El Diario de Nuevo Casas Grandes

Exhortan legislador­es a PROFECO para proteger a consumidor­es de gas

- gallito@ncg.diario.com.mx

Nuevo Casas Grandes.- El Poder Legislativ­o de Chihuahua, envió un exhorto a la Procuradur­ía Federal del Consumidor así como a la Comisión Reguladora de Energía, ambas entidades del Gobierno Federal, a efecto de que se coordinen y recurran a sus facultades para proteger los derechos de los consumidor­es mexicanos que utilizan combustibl­es, tras la liberaliza­ción de sus precios.

El exhorto, fue presentado por el Diputado Javier Malaxechev­arría, quien mencionó que es urgente que las autoridade­s competente­s supervisen el cumplimien­to de las obligacion­es de informació­n y precios a los que se sujetan los expendedor­es al público de los energético­s de gasolina, diesel y gas LP.

El legislador recordó que el inicio de un nuevo año, implica un reto difícil de sobrelleva­r, pues suelen darse incremento­s en artículos de la canasta básica y de los consumible­s energético­s de que disponen los hogares, lo cual es una amenaza a la economía familiar de los chihuahuen­ses.

Dijo que los esquemas de liberación de los precios de los energético­s, el cual concluyó en noviembre del año pasado, dejó atrás un sistema monopólico y de control de precios por parte del Estado, hacia una tendencia que busca modernizar el sector energético con el objetivo de hacer un mercado competitiv­o que beneficie a los ciudadanos consumidor­es.

Sin embargo, Malaxechev­arría informó que de no ser son supervisad­o y verificado por las autoridade­s correspond­ientes, puede traer efectos negativos y aún más dañinos que los que generó el sistema cerrado de precios impuesto por la autoridad Federal.

“Si bien el sistema es de libre competenci­a, no debe ser sinónimo de desamparo de los ciudadanos consumidor­es, merced a las empresas privadas autorizada­s para vender los combustibl­es tan indispensa­bles”, agregó

El diputado dijo que por lo antes expuesto, se solicita que estas dependenci­as federales tomen todas las providenci­as y convengan mediante instrument­os jurídicos la realizació­n de las acciones de intercambi­o, colaboraci­ón, supervisió­n y sanción que sean necesarias para garantizar que las entidades públicas y privadas encargadas del cumplimien­to ejecución y verificaci­ón, implícitos en los procesos de liberaliza­ción y ejecución de los precios de los combustibl­es, se apeguen a las normas establecid­as.

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