Narran tortura en separos de la Fiscalía
Manuel, César y José, eran amigos desde pequeños, disfrutaban de la calle en el barrio conocido como la Juarez 57. Luego cada uno se mudó a Estados Unidos donde formaron sus familias y contruyeron sus respectivos patrimonios, hasta que fueron deportados a Juárez por su estatus migratorio indocumentado.
Aquí, dice José, los tres sufrieron por la discriminación, la estigmatización y fueron víctimas del abuso de autoridad por parte de la Policía Municipal, que por verlos tatuados los molestaban en forma recurrente.
“Lo peor que nos ha pasado como seres humanos no fue en Estados Unidos por ser indocumentados, lo peor que hemos vivido es en nuestro país, en manos de nuestras propias autoridades que no se detienen y violan los derechos de los ciudadanos para simular dar resultados”, dice José, quien asumió como objetivo de vida que el crimen de César Hernández Sustaita no quede impune.
A su lado se encuentra Manuel, quien fue detenido junto a César por parte de los agentes municipales y ofrece su testimonio de cómo ocurrió la detención el martes 12 de junio.
Manuel narra que fueron detenidos dentro de la casa, que no estaban ingiriendo bebidas alcohólicas y que durante los días que permanecieron confinados él reclamó sus derechos.
Denuncia que la Fiscalía General del Estado tiene un cuarto donde lo torturaron y lo obligaron a firmar un documento en el que responsabilizaba a la Policía Municipal de haberlo golpeado.
José y Manuel dicen que temen por su vida, pero prefieren morir antes que permitir que se ensucie la memoria de su amigo, al que autoridades señalaron como “azteca” y “sicario” y quien murió por los golpes que le propinaron los investigadores de homicidios.
El sobreviviente aceptó dar una entrevista a El Diario, luego de enterarse que dos agentes ministeriales habían escapado y seis más supuestamente serían detenidos mediante orden de aprehensión.
“Todo empezó ese martes. Nosotros trabajabamos para sobrevivir, vendíamos rosas, y habíamos conseguido unas herramientas para lavar carros, hicimos cartelones para atraer clientes y empezar a trabajar”, explica.
Íbamos a hacer de almorzar, compré en la tienda café y azúcar,
Los obligan a firmar documento para acusar de golpizas a la Policía Municipal, denuncia; autoridades presentaron a víctima como ‘sicario’
unos huevos y pan. Salí de la tienda y miré a dos municipales y se me quedaron viendo. César sacó la herramienta para empezar a trabajar y tenía la puerta abierta con una piedra y yo pateé la puerta para cerrarla porque pensé que podían venir (los policías) a molestar y él me dijo ‘no te hagas de delito, tú aquí vives nada debes, nada temes’”. Desde la cocina Manuel escuchó que gritaban “túmbate, túmbate” y, al parecer, era uno de los hombres que participó en el atentado contra las mujeres y al que estaban persiguiendo los agentes.
El hombre trató de correr y lo agarraron enfrente de la casa de César.
“Yo le grito a César que cerrara la puerta y a él lo miran dentro de la casa y lo tiran al suelo. En eso empezaron a llegar más policías y me gritaron que yo también me tirara al suelo pero les contesté que yo ahí vivía, pero no nos dieron oportunidad de nada”, recuerda.
A cada uno de los tres hombres los subieron a diferente patrulla, los agentes los pasearon por la escena del crimen.
“Nos iban golpeando, los policías nos gritaban ‘miren lo que hicieron culeros, pinches sicarios de mierda (sic)’, yo les decía que no habíamos hecho nada y luego los llevaron allá por el eje vial (la Estación de Policía del Distrito Universidad)”, narra.
A los dos amigos los separaron para interrogarlos.
Luego los juntaron y observaron al hombre detenido junto a ellos que estaba pegado a una pared.
“Nos dieron unas calentadas y ahí estaba el otro que sí dijo que él estaba involucrado. Él le dijo a los policías ‘a estos güeyes ni los conozco’ y cuando nos dejaron de pegar y vieron que no estábamos involucrados yo pregunté ¿ahora qué procede?”, refiere Manuel.
Dos municipales les explicaron que los iban a consignar por 48 horas ante el Ministerio Público.
“Yo cuestioné que por qué si no hicimos nada, les dije que ya nos pusieron una chinga (sic) pues ya déjenos ir y no decimos nada”, dice.
Los agentes les ordenaron a Manuel y a César que se colocaran frente a una manta de la Policía Municipal donde los agentes los retrataron, lo que el entrevistado también cuestionó y les exigió una explicación que no le dieron.
Golpeados, humillados y hambrientos, los dos amigos observaron unas tortas y pidieron a los agentes que les dieron algo de comer, lo que les negaron.
“Les dijimos que no fueran hambrientos, que si ahí estaban los lonches y nadie se los iba a comer que nos dieran uno porque no nos dieron chance ni de almorzar”, explica.
Agrega que los oficiales también les impidieron hacer una llamada telefónica y realizar el pago de la multa por la falta administrativa que supuestamente habían cometido.
“César me dijo ‘mira Manuel en realidad ya pasamos lo peor, ya la chinga ya la pasamos que esto quede atrás’, pero yo le insistía que no era justo por no hicimos nada, yo no tomo, no es cierto que estábamos tomando en la vía pública, es mentira que agredimos a los policías”, asevera.
Firmaron unos papeles y cerca de las cinco de la tarde los llevaron a la Fiscalía General del Estado. Posteriomente fueron consignados y separados.
Manuel asegura que lo sacaron de los separos y lo llevaron a un cuarto que describe como oficina donde lo golpearon y le pusieron una bolsa en la cabeza.
“Un agente que estaba detrás de mí me decía que aceptara que era ‘El Chopo’, que era de la 57 y yo les decía ‘no’ y que me iba a ir al Cereso a pelear porque no era quien decían ellos”.
Entró otro ministerial que le dijo que estaba ahí para ayudarlo siempre y cuando dijera la verdad.
El jueves Manuel obtuvo su libertad y aunque él y su esposa esperaron a César, éste no salió, por lo que pensaron que sus padres lo habían recogido y fue a la casa a buscarlo. Ahí le informaron que murió en la FGE .
Ambos amigos dicen que temen por su vida, pero prefieren morir antes que permitir que continúen las ejecuciones extrajudiciales por parte de la autoridad “que es la responsable de garantizar la seguridad”.