ATAQUES A MUJERES
‘El peligro está en casa’
Nahomi fue asesinada a golpes apenas cumplidos sus 16 años. Su cuerpo fue localizado calcinado en una tapia de las muchas que existen en los poco más de 253.78 kilómetros cuadrados que comprenden el Distrito Sur, en esta ciudad.
A la menor la atacó presuntamente quien fue su pareja sentimental, auxiliado por la supuesta novia en turno, quien también lo ayudó a arrastrar el cuerpo y luego a quemarlo con llantas y basura para deshacerse de todo rastro de la menor.
Los presuntos asesinos son dos adolescentes de 17 años que radican en la colonia Jardines de Roma, zona habitacional que conforma uno de los 34 cuadrantes del distrito más mortal para las mujeres en Juárez y que actualmente es vigilado solo con 198 patrullas de la Policía Municipal.
Ricardo Realivázquez, secretario de Seguridad Pública Municipal (SSPM), asegura que a pesar de que el personal de ese distrito debe dar seguridad a poco más de 308 mil 287 ciudadanos que ahí habitan, se están realizando las labores de vigilancia suficientes “para prevenir éste y otros delitos que lastiman a las mujeres y a la sociedad en general”.
Durante los nueve meses transcurridos, en esta frontera han sido asesinadas 23 mujeres en el Distrito Sur; 15 en el Distrito Valle, 7 en Universidad; 6 en Centro, 6 en Poniente y dos en Oriente; en un caso más se carece de datos en torno a la muerte y localización de la víctima, según la información de la Fiscalía General del Estado (FGE).
El responsable de la seguridad pública en Juárez afirma que son varios casos de homicidio de carácter pasional o sentimental.
En esos hechos violentos, asegura, los agentes han descubierto que los probables agresores son los amigos o parejas sentimentales de las víctimas, como ocurrió con Nahomi.
Para Jorge Arnaldo Nava López, fiscal en la Zona Norte, la hipótesis del jefe policiaco es acertada, al señalar que la mayor parte de esta incidencia delictiva –los crímenes contra mujeres– obedece a la violencia familiar como el principal factor detonante en los homicidas.
Pero para la investigadora y catedrática universitaria Julia Monárrez Fragoso, la violencia contra las mujeres tiene que ver con la formación de la ciudad.
“La ciudad está tan dispersa, la zona habitacional la vemos alejada, sin esas estructuras que permitan ejercer una maternidad y paternidad acompañada de guarderías, de escuelas públicas, de centros de trabajo cercanos, de parques infantiles en buenas condiciones, de fácil acceso al servicio de transporte público y hospitales, todo eso también es violencia institucional”, plantea.
“No se puede tener por un lado una Policía limitada que resguarde el bienestar y la seguridad de las personas y por otro lado construir estas casas alejadas, esa es culpa de quienes otorgan los permisos y de quienes hacen estas viviendas”, afirma Monárrez Fragoso.
Armas de fuego
Y aunque en esa zona al sur de la ciudad muchos de los asesinatos han sido a golpes o por asfixia, lo más común para privar de la vida a una mujer son las armas de fuego.
“Ciudad Juárez a partir del 2009 llevó el primer lugar de muertes de mujeres con armas de fuego. Esas armas que entraron en forma ilegal al país las están usando contra las mujeres en las casas”, dice Monárrez.
Esto se mantiene en el 2017, pues según sostiene el fiscal Nava López, dos de cada 10 casas en Juárez cuentan con armas de fuego y son empleadas para matar a hombres y mujeres.
Las estadísticas oficiales revelan que de los 61 homicidios contra mujeres cometidos este año, 31 fueron por proyectil de arma de fuego, 12 por arma blanca, 10 por asfixia, 7 por golpes y en dos casos la autoridad carecía de datos específicos en torno al agente vulnerante.
La violencia contra la mujer registró cuatro homicidios solo este fin de semana y una víctima más el lunes durante un ataque perpetrado contra hombres y mujeres y donde presuntamente el móvil es el narcomenudeo, según las investigaciones preliminares.
El seguimiento periodístico que se lleva de los crímenes contra personas del sexo femenino establece que entre los crímenes esclarecidos se encuentra el de Miriam Yéssica Alcántar Flores, presuntamente privada de la vida por Christian Rosado Mendoza, un supuesto integrante del grupo delictivo La Línea, que estaba libre pese a que había confesado ante la Policía Federal el asesinato de una fiscal en esta frontera.
Otro crimen resuelto fue el de Maribel Domínguez Martell, de 32 años, y su madre Patricia Martell Rivas, de 48, quienes fueron privadas de la vida en las calles Juan Cobos y Guadalupe Casillas de la colonia Héroes de la Revolución.
Como presunto responsable fue detenido Jesús Alejandro Salazar Trillo, expareja sentimental de Maribel.
Tras la muerte de la madre y el arresto del padre, cinco niños se quedaron a cargo de los abuelos y tíos paternos.
Otro crimen esclarecido fue en contra de Verónica Bueno Vargas, de 38 años, reportado en la carretera a Casas Grandes, en la colonia Kilómetro 33. En este caso fue detenido Eliseo Vargas Varela.
El presunto homicida fue puesto a disposición de un Tribunal de Control acusado del delito de homicidio agravado y calificado por la saña que al parecer ejerció para matar a la víctima, pues le dio varios golpes con un objeto contuso y le encajó un arma blanca en el cuello.
En este caso cuatro niños quedaron en la orfandad y fueron testigos de los hechos, incluso es factible que sean llamados a declarar en el juicio oral que se abra en breve contra el inculpado.
Otro crimen que llamó la atención por la excesiva violencia fue en perjuicio de Haydeé Cruz Vázquez, de 27 años, privada de la vida frente a sus tres hijos presuntamente por su pareja sentimental Alejandro M.O., de 24 años, en un domicilio de la colonia Guadalajara.
El cadáver fue localizado por un familiar que llegó a su casa advertida por el presunto atacante de que su hermana estaba muerta.
Los policías municipales arrestaron al presunto agresor cuando éste golpeaba a su padre, ya que le confesó el crimen y el adulto mayor le exigía que se entregara.
Urge prevención
Con 62 crímenes en el año, tanto el Gobierno del Estado como el Municipal le quedan a deber a las familias fronterizas la prevención de delitos contra la mujer.
Pese a que la sentencia contra el Estado Mexicano apuntaba a la no repetición de hechos, la ausencia de políticas públicas efectivas provoca nuevos hechos violentos, coinciden en señalar activistas sociales.
Ivonne Mendoza Salazar, coordinadora de casos de feminicidio del Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer (Cedimac), sostiene que lo más grave de estos hechos violentos es que siguen pasado y las autoridades siguen siendo omisas.
“Es un problema muy fuerte que implica muchas cosas, la Fiscalía de Genero tiene 15 agentes para investigar más de 400 carpetas, es una simulación de atención a estos hechos por parte de Gobierno del Estado”, expone.
Apenas en julio pasado Mendoza Salazar participaba en la creación de una Comisión Especial para obtener recursos para la operación de la Fiscalía Especializada en Mujeres (FEM), ya que carece de los recursos humanos y materiales suficientes para esclarecer los homicidios pendientes.
La diputada de Morena Leticia Ortega Máynez, quien funge como presidenta de la Comisión, informó entonces que se cuenta con un plan específico de trabajo con la intención de darle seguimiento a hechos emblemáticos de violencia contra las mujeres, tal como el conocido como Campo Algodonero.
Este caso es recordado por la impunidad, ya que los funcionarios públicos que deberían haber sido sancionados, como Hernán Rivera Rodríguez, –quien se desempeñó en la administración del gobernador Francisco Barrio Terrazas–, quedó impune al prescribir los delitos como omisión, dijo Mendoza Salazar.
El fiscal Nava López señala que aquí en Juárez se deben activar campañas integrales focalizadas a tratar de inhibir los crímenes contra mujeres.
“Debemos voltear a esta problemática e iniciar con las campanas de despistolización para recuperar todas las armas de fuego que estén en las casas por motivos de seguridad del ciudadano”, propone el abogado.
Plantea que muchos ciudadanos se armaron durante la época de mayor violencia en la ciudad, cuando el presidente Felipe Calderón le declaró la guerra al narcotráfico.
Julia Monárrez expone que en los casos de crímenes contra mujeres relacionados con la delincuencia organizada o el narcomenudeo, que es el grueso de los expedientes, la guerra siempre ha estado entre los ciudadanos.
“Todos sabemos que era una paz ficticia, una pax mafiosa, sabíamos que no había una estabilidad en la ciudad y no se trabajó en la prevención y se utilizaron millones de pesos en recursos económicos de una manera no profesional, ni en la formación de policías, ni en crear una ciudadanía política, una ciudadanía que pueda ejercer sus derechos”, asegura.
“Pero cómo pueden ejercer sus derechos los hombres y las mujeres de Juárez con estos salarios de miseria”, cuestiona.
Esas armas que entraron en forma ilegal al país las están usando contra las mujeres en las casas”
Julia Monárrez Fragoso
Investigadora y catedrática universitaria
Debemos voltear a esta problemática e iniciar con las campanas de despistolización para recuperar todas las armas de fuego que estén en las casas por motivos de seguridad del ciudadano”
Jorge Arnaldo Nava López
Fiscal en la Zona Norte