¿Ejercer el voto por obligación?

Ciudad de México.- En el núcleo de cualquier democracia se encuentra el derecho al voto, piedra angular que permite a la ciudadanía influir en el rumbo de sus poderes: Federal, Estatal y Municipal, así como, poder Legislativo y ejecutivos. En este sentido, la Constitución Mexicana garantiza este derecho, enfatizando su importancia en el ejercicio de la soberanía popular y el desarrollo democrático.

Sin embargo, este derecho, catalogado como una norma imperfecta; por carecer de sanciones explícitas para aquellos que optan por no participar en el proceso electoral. Este fenómeno no es exclusivo de México; en otros países, la ausencia en materia electoral traslada diversas implicaciones, que van desde sanciones administrativas hasta económicas.

En este sentido, países como Argentina, Brasil, y Perú se destacan por implementar políticas estrictas para estimular la votación. En estos Estados, la abstención sin previa justificación -válida- puede resultar en sanciones administrativas e incluso en limitaciones civiles adicionales. Dichas medidas evidencian una directriz política donde votar trasciende el derecho para convertirse en un deber cívico, con el objetivo de fortalecer la participación ciudadana y la legitimidad de los procesos electorales.

Sin embargo, la pregunta que surge es si tales medidas son adecuadas o incluso deseables en el contexto mexicano. A primera vista, imponer sanciones para asegurar una participación electoral alta puede parecer una solución efectiva para pugnar a la apatía política. No obstante, esta aproximación desconoce las causas subyacentes de la desilusión y el desinterés político entre la ciudadanía. Más que una cuestión de obligatoriedad, la baja participación electoral en determinadas elecciones y territorios refleja problemas como la falta de confianza en las instituciones, la percepción

en México se debería apostar por incentivar la votación a través de estrategias que provoquen la reflexión y la responsabilidad cívica"

de corrupción o la insuficiencia de las políticas públicas.

Es así como, proponer sanciones por no votar parece ser la solución más adecuada, sin embargo, en lugar de obligar a la ciudadanía a votar mediante medidas punitivas, se debería fomentar la participación electoral a través de la innovación propagandística y campañas de concientización que resalten la cuantía del voto. Es transcendental generar un diálogo que permita a los votantes reflexionar sobre el impacto de sus decisiones y el valor de su participación en la democracia mexicana.

Aunado a lo anterior, debe considerarse, además, el costo de las elecciones y cómo este recurso, que es de todas las personas, se invierte en el proceso democrático. Es esencial que la ciudadanía comprenda no solo el valor de su voto en términos de representación política, sino también el aspecto económico que conlleva organizar elecciones libres y justas. Sensibilizar a la población sobre estos aspectos puede incentivar una participación más activa y consciente.

Por tanto, aunque la idea de imponer sanciones para aumentar la participación electoral puede ser efectiva en algunos contextos, en México se debería apostar por incentivar la votación a través de estrategias que provoquen la reflexión y la responsabilidad cívica.