Acumula Pemex más de 22 mmdp en sanciones
Ciudad de México— Petróleos Mexicanos (Pemex), actualmente bajo investigación por los presuntos sobornos que algunos de sus funcionarios recibieron de la constructora brasileña Odebrecht, es la instancia del Gobierno mexicano con más servidores públicos sancionados por corrupción.
En una revisión hecha a las multas que ha impuesto la Secretaría de la Función Pública (SFP) a Pemex en los últimos 20 años se encontró que éstas ascienden a 22 mil 119 millones de pesos (unos mil 105 millones de dólares).
Las sanciones económicas llegaron a los niveles más altos durante el gobierno del conservador Felipe Calderón (PAN) y han disminuido considerablemente en esta administración de Enrique Peña Nieto (PRI).
En las últimas dos décadas la empresa productiva del Estado ha sido utilizada como un botín por sus empleados y directivos. En ese periodo la Secretaría de la Función Pública –la encargada de vigilar el desempeño de los servidores y de auditar el gasto que estos hacen de los recursos federales– ha inhabilitado mil 444 funcionarios para desempeñar algún cargo en el Gobierno y ha emitido 890 sanciones económicas, se desprende de una revisión hecha al sistema de registro de servidores públicos sancionados de la SFP.
Las sanciones económicas se dictan cuando se causa un perjuicio al Estado y regularmente son muy elevadas porque el monto de la multa puede ser hasta tres veces mayor el daño ocasionado.
El problema es que sólo se logra recuperar cuando mucho un 10% de la multa. El subsecretario de responsabilidades administrativas de la SFP, Javier Vargas, explica que una vez que la SFP emite una resolución tras una investigación administrativa, ésta no es definitiva porque el servidor puede interponer diversos medios legales de defensa.
Además, explica, otro de los problemas es que cuando el SAT (Sistema de Administración Tributaria) –el encargado de recaudar los adeudos– acude a cobrarlos, se encuentra con que el deudor no tiene capacidad para pagarlo y no puede finiquitarlo.
“El otro 90% no se cobra porque el caso se fue a juicio, se modificó la sanción o se dejó nula, porque se fue al domicilio de la persona y no vive ahí, o porque no tiene patrimonio y no se pudo llevar a cabo la cobranza del crédito fiscal (multa)”, explica.
Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, señala que además de no pagar la sanción, los involucrados tampoco son castigados con cárcel. Cuando la SFP impone la multa, el servidor público la impugna ante un tribunal administrativo.
Si el daño patrimonial que se causó es muy grande y por ende implicaría varios años de cárcel, la estrategia de los involucrados es aceptar una sanción económica. “Es una sanción que parece muy dura, pero después se apela ante un juez administrativo y con eso se libró de prisión”, explica el experto en temas anticorrupción.