‘Disfraza’ gobernador control sobre publicidad
Vence en agosto fecha para presentar ley que regula propaganda El título VI de la ley especifica que el Consejo Consultivo será nombrado por la Secretaría Administradora del Poder Ejecutivo, es decir, la Coordinación de Comunicación Social, oficina que de
El Gobierno del Estado busca que el Consejo Consultivo encargado de vigilar la asignación de contratos de publicidad oficial sea nombrado directamente por la Coordinación de Comunicación Social, dependiente del Ejecutivo, sin la intervención de ningún otro poder del Estado.
Además, según la propuesta de ley del gobernador Javier Corral Jurado, las resoluciones del Consejo no serán obligatorias, sino únicamente “recomendaciones” que los entes públicos podrán o no acatar.
Según la ‘Ley Mordaza’, Comunicación Social elegirá al consejo encargado de contratar a medios
Enviada al Congreso el pasado 31 de mayo para cumplir con la regulación del artículo 134 constitucional, la iniciativa de Ley para la Asignación de Publicidad del Estado de Chihuahua fue presentada por el Ejecutivo estatal como un instrumento que promovería “una asignación, contratación y control de la pauta publicitaria oficial bajo los principios de interés y utilidad pública, transparencia, equidad y pluralidad de medios, austeridad y buen uso de los recursos públicos, no discriminación y libertad de expresión”, según se aprecia en la exposición de motivos.
Atendiendo al mandato del Congreso de la Unión para que las entidades federativas emitan sus respectivas regulaciones de publicidad oficial –estableciendo el 9 de agosto como plazo máximo–, el gobernador planteó en su iniciativa la creación de un Consejo Consultivo para la Evaluación y Seguimiento de la Publicidad Oficial.
A pesar de la argumentación expuesta por el gobernador en la iniciativa, tal como está planteada la ley, el Consejo Consultivo está diseñado para ser designado por el propio gobierno estatal, es decir que será el Ejecutivo el que designe a quienes han de integrar al órgano encargado de vigilarlo en lo que respecta a la aplicación de los millonarios recursos de publicidad oficial.
El título VI de la ley propuesta al Congreso del Estado especifica que el Consejo Consultivo será nombrado por la Secretaría Administradora del Poder Ejecutivo, es decir, la Coordinación de Comunicación Social, oficina que depende directamente del gobernador.
“La Secretaría Administradora del Poder Ejecutivo tomará en cuenta la opinión de los sujetos obligados… para recibir propuestas de candidatos y candidatas para la designación de las y los consejeros”, detalla el artículo 57 de la propuesta de Corral.
Instituciones académicas y organizaciones sociales “de comprobada trayectoria cuyas actividades y objetivos profesionales se relacionen principalmente con la comunicación social y la transparencia”, también pueden emitir una opinión sobre quién debe ser parte del Consejo Consultivo, menciona la iniciativa.
Sin embargo, de nuevo, no hay obligación alguna para que se las manifestaciones de las organizaciones civiles y académicas se concreten en el nombramiento.
Además, la Coordinación de Comunicación Social estaría dotada, con la nueva ley, de la facultad para nombrar, a discreción, un comité especial de evaluación para la designación de los consejeros. Aunque no establece la ley que el nombramiento del comité sea obligatorio.
En el artículo 58 de la propuesta se menciona que entre las facultades del Consejo Consultivo –que estaría formado por cinco personas–, está la de emitir recomendaciones en caso de violaciones a la ley.
“Las recomendaciones no vinculantes que emita el Consejo a los sujetos obligados serán públicas y de carácter institucional”, menciona el artículo 59.
Las recomendaciones pueden ser aprobadas o no por las autoridades a las que van dirigidas, se menciona en el mismo título de la iniciativa.
En caso de que el ente correspondiente rechace la recomendación, no existe sanción ni medida punitiva alguna para que se atienda al señalamiento del Consejo, en caso de que éste observe alguna irregularidad en el otorgamiento de los contratos de publicidad gubernamental.
“El Consejo Consultivo podrá recomendar a la Unidad para la Asignación de Publicidad Oficial de cada sujeto obligado, tratándose de contenidos, la suspensión de publicidad oficial que viole las disposiciones establecidas en la presente ley”, menciona el artículo 62.
Dos semanas después de enviada la iniciativa, el gobernador Corral mandó al Congreso un “alcance” con el fin de modificar la propuesta original, luego de que organizaciones como Artículo 19 y Fundar consideraran que algunos rubros podían implicar censura a las líneas editoriales de medios de comunicación.
Si bien las modificaciones eliminaron los artículos 25 y 26 en los que se establecía la prohibición para dar contratos de publicidad oficial a los medios que difundieran mensajes del crimen organizado, sobre el nombramiento del Consejo Consultivo, no hubo cambios.
Pedro Torres, presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Congreso del Estado, mencionó que la iniciativa del gobernador está todavía en estudio y que, a pesar del plazo, no existe prisa para aprobar la modificación.
El legislador por Morena refirió que es necesario revisar cada uno de los artículos para asegurar que se trate de una ley que, en efecto, garantice el fin del uso discrecional de los recursos para premiar o castigar a los medios de comunicación de acuerdo a su afinidad con el régimen de gobierno.