Un desafío, aplicación de nueva ley de migración
El Paso, Tx– El sheriff del Condado de Terrell, Thaddeus Cleveland, tiene 54 millas de la frontera entre Estados Unidos y México en la jurisdicción del oeste de Texas que patrulla, y cinco ayudantes.
Cleveland dijo que apoya “plenamente” la nueva ley de Texas que permitirá a autoridades como él arrestar a personas sospechosas de ingresar ilegalmente al estado desde otro país. También aprecia la Operación Estrella Solitaria, iniciativa de seguridad fronteriza del Estado que le ha dado fondos para contratar dos agentes y comprar equipos y vehículos.
Pero Cleveland, quien sirvió como agente de la Patrulla Fronteriza durante 26 años antes de convertirse en sheriff del Condado donde creció, también debe contemplar la realidad: su cárcel sólo puede albergar a siete personas. Los puntos legales de entrada al país más cercanos, a través de los cuales en algunos casos los detenidos bajo la nueva ley tendrían que ser devueltos, están a horas de distancia.
“Aquí todo sigue como siempre, es decir: tenemos esa herramienta en nuestro cinturón si la necesitamos”, dijo Cleveland sobre la nueva ley durante una entrevista telefónica el miércoles. “Pero aquí tenemos una estación de la Patrulla Fronteriza a la que probablemente continuaré entregando nuestras detenciones”.
Esta puede ser una realidad común en zonas de Texas si el Proyecto de Ley Senatorial 4 supera sus impugnaciones legales pendientes. Un día después de que la ley entrara en vigor durante cerca de nueve horas entre fallos judiciales contradictorios, surgieron destellos de su próximo desafío: la logística de la aplicación de la ley, que se encuentra en un territorio legal desconocido por la forma en que involucra a autoridades estatales y locales en asuntos de inmigración a una tierra tan grande y diversa como Texas.
Muchos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley apoyan la medida, pero persisten dudas importantes sobre cómo, cuándo y si las autoridades locales lo harán cumplir.
‘No tenemos precedentes'
“Hay tantas cosas que realmente no sabemos cómo se verán. No tenemos precedentes de que un Estado haga esto. En cierto modo cambia el juego”, dijo Jamie Longazel, profesor de ciencias políticas en el John Jay College of Criminal Justice, quien escribió un libro sobre una controvertida ley de inmigración aprobada por una ciudad de Pensilvania. “La migración se trata de alguien que viene de un país a otro y por eso dos gobiernos nacionales se ocupan de la cuestión. Ahora Texas y México se ocuparán de esto, potencialmente”.
La SB4 permanece temporalmente bloqueada mientras un tribunal federal de apelaciones evalúa una impugnación de Texas al fallo de un tribunal inferior que anuló la ley. El tribunal inferior determinó que “amenaza la noción fundamental de que Estados Unidos debe regular la inmigración con una sola voz”.
La paralización y las respuestas contradictorias de las autoridades tras la breve entrada en vigor de la ley el martes han hecho poco para reducir las preocupaciones de que el proyecto de ley permitirá la discriminación y la elaboración de perfiles raciales. Nadie ha sido arrestado bajo la ley, dijeron los abogados que representan a Texas a un panel de la corte federal de apelaciones el miércoles durante una audiencia.
El Departamento de Seguridad Pública, cuyos soldados patrullan la frontera bajo la Operación Estrella Solitaria, puede estar mejor equipado para hacer cumplir la ley. Sin embargo, el DPS ha dicho poco más allá de los documentos judiciales sobre cómo lo hará. Los portavoces de la agencia no respondieron a las consultas enviadas esta semana por The Texas Tribune por correo electrónico y por teléfono.
La administración Biden y las organizaciones de derechos de los inmigrantes que demandaron a Texas para detener la ley argumentan que la SB4 es inconstitucional porque interfiere con las leyes federales de inmigración. Los defensores de la ley argumentan que es imperativo hacer lo que el gobierno federal se niega a hacer: hacer cumplir la ley de inmigración.
Hasta 20 años de prisión
La ley busca convertir el cruce ilegal de la frontera en un delito menor de Clase B, que conlleva una pena de hasta seis meses de cárcel. Los reincidentes podrían enfrentar un delito grave de segundo grado con una pena de dos a 20 años de prisión.
La ley también exige que los jueces estatales ordenen el regreso de los migrantes a México si son declarados culpables; las fuerzas del orden locales serían responsables de transportar a los migrantes a la frontera. Un juez podría retirar los cargos si un migrante acepta regresar a México voluntariamente. El representante David Spiller, republicano de Jacksboro y coautor de la ley, dijo que espera que “95%” de la aplicación de la ley se realice dentro de 50 millas de la frontera. Dijo que estaría “sorprendido” si las principales fuerzas policiales metropolitanas como las de Dallas, Houston y San Antonio tuvieran más que “sólo unos pocos” casos. “No deberían salir a interrogar a la gente, de lo contrario dirían, oye, pareces un migrante: ¿cuándo cruzaste y por dónde cruzaste?”, Spiller dijo al Texas Tribune el miércoles. “Esas conversaciones no deberían estar sucediendo”.
Spiller dijo que entendía que algunos alguaciles a lo largo de la frontera pueden tener recursos limitados, pero señaló que la ley permite que un magistrado independiente determine la manera y los medios por los cuales una persona es enviada de regreso a México si acepta regresar voluntariamente.
Pero México no planea cooperar con Texas.
Un funcionario federal mexicano dijo esta semana que el país no aceptará repatriaciones desde Texas y continuará trabajando entre los gobiernos federales.
“Es que no hay precedentes”, dijo Rodolfo Rubio Salas, profesor de inmigración en El Colegio de Chihuahua en Ciudad Juárez. “No existe ningún precedente en las relaciones México-estados Unidos, ni a nivel internacional, de que un país negocie con un estado o entidad de otro país para llevar a cabo estos procesos”.
Las perspectivas de la SB4 han provocado una variedad de respuestas por parte de las entidades encargadas de hacer cumplir la ley.
Incluso autoridades que la apoyan deberán sortear problemas de infraestructura y logística
‘Poco probable'
El Condado de Kinney, que bordea la frontera a unas 130 millas al oeste de San Antonio, estaba preparado para acusar a las personas según la nueva ley, pero “es poco probable que los observadores vean un cambio de la noche a la mañana”, dijo el sheriff Brad Coe en una publicación en las redes sociales durante el corto tiempo que la ley estaba en vigor. Aseguró que los oficiales y agentes “necesitarían una causa probable”.
En Fort Worth, los funcionarios de Policía dijeron que si bien “siempre cumplen la ley, la responsabilidad principal de la aplicación de la ley de inmigración y la protección fronteriza debe dejarse en manos de nuestros socios federales y estatales”.
El presidente de la Cámara de Representantes de Texas, Dade Phelan, reprendió al departamento y calificó el mensaje publicado en español e inglés como “increíble”.
“El cumplimiento de la ley estatal no es opcional; es obligatorio”, escribió Phelan en las redes sociales. “Cualquier agencia policial local que se niegue a aplicar el Proyecto de Ley Senatorial 4 está abandonando su deber jurado de defender el Estado de Derecho”.
No está claro que los oficiales y diputados de todo el estado recibirán órdenes de los funcionarios electos, ya que tienen su propia cadena de mando, abogados y órdenes generales de su propio departamento para guiar su servicio.
“Tenemos la intención de aconsejar a nuestros miembros que consulten con su asesor legal local para obtener orientación”, dijo Albert García, presidente de la Asociación de Jefes de Policía de Texas, un grupo que apunta a promover el desarrollo de ejecutivos policiales. “Dado que el Proyecto de Ley Senatorial 4 otorga discreción, es imperativo que cada jurisdicción evalúe el mejor curso de acción en función de sus circunstancias únicas”.