Javier Corral Jurado

Desde la salida de Javier Corral como gobernador del estado de Chihuahua, se le han hecho múltiples señalamientos; corrupto, prepotente, instigador, perseguidor de políticos y empresarios, incoherente en su ideología, de la ultraderecha a la izquierda, torturador, desinteresado en los problemas del estado que gobernó, se arrodilló ante el presidente López Obrador y Morena, ahora sin descaro le entregan como premio y protección con fuero una candidatura al Senado de la República, sus exmiembros de partido lo señalan como inmoral, traidor, arribista, no termino sus señalamientos.

Pero algunos que ocuparan cargos públicos en los poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo lo arropan, cuando son entrevistados nos lo dicen; “sin palabras”, quienes algunas vez fueron sus compañeros de partido muy cercanos, desde luego cuidan las formas, para evitar ser involucrados con el exgobernador.

Incoherente. Los diputados y funcionarios de Morena, ahora dicen que fue un excelente gobernador, considerando que con la candidatura aportará en el Senado de la República grandes propuestas ante el perfil que tiene como legislador, que por cierto estos cargos han sido en la vía plurinominal.

En un gran número de medios de comunicación locales y nacionales se han vertido opiniones sobre su gestión como exgobernador del estado de Chihuahua, unos lo defienden otros lo denostan. Puedo desglosar opiniones sobre las acusaciones del que es objeto, desde la gobernadora hasta de los ciudadanos de a pie. Deseo hacer mención de lo que considero pueda ser como un ciudadano que faltó el respeto a Ley y a los hombres.

Javier Corral como gobernador no respetó las disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones como ciertas disposiciones que afectan a su actividad de gobernador y ciudadano. Si bien disfruta de las libertades reconocidas a cualquier ciudadano, debió ejercerlas respetando sus obligaciones respecto de las instituciones del Estado Mexicano. La Constitución prevé, pues, un conjunto de imperativos positivos o negativos que constituyen obligaciones que van más allá de la esfera del ejercicio de las funciones y las relaciones con la institución para extenderse a la vida como funcionario y ciudadano.

El incumplimiento de estas normas debe ser sancionado por las autoridades competentes de todos los niveles de gobierno, pero no, él camina con toda la libertad, hasta librería tiene.

No respetó el Código de buena conducta en su ejercicio del poder, mucho menos sus obligaciones profesionales y deontológicas, de manera que comprendan el alcance y espíritu de las disposiciones aplicables.

Todo funcionario debe respetar el federalismo del Estado Mexicano, porque constituye una exigencia absoluta para cualquier gobernante, impuesta frente a las autoridades nacionales, incluido el estado del que es nacional, las fuerzas políticas y los grupos de presión, y entraña asimismo una obligación de desvincularse de intereses personales en beneficio del interés del Estado, lo cual no ocurrió.

La Constitución y normas secundarias, son claras que no podrá en el ejercicio de sus funciones, decidir o tramitar ningún asunto cuya solución o tramitación conlleve un riesgo de interés personal, directo o indirecto, que pueda menoscabar su independencia, imparcialidad y objetividad. Esta obligación atañe a todas las circunstancias en que el funcionario, obligado a tramitar un asunto, pueda razonablemente entender que su naturaleza aparezca, en opinión de terceros, como una posible causa de menoscabo a sus funciones.

Si se encarga la tramitación de un asunto Corral en el ejercicio de sus funciones, estaba obligado a no violentar las normas, no tomó las medidas adecuadas, pudiendo eximirle de sus responsabilidades en su mandato, lo cual no ocurrió.

Al exgobernador, se le debe someter a procedimientos que sancionen sus actos ilegales, reparación total o parcial del perjuicio sufrido por el pueblo de Chihuahua como consecuencia de faltas personales graves cometidas en el ejercicio o con ocasión del ejercicio de sus funciones. La autoridad competente debe adoptar una decisión motivada previo cumplimiento de las formalidades exigidas en materia disciplinaria, no solo hacer comentarios sobre su mal desempeño.

A pesar de la abundante evidencia anecdótica que conecta la prosecución penal con la reputación de Corral, a la investigación todavía le falta responder si —y cómo— la corrupción penal de un solo individuo afecta los resultados electorales a nivel de partido. Así pues, las preguntas que motivan este artículo son: ¿cuáles fueron las consecuencias de los procesos penales de los gobernadores panista y priistas, en la administración de Corral? Particularmente, ¿Afectará la salida del exgobernador del PAN en las próximas elecciones? Y si es así, ¿por qué?

Pero no todos los hallazgos sugieren que los votantes reaccionarán al abuso de cargos públicos. La evidencia empírica comparativa ha encontrado que los escándalos de corrupción pueden alcanzar un punto de saturación en el que los votantes se vuelven un tanto resistentes a las fechorías de los políticos, y dejan de castigarlos electoralmente (Kumlin y Esaiasson, 2012).

Además, prácticas como el clientelismo y el patronazgo pueden impedir que los votantes ejerzan libremente su derecho a elegir, lo cual debilita aún más el vínculo entre la información y la rendición de cuentas electoral y de gobierno que ocurrió con Javier Corral.

¿Por qué los ciudadanos debemos sufrir las consecuencias de las acciones de los políticos y en este caso del exgobernador, en particular cuando este ni siquiera ha sido procesado? Dicho de otro modo: ¿qué mecanismo podría desencadenar consecuencias negativas de un político acusado, sin sanción alguna?

Dejo este trazado hasta aquí las acciones, respuestas y sanciones, las tendrán que aplicar los poderes del Estado. Tienen un gran tarea ¿La cumplirán?

Salud y larga vida.

Para un Gobierno corrupto, nuestra libertad es solo el derecho de hacer lo que él permite”

Jodorowsky