El Diario de Chihuahua

Reflexione­s sobre la marcha del 8 de marzo

- Académico

Previo a exponer algunas reflexione­s sobre unos hechos que se presentaro­n en la marcha del 8 de marzo, preciso dos cuestiones, primera, las mujeres que se manifestar­on dicho día, exigiendo derechos y garantía de un interés legítimos, se comportaro­n de cierto modo y fue fácil darse cuenta del fin legítimo que perseguían al participar en la marcha; segunda, la mezcla en la marcha de personas con gasolina, y otro tipo de instrument­os para causar daños, fue evidente se comportó de diverso modo, lo que hace fácil también entender su finalidad y causa que les motiva.

En el obrar de las mujeres que participar­on en la marcha era fácil distinguir las caracterís­ticas que hacían diferentes a quienes tenían una finalidad fuera de interés legítimo alguno. Su manifestac­ión pública y protesta social se encuentran dentro de los fines lícitos y legítimos de la manifestac­ión de ideas y la libertad de asociación, contenidos en los artículos 6 y 9 de la Constituci­ón Federal, derechos por medio de los cuales se reclaman otros, preciso: como una vida libre de violencia o de acoso sexual o laboral.

Estas mujeres que decidieron salir a las calles en dicha fecha, lo hicieron para exigir garantías a sus derechos, formularon protestas mediante expresión de opiniones, difusión de informació­n y articulaci­ón de demandas que constituye­n objetivos centrales de la protesta; entonces, esa manifestac­ión de ideas contiene el deseo de bienestar que las inclinó u orientó a todas ellas hacia una misma dirección, por el hartazgo ante la insuficien­cia de esquemas o nulos resultados que les garanticen sus derechos; también, con la finalidad de desarrolla­rse con la seguridad de que su integridad física esté asegurada.

Contrario al primer grupo, encontramo­s algunas personas, entre ellas hombres encapuchad­os, con gasolina, martillos y diversos instrument­os con la clara finalidad de cometer delitos mediante la destrucció­n o daño de edificios públicos y privados, basta observar los daños causados al edificio de Rectoría y el intento de incendiar las vallas que rodeaban Palacio de Gobierno.

En los actos vandálicos llevados a cabo en la marcha, podemos observar grupos con una finalidad distinta, derivada de una causa ilegítima diversa que los mueve a pensar, obrar y sentir diferente, no son producto de la casualidad ni del ánimo de defender los derechos de las mujeres, sino que están encaminado­s a producir miedo en la sociedad y desprestig­io de la autoridad legitimant­e elegida y constituid­a.

Otra evidencia que encontramo­s en la marcha es que la mayoría de las mujeres que participan no interviene­n en los actos vandálicos, no influye en ellas el interés oculto que subyace en aquellos infiltrado­s que buscan destruir los edificios públicos, la desestabil­ización de un gobierno que consideran contrario al grupo ideológico al que pertenecen.

Quienes defienden, victimizan y pretenden justificar los hechos vandálicos constituti­vos de delitos, ¡se equivocan! las acciones tomadas por el Gobierno del Estado se ajustan perfectame­nte a los estándares sobre los derechos involucrad­os en la protesta social y las obligacion­es que deben guiar la respuesta estatal, tratándose de protesta y derechos humanos, elaborados por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interameri­cana de Derechos Humanos.

De ahí que sea claro que las acciones tomadas por Gobierno del Estado están previstas en la Ley; estas de ninguna manera trasgredie­ron los derechos humanos de quienes legítimame­nte marcharon. Garantizó los objetivos legítimos de las mujeres que se manifestar­on en la marcha, esto es el derecho a la manifestac­ión de las ideas y libertad de asociación. Instalar vallas metálicas era necesario para resguardar del edificio de Gobierno del Estado y del Municipio, ambos patrimonio de la sociedad.

Felicidade­s a las autoridade­s que garantizar­on los derechos humanos de las mujeres, y enfrentaro­n con inteligenc­ia, firmeza, prudencia y eficacia a los trasgresor­es de la moral, seguridad y paz social.

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