fueron factores determinantes para su traslado y el de más de 100 reos internados aquí en la capital.
Podría decirse que por ellos reventaron el Cereso el pasado martes.
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No hay análisis, investigación formal o datos sueltos de la inteligencia federal, estatal o militar que no acaben en la conclusión de que las cientos de ejecuciones cometidas al año en Chihuahua y otros delitos conexos, están directamente vinculadas a lo que ocurre en las cárceles estatales.
El control de los Ceresos que ejercen los grupos criminales, el autogobierno que tiene décadas consolidándose en los penales de baja y mediana seguridad, que han pasado de estar a cargo de la Fiscalía General y de la Secretaría de Seguridad Pública, quedó evidenciado de nueva cuenta en este necesario traslado masivo de reos.
Obviamente “El Fany” y “El Iraquí” no actuaban solos. De hecho, no son los únicos líderes de los grupos criminales antagónicos identificados, pero son los botones de muestra de cada bando, de su dominio y poder dentro y fuera de la prisión.
Sobre los dos y otros tantos, pesan señalamientos de ejercer un control férreo de su gente. Dentro de la prisión, por ejemplo, presumiblemente ambos ordenaron ejecutar a esos clásicos ahorcados que a veces tratan de presentarse como suicidios en las celdas, por desobedecer o querer brincarse las trancas de los mandos.
También adentro disponían del suficiente nivel para acordar, negociar o presionar a los custodios y sus jefes, a quienes no les es ajena la realidad de que viven y conviven a diario en una pequeña ciudad criminal, un hervidero de delincuencia con un poder suficiente para actuar contra ellos o sus familias.
Al exterior, sus alcances no estaban limitados a la capital y sus alrededores, sino que alcanzaban a otras ciudades donde tenían gente leal a sus grupos, a tal grado que incluso les reportaban ganancias de los negocios ilícitos que finalmente están detrás de toda la sangre que a diario es derramada por la delincuencia.
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Los ejemplos de Aquiles Serdán, según la información a la que hemos podido tener acceso, tienen sus coincidencias con los del Cereso 3 de Ciudad Juárez y la llamada Unidad de Bajo Riesgo (UBR) en algún tiempo, hoy Cereso 2 y mucho antes la Penitenciaría del Estado de la avenida 20 de Noviembre.
Con todos los cuestionamientos que puedan surgir -entre otros, el hecho de que sospechosamente estuvieran internados a altos perfiles criminales en una prisión de mínima seguridad como la UBR- el punto en común es que el golpe propinado por el Gobierno del Estado y las autoridades federales fue parejo para los bandos delincuenciales en eterna disputa.
Tenía muchos meses postergándose la decisión y el operativo de precisión ejecutado al comienzo de la semana, con el secretario de Seguridad, Gilberto Loya, a la cabeza, por esa nada desconocida realidad del control criminal desde las prisiones.
¿Aguantarán los cárteles el movimiento y pondrán esas superestructuras de poder nuevos líderes para mantener su actividad? ¿Realmente quedarán desarticulados y habrá de cumplirse el objetivo de obstaculizar la operación criminal y detener su creciente empoderamiento? Está por verse.
En Jiménez, una ola de ataques de un convoy de cinco camionetas reaccionó con la destrucción de cámaras e infraestructura de la Plataforma Centinela, lo que fue tomado como una reacción de uno de los grupos afectados con los traslados.
Además, tanto en Juárez como en la capital encendieron algunas alarmas en las corporaciones de seguridad, incluido el Ejército, por algún posible ataque a las fuerzas policiales y sus mandos operativos, señal de que surtió efecto, cuando menos en el mensaje de autoridad que representó la acción coordinada, el traslado que alcanzó a 209 internos de las prisiones de Chihuahua y Juárez.
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Viene ahora, pues, la prueba de fuego a la decisión de seguridad que, además, fue una importante señal de que hay coordinación, al menos en esta materia, entre la gestión estatal de Maru Campos y la federal de Andrés Manuel López Obrador, aunque en cuestión política todos los días haya roces y fricciones.
Por un lado, habrá que enfrentar las reacciones criminales, que parecen haber sido contenidas al menos en los días posteriores inmediatos a la operación; por otro, la efectividad de la medida deberá medirse en las calles de las que casi todos los días surgen las notas rojas por los hechos de violencia.
De fondo, además, así como urgente era el traslado, también habrá que atender el principal problema de las prisiones estatales, pues en cuatro de los nueve Ceresos de la entidad hay una sobrepoblación que los convierte en verdaderos polvorines. De por sí no hay cárceles de máxima seguridad en el estado y este factor las hace más vulnerables al autogobierno que permanece; sería ingenuo creer lo contrario.
En las dos principales cárceles del estado, la de Aquiles Serdán y la de Ciudad Juárez (Cereso 3), hay 28.19 y 33.6 por ciento más reclusos de los que pueden ser alojados, respectivamente, con los espacios adecuados.
Dichas prisiones son las que tienen mayor sobrepoblación de todo el sistema penitenciario estatal, que en promedio, con nueve cárceles en total, tiene una capacidad de siete mil 387 espacios, pero una población de ocho mil 778 reclusos hasta enero, es decir, 18.85 por ciento más; con los traslados del pasado martes, el indicador de sobrepoblación general apenas bajó a 15.09 por ciento.
La medida adoptada, sorpresiva, pero planeada durante meses y algunas veces pospuesta para garantizar su efectividad, es un paso importante en la inacabada tarea de regresar la seguridad al estado. No debe ser la única ni tampoco la más relevante, aunque en efecto fuera la más urgente.