La política económica del próximo presidente

En época electoral, los temas económicos generan especial interés entre los votantes. Familias enteras se dividen entre quienes apoyan a unos y a otros candidatos. Analistas políticos debaten entre sí y, cada vez más, la comunidad participa en los espacios públicos que permiten las redes sociales.

No es raro ver que quienes participan en esta polémica aseguren que la política económica de su candidato es mejor que la del de al lado. Desde la conveniencia o no de mantener el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en su lugar, hasta la revisión de las reformas educativa y energética, lo que nadie discute es la importancia de mantener las variables macroeconómicas en estricto orden.

Dicho de otra forma, es muy posible encontrar temas para los que las diferencias naturales entre los candidatos no encuentren una solución, pero definitivamente hay otros para los que no debe quedar la menor duda de que se deban mantener.

En este sentido, hace unas semanas fue posible ver cómo dos instituciones apolíticas dieron su punto de vista sobre la dirección que debe guardar la política económica de quien ostente el cargo de presidente de la República.

Así, la Asociación de Bancos de México (ABM) emitió un decálogo de condiciones que, desde su perspectiva, son necesarias para lograr un desarrollo sustentable e incluyente en los próximos años. Entre los puntos que destacan los banqueros del país, se encuentra: mantener la prudencia en la política económica y la estabilidad macroeconómica, continuar con la autonomía del banco central con el mandato de controlar la inflación y mantener unas finanzas públicas sanas, un tipo de cambio flexible y una economía abierta al libre comercio.

Lo más probable es que los debates entre los candidatos giren en torno a temas que irán desde el combate a la corrupción, el impulso a la educación y la seguridad social así como defensa de los derechos humanos, cooperación internacional y otros. Desde un punto de vista económico, habrá que poner especial atención a lo que digan y, sobre todo, valorar no solamente las propuestas sino cómo proponen llevarlas a cabo sin que ello implique crear nuevos impuestos, elevar los existentes o incrementar el endeudamiento interno o externo.

De igual forma, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) lanzó apenas el mes pasado, durante el Foro OCDE México 2018 Un futuro con crecimiento e inclusión, una serie de recomendaciones para la próxima administración federal.

Si bien trata recomendaciones generales, pues van desde cambios en el fortalecimiento institucional y del Estado de Derecho, la consolidación de los gobiernos estatales y municipales, la puesta en práctica del Sistema Nacional Anticorrupción, el funcionamiento del sistema judicial y el combate a la inseguridad, lanzó otras con corte social y económico, como reformar el sistema tributario para aumentar la recaudación y llevar a cabo las inversiones necesarias en salud y educación, reducir la pobreza, las desigualdades, mejorar apoyos a las familias y tener redes amplias y efectivas de protección social.

También se pronunció por seguir reformando, mejorando y modernizando las leyes, marcos regulatorios, políticas públicas y programas del país promovidos por la actual administración a través de las reformas estructurales; es decir, “avanzar hacia una segunda ola de reformas complementarias en otras áreas clave”, como aseguró el secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría.

Las recomendaciones se presentan normalmente a los nuevos gobiernos de los países miembros de la OCDE, incluso antes de que arranquen las campañas electorales, a fin de promover el debate de ideas. Éstas ya fueron entregadas a los candidatos y serán ellos quienes decidan si las toman en cuenta y si las incluyen en sus plataformas.

Por el bien del país, esperemos que sí lo hagan y que tomen en serio el decálogo que también acuñó la ABM.