El Diario de Chihuahua

'Pidieron policía y vialidad 12 mil pesos a rarámuri'

- Orlando Chávez/el Diario

Un agente municipal de Seguridad Pública y una de la División de Vialidad son buscados por la Fiscalía Anticorrup­ción por presuntame­nte haber actuado de manera coordinada para cobrarles 12 mil pesos a habitantes de un asentamien­to rarámuri el 5 de febrero.

Ayer el titular de la instancia estatal, Abelardo Valenzuela, dio a conocer de esta caso y por el cual son buscados Gabriela Rosario Torres Ulloa, Oficial de Tránsito de la Sub Secretaría de Movilidad de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y Juan Carlos Ortega Acosta, Agente de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Chihuahua.

Expuso que ambos agentes están en calidad de prófugos, ya que están acusados por el delito de cohecho al presumible­mente, despojar de 12 mil pesos a integrante­s de la comunidad rarámuri para evitar su detención y aseguramie­nto del vehículo en el que viajaban.

Al anuncio de la orden de aprehensió­n, acudió el alcalde de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza, toda vez que, de la indagatori­a realizada por parte de la Fiscalía, se obtuvieron las videograba­ciones de las cámaras de seguridad de la unidad de la policía municipal, que sirvieron para la sustentar dicho ordenamien­to judicial.

Valenzuela, agregó que a los afectados y sus familias les fueron otorgadas Medidas de Protección en razón de que se advierte que se encuentran en una situación de riesgo y vulnerabil­idad, toda vez que pertenecen a pueblos originario­s, además de que el Estado debe adoptar las medidas necesarias para brindar protección contra actos de intimidaci­ón y represalia a los testigos y víctimas de delitos.

Valenzuela Holguín hizo un llamado a toda la sociedad, a ONGS e institucio­nes académicas, así como también, a miembros de los pueblos originario­s y cualquier persona que sufra hechos de corrupción, a denunciar este tipo de delitos y a los malos servidores públicos que están laborando en las áreas de seguridad en todo el Estado y sus municipios.

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El titular de la dependenci­a dijo que el delito fue cometido en un asentamien­to rarámuri el 5 de febrero pasado

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