GPS de El Diario
• Casi le dan la vitalicia a corruptillo corralista • Acumula yerros la CNBV en caso Yox • Siguen cayéndose amparos contra la UACH • Sale Marco al quite en campamento migrante
Según el sapo es la pedrada o al tanteo de acuerdo a conveniencias, parecen ser los criterios jurídicos altamente especializados de los magistrados que conforman el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), Mayra Arróniz, Gregorio Daniel Morales y Alejandro Tavares Calderón.
El año pasado, acordaron sancionar con inhabilitación por tres meses al director del Instituto del Deporte en los tiempos de Javier Corral, Juan Pedro S.G, cercanísimo al entonces gobernador reconocido por su nulo talento para el golf, las carreras pedestres que le organizaba su amigo y, en general, casi para cualquier actividad, incluida la de gobernar.
A Juan Pedro, por una acusación que implicaba daños al erario por un millón 300 mil pesos, al otorgar recursos públicos a una empresa de sí mismo, lo sentenciaron a la reparación de las afectaciones y la suspensión de un trimestre para ocupar cargos públicos.
Y ahora, como ya es conocido, los mismos magistrados del TEJA dictaron la mayor inhabilitación posible a otro exfuncionario del quinquenio corralista, Andrés Benjamín G.V, exsupervisor de la entrega de apoyos emergentes por la pandemia desde el Fideicomiso para las Actividades Productivas del Estado (Fideapech).
Al sujeto -que estaba en el nivel más bajo de la cadena alimenticia del corralato, contratado por honorarios y de forma provisional- le dictaron una pena de 10 años de prohibición para ocupar cargos públicos, como sanción por la entrega de 62 mil pesos en dos apoyos, uno a la microempresa de su papá y otro para una empresa propia, que tenía en sociedad con un hermano.
¿Más de un millón de daño al erario de un allegado al círculo íntimo corralista ameritó para tres meses de inhabilitación y 62 mil pesos de desfalco bastaron para 10 años de sanción para otro no tan allegado?
Qué incongruencia, evidentemente reventó la soga por lo más delgado; sí se animaron a esto los magistrados por ser un simple corruptillo del corralato.
La resolución es inexplicable, además de que resulta bastante cuestionable la forma en que operan las normas anticorrupción.
Porque, por otra parte, en el caso de Juan Pedro S.G los señalamientos de irregularidades administrativas derivaron en una causa penal que ha podido enfrentar en libertad, en un caso que conduce la Fiscalía Anticorrupción, de los pocos que lleva exitosamente desde su creación.
El otro caso, el de Andrés Benjamín, no ha derivado en un proceso penal hasta la fecha. Y qué bueno, no vaya a ser que por esa cantidad a este exfuncionario menor le quieran dar la prisión vitalicia en un penal de máxima seguridad, como si fuera el más corrupto de los corralistas.
Ni la Fiscalía General del Estado ni los abogados que dicen representar los intereses defraudados por Yox Holding-xoy Capital, la financiera del estafador venezolano Carlos Lazo, han querido voltear a ver el deficiente papel de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el máximo regulador del sistema financiero.
El año pasado, la CNBV catalogó a Yox como una de las financieras que captaba ilegalmente recursos del público inversionista, en una clara violación a las normas que limitan a esas sociedades anónimas promotoras de inversión (SAPI), que funcionan en una especie de limbo jurídico.
Sin embargo, Lazo promovió recursos ante la justicia federal hasta lograr un amparo que obligaba a la comisión a retirar su alerta preventiva contra Yox, hecho que el venezolano hasta presumió durante meses, a partir de marzo de 2023, como un gran triunfo ante los supuestos excesos del regulador nacional.
Ahí no quedó todo. Después, la CNBV buscó la forma de perseguir penal y financieramente a Yox, a petición de la Procuraduría Fiscal de la Federación, ante la sospecha de la captación ilegal de recursos, ante lo que la comisión ya se había pronunciado con una opinión de delito que debería haber sido ampliada.
Pero en vez de que la comisión engrosara dicha opinión de delito y la presentara como denuncia penal ante el Ministerio Público, optó por desistirse y, con ello, avalar a Yox en sus operaciones. Estamos hablando de mediados de 2023, unos cinco meses antes de que la financiera que promovía su modelo de trading deportivo terminara por reventar.
Nadie ha volteado, sin embargo, a ver la responsabilidad que se le puede fincar a la CNBV por una evidente negligencia en la valoración adecuada del modelo de Yox, cuando dicha instancia pública está metida “hasta las manitas de atrás” en lo que resultó otra estafa más para los chihuahuenses.
Los grupos de Whatsapp del abogado Luis Arrieta, morenista que impulsó los amparos contra la Universidad Autónoma de Chihuahua para que los alumnos no pagaran su inscripción, ya son dejados en visto por los abogados que les prometieron a los estudiantes que tendrían su semestre gratis y sin despeinarse, toda una falacia con fines de manipulación política.
Esta semana, nos reportan, ya cayeron otra veintena de amparos con resolución desfavorable a los estudiantes que buscaron la protección de la justicia federal para no pagar, pero les fue negado el recurso por la falta del necesario esquema legal que pueda garantizar educación superior gratuita sin desfalcar a las universidades.
Ahora, esos alumnos que creyeron en los manipuladores abogados están en la búsqueda de arreglos con la UACH para no perder el semestre en el que no se inscribieron, engañados con la mentira de que podrían estudiar sin realizar el pago correspondiente.
Lo más triste es eso, que están en riesgo de perder el semestre, mientras los abogados que los impulsaron y manipularon ahora se les esconden y los dejan sin respuesta ante sus dudas, sobre qué hacer ahora que tienen la negativa de sus amparos y, a la vez, no están al corriente con su inscripción académica ni administrativamente.
Los cientos de casos de amparos concedidos, los que están a medias y los que han sido negados, han sido enfrentados por el rector Luis Rivera Campos con un enfoque meramente académico, lejos de lo burocrático, lo económico o lo jurídico.
Es decir, busca la autoridad universitaria hacer de todo para que los jóvenes no pierdan el semestre, pero fue mucho el daño que hicieron los abogados amparistas que no repararon en las consecuencias que habrían de pagar los alumnos, sólo les importó ganar notoriedad y generar algo de inestabilidad en la universidad.
Cuando las cosas salen mal se les acaba lo ruidoso. Al menos eso dicen al interior el Tribunal Superior de Justicia, pues ayer entre cuchicheos litigantes y empleados comentaban la resolución del amparo interpuesto por la jueza Alejandra Ramos, quien no siente lo duro sino lo tupido.
Cuando antes se regodeaba de las resoluciones federales, hoy guarda silencio. El juez decimoprimero de distrito en el estado dejó por sentado que la jueza Alejandra Ramos actuó con dolo al irse contra el proceso de selección de magistrados.
Resulta que hasta un alumno de derecho sabe que cualquier amparo es improcedente contra “las resoluciones del Congreso Federal y de las legislaturas estales en caso de remoción, elección, suspensión de funcionarios en las que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente”, según se lee en la sentencia final que cita el artículo 61 fracción VII de la ley de amparo.
Así, que la sentencia que resolvió sobreseer el asunto sólo demuestra el dolo y la intención de dañar a los poderes del estado de Chihuahua, como le encantaba hacer al exgobernador Javier Corral.
La Policía Municipal debió intervenir ante la queja de locatarios y transeúntes en la zona de la Central de Abastos por el campamento de migrantes que se ha instalado ante la indolencia e indiferencia de la autoridad federal, pues de acuerdo a los quejosos, algunos migrantes realizan actos de acoso y molestia.
Las autoridades migratorias ven la situación y no le ponen remedio, mientras las quejas van en aumento, pues es evidente que ese lugar no es el adecuado para que las personas migrantes se instalen.
A la Federación parece gustar estirar la liga hasta que revienta, ahí está el ejemplo de la estación migratoria en Juárez. Quizá están esperando una tragedia para actuar, como si fuera más fácil apagar un incendio que prevenirlo.
El alcalde Marco Bonilla volvió a solicitar intervención a la Guardia Nacional ante esta situación en el campamento migrante, para calmar las aguas y atender a ambas partes.