TELEFONISTAS

Protestan frente a Presidencia contra separación funcional

Nuevo Casas Grandes.- Sindicalizados de Teléfonos de México efectuaron una manifestación a las afueras de la presidencia municipal en el marco de las acciones de lucha a nivel nacional en contra de la separación funcional de la empresa por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

La actividad se realizó la tarde del pasado martes, y de acuerdo a señalamientos de Arturo Loya, secretario general de la sección 108 del STRM, será la próxima semana cuando delegados y secretarios generales de cada una de las secciones de todo el país se reúnan en la capital del país para tomar acuerdos en cuanto a las líneas de acción que se continuarán realizando.

Entre ellas, figura un emplazamiento a huelga programado para el 25 de abril y el seguimiento a los diversos amparo que ya se interpusieron en contra de la resolución de IFT relacionada con la separación funcional del TELMEX.

Se explicó que en esa reunión, se verán las líneas de acción a tomar como lo son el emplazamiento a huelga programado para el próximo 25 de abril, el seguimiento a los diferentes amparos que ya se interpusieron en contra de la resolución del Instituto Federal de Telecomunicaciones, en cuanto a su determinación de la separación funcional de Teléfonos de México.

Durante la manifestación se leyó un escrito en el que se puntualiza que el 27 de febrero el pleno del IFETEL llevó a cabo una votación en la que definió y aprobó los lineamientos “de la erróneamente llamada separación funcional de Teléfonos de México”.

“En el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) , como protagonistas de digitalización y la modernización de las tecnologías de la información y comunicación en México, nos pronunciamos en contra de dicha resolución, toda vez que es contraria al espíritu de la Reforma Constitucional en Materia de Telecomunicaciones de 2013”, se dijo.

Lo anterior, a partir de que consideran que con esta medida y las aplicadas anteriormente a Telmex se desincentiva la inversión, se limitarán los objetivos de mayor y mejor interconexión, afectando el pleno ejercicio de derechos fundamentales de los mexicanos.

“Los telefonistas estamos convencidos de que el modelo regulatorio elegido por el IFT es el menos eficiente del mundo”, apuntan.

Sostienen este argumento, al señalar que el Reino Unido es un país con una gran desinversión en infraestructura de telecomunicaciones, la penetración de banda ancha más baja de Europa y con una empresa mayorista con serios problemas financieros y laborales.

Por ello afirmamos, agregan, que las experiencias internacionales indican que no se logrará mayor inversión ni objetivos en materia de interconexión, limitando el desarrollo digital del país.

Indican que la decisión del IFT resulta ser una sobrerregulación intrusiva y causará descomposición y deterioro del sector de las telecomunicaciones en el país, lo que nulificará las afirmaciones del titular de la SCT al señalar que lo que ha hecho hasta ahora en el sector, ha dado beneficios tangibles.

“Con esta decisión, el regulador pone en riesgo la viabilidad de la empresa y la fuente de ingreso de más de 60 mil trabajadores telefonistas y de sus familias y a lo largo y ancho del país al castigar su fuente de empleo”, sostienen.

Esto, aseguran, provocado por la diferentes medidas que impactan los ingresos de Telmex como el uso gratuito de su red y el pago de tarifas e irrisoria en interconexión ,lo que comprometen seriamente la viabilidad económica de la empresa y ahora con la aprobación del plan de separación funcional para crear una división y una empresa denominadas mayoristas, a las que tampoco se les garantiza su viabilidad financiera, técnica y operativa.

En el documento al que se dio lectura se menciona que el IFT pretende que la empresa separada subsidie de forma total a los demás operadores que compiten el mercado mexicano con Telmex determinando tarifas por debajo de los costos.

“Por ello, esta decisión de separar a la empresa es más política que técnica y beneficia directamente a dos de las mayores transnacionales de las telecomunicaciones del mundo como AT&T y telefónica de España (Movistar), y especialmente a Televisa”, explican.

Enseguida puntualizan: “De manera contundente señalamos al regulador y a la empresa por ocultar la información de este proceso y así, maquinar a obscuras, actos que deliberadamente afectan a los trabajadores del sector ya desarrollo digital del país”.

La exigencia al IFT es que se den a conocer los estudios de impacto económico y laboral a los que el instituto, como autoridad, está obligado a realizar para tomar la decisión de Telmex; en caso de no mostrarlos, supondrá su inexistencia y, por tanto, la ilegalidad de esta determinación, apuntan.

Asimismo, el sindicato de telefonistas, exige respeto total al artículo 18 transitorio de la ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión, mismo que protege los derechos individuales y colectivos de los trabajadores telefonistas, en los que se establece que “los derechos laborales de los trabajadores que presten sus servicios en las empresas y organismos dedicados a las actividades que comprende el presente derecho de respetaran todo momento de conformidad con la ley”.

Por lo anterior, denunciamos que el IFT incumple los mandatos constitucionales en materia de telecomunicaciones e incumple con su propia normatividad al ordenar la separación de Telmex cuando ha cumplido con todas las medidas que se la ha impuesto y que le mismo regulador ha reconocido en su página web, así mismo que no se percibe en ciertos funcionarios del IFT un conocimiento profundo de las necesidades del sector, ya que concentran su atención en impulsar modelos teóricos carentes de una visión de desarrollo y compromiso social.

Los telefonistas consideramos que la mejor alternativa para garantizar el cumplimiento de los derechos consagrados en artículo 6 de la constitución es mantener a Telmex como una sola empresa permitiendo su participación en los llamados servicios convergentes, dentro de un esquema de tarifas que garantice la recuperación de sus costos de operación, así como las inversiones que dicha empresa y que sus competidores se obliguen a realizar para integrará al sistema de telecomunicaciones del país a los de cerca de 50 millones de mexicanos que actualmente se encuentran marginados de las tecnologías de la información.