Desastre social: riesgo e impunidad
Sánchez, Egea y Soledad (2012:61) indican que el riesgo consiste en “la probabilidad de que una amenaza se convierta en un desastre o crisis por peligros naturales y/o sociales”. En el discurso público, técnico y científico, el concepto de desastre usualmente hace alusión a fenómenos naturales que suelen afectar sembradíos, viviendas, servicios e incluso las vidas de seres vivos. Tsunamis, terremotos o maremotos y erupciones volcánicas, son algunos ejemplos.
Frente a estas manifestaciones de fuerzas aún incontrolables de la naturaleza, se establecen algunas medidas preventivas y para atender sus consecuencias, existen planes y programas que los gobiernos ponen en acción. En México, por ejemplo, se cuenta, desde 1996, con el Plan de Auxilio a la Población Civil en Casos de Desastre (DN-III-E) y el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), que creado también en 1996, inició operaciones en 1999, con el objetivo de “atender los efectos de Desastres Naturales, imprevisibles, cuya magnitud supere la capacidad financiera de respuesta de la dependencias y entidades paraestatales, así como de las entidades federativas”.
No sucede lo mismo con los desastres sociales. Primero, porque no se les reconoce como tales; segundo, porque no se desea, quiere o puede identificar a sus responsables. Es más común hablar de crisis, aludiendo a un estado temporal sobre el que se avizora un resultado o resolución favorable ante el estado de cosas existente.
La consabida crisis económica es el ejemplo más cercano a la experiencia de la ciudadanía. De la crisis, se dice, se puede salir fortalecido. ¿Y del desastre social? Para algunos, el concepto de resiliencia daría cuenta de un proceso similar, como indica el Instituto Español de Resiliencia, que la define desde la neurociencia como “la capacidad para afrontar una situación adversa, superarla y salir fortalecido” o como la Asociación Americana de Psicología (APA), para la que consiste en “el proceso de adaptarse bien a la adversidad, a un trauma, tragedia, amenaza, o fuentes de tensión significativas, como problemas familiares o de relaciones personales, problemas serios de salud o situaciones estresantes del trabajo o financieras.” Estas respuestas se muestran en el ámbito personal, no se asumen desde lo social.
Así, se entiende que una persona pueda afrontar las secuelas de un robo, más esta capacidad no da cuenta de cómo es que socialmente se pueden superar los efectos de los delitos que se registran bajo el término de cifra negra; es decir, de aquellos delitos que no son denunciados ante las autoridades responsables de atenderlos.
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública (INEGI, 2015), evidencia la magnitud del problema: “el nivel de delitos no denunciados o que no derivaron en averiguación previa fue de 92.8% a nivel nacional durante 2014 mientras que en 2013 fue de 93.8 por ciento.” A nivel local, la Encuesta Percepción de la ciudadanía sobre el personal operativo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal del Municipio de Juárez (2016), del Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadanas del Municipio de Juárez, muestra que 63.8% de las personas que sufrieron algún delito en los dos últimos años no lo denunciaron, mientras que la Encuesta Dinámica Social en el Municipio de Juárez 2013, también del Observatorio, indicaba que se encontraban en el mismo caso 65.0% de las personas encuestadas.
Estos datos son relevantes porque ilustran el alto margen de impunidad en el que se desenvuelven algunos actores sociales. Si a estos datos agregamos los delitos denunciados y no resueltos, de los que nunca se sometió a proceso a sus autores materiales e intelectuales, y aquellos que lograron su libertad por errores en el procedimiento, no cabe duda que la impunidad expresa una de las dimensiones del desastre social en el que nos encontramos. Los ejemplos son tantos y tan cotidianos que nos hacen ver que conformamos una sociedad de riesgo, bajo amenaza no tanto de fenómenos meteorológicos que los hay, sino de nuestras incapacidades para prever y sancionar los delitos, así como de revertir las condiciones sociales que les favorecen.
Sánchez González, Diego; Egea Jiménez, Carmen y Soledad Suescún, Javier Iván. (2012). “Apuntes sobre los riesgos sociales, componente principal de la vulnerabilidad social”. En Vulnerabilidad social. Posicionamientos y ángulos desde geografías diferentes. España: Universidad de Granada, pp. 57-68.