Detener indocumentados no será prioridad en El Paso
Sheriff y Policía acatarán la SB4 si es ratificada bajo ciertas condiciones
El Paso— Mientras que la altamente antiinmigrante Ley Senatorial 4 (SB4) de Texas se pasea por los tribunales federales, las fuerzas policiacas de la entidad, sobre todo en la franja fronteriza, se preparan para hacer cumplir la cuestionada normativa estatal en el caso de que se falle a su favor, sin embargo sus agentes no darán prioridad a la caza de los inmigrantes que cruzan la línea divisoria de manera ilegal, afirmó el comandante Ryan Urrutia, agente de la Oficina del Sheriff del Condado de El Paso.
Para el jefe policiaco la falta de recursos, espacio carcelario y la capacitación de los agentes para atender asuntos migratorios impedirían que tanto el Departamento de Policía de El Paso como la Oficina del Sheriff del Condado, ejerzan a cabalidad el mandato tal y como dicta la nueva ley promulgada por el gobernador Greg Abbott.
Aunque por un lado están obligados a cumplir la ley, por otro lado temenperderlaconfianzaquelesha depositado la comunidad durante décadas. Si ejercen la cooperación y las denuncias ciudadanas prácticamente desaparecerán.
“Estamos muy comprometidos en mantener la confianza con la comunidad y las fuerzas del orden por lo que nuestros agentes darán prioridad a la seguridad de las familias”, dijo Urrutia en conferencia de prensa, celebrada en las instalaciones del cuartel general del Sheriff en El Paso.
Visiblemente preocupado por la entrada en vigor de la nueva ley que se ventila en los tribunales, manifestó que los departamentos de policía están preparando una respuesta operativa en caso de que se enfrente a un escrutinio judicial. También requerirían capacitación en asuntos de migración.
Si bien ambos departamentos harán cumplir la ley, esta no será a costa de responder a llamadas de seguridad pública o contingencias de salud pública. Estarán enfocados en buscar a personas que cometan crímenes y no a personas que por su apariencia sean inmigrantes indocumentados.
El alcalde de El Paso, Oscar Leeser, tras lamentar el resultado que dio la corte Suprema el martes por la mañana y que se desvaneció por la noche luego de que un Tribunal de Circuito la dejara en pausa, declaró que el falló anunciado ejemplifica las complejidades de esta cuestión mediante la dirección del tribunal al Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito.
Expuso que si bien la Ciudad de El Paso siempre seguirá la ley estatal, “no es ningún secreto que nuestro Departamento de Policía tiene poco personal”.
Y remató: “Nuestras respuestas policiales siempre se basan en prioridades, y nuestra prioridad número uno ha sido y seguirá siendo la salud y la seguridad pública, no hacer cumplir las leyes de inmigración”.
En ese sentido el comandante Urrutia, mencionó que cualquier ley será acatada por los agentes, pero fue contundente: no vamos a darle prioridad, tras enfatizar que esta también complica la cuestión de la discriminación racial.
Expresó que mientras los tribunales deciden el destino de la SB4, los departamentos de policía se mantendrán en alerta, pero dedicados a servir a la comunidad y mantener esa confianza.
“Tenemos el mayor número de reclusos estatales que hemos tenido durante años. La cárcel del Centro está en remodelación y tuvimos que cerrar algunos pisos”, dijo al apuntar que al momento se cuenta con 270 elementos de la corporación, 560 custodios y una capacidad de 2 mil 900 camas en el reclusorio.
Señaló que con la inminente entrada en vigor de la SB4 seguramente la ciudad estaría sitiada por agentes del Departamento de Seguridad Pública de Texas y por ende se podría ver un aumento en las operaciones con el arresto de migrantes y saturación de las cárceles.
De darse este escenario, dijo, podrían darse eventos como los ocurridos a principios de la década de los 90 ‘s cuando no había cupo en la cárcel y los presos de bajo nivel tenían que ser liberados aunado a la pérdida de reclusos federales.
De acuerdo al convenio con el gobierno federal este reembolsa al condado 110 dólares por día. El mantener a un preso le cuesta tal condado 85 dólares, pero en caso de brindarle asistencia médica la cifra sube a 140.
Dijo que con ello el condado se vería obligado a albergar a nuevos reclusos estatales y enviar a los reclusos federales a otros lugares, perdiendo ingresos.