El Economista (México) - Previsión
Pedro Vásquez Colmenares - Pensiones, costos por décadas
DEFINIDO EL RESULTADO del proceso electoral, resta unir voluntades y esmeros para que le vaya bien a México. Cada uno de los ciudadanos debemos contribuir, como mínimo, haciendo bien lo que le toca a cada quien con base en sus roles y circunstancias.
Como consultor financiero y observador permanente de los procesos de la seguridad social, quiero apoyar la discusión indispensable de las pensiones y subrayar la importancia que tendrá para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador el tema de las pensiones.
Contrario a lo que se ha publicitado los pasados cinco años y medio, en México sí hay un problema estructural con las pensiones. No sólo es un problema real sino es un problema vivo y creciente. Quienes se han atrevido a acallar el problema lo han hecho atendiendo agendas personales y no por ignorancia. Hablar de que se ha salvado al IMSS y al ISSSTE de la catástrofe financiera es simplemente una supersimplificación de la verdad.
HABLEMOS CON LA VERDAD
La única voz gubernamental que se ha atrevido a hablar con verdad y fundamento sobre el tema de las pensiones es la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro, hecho que hay que reconocer. Hace pocos días, la Consar en un artículo titulado “El reto de financiar las pensiones de la generación de transición” de la reforma del IMSS 1997, mismo que con la debida autorización resumo a continuación.
La reforma de la Ley del Seguro Social de julio de 1997 migró el antiguo esquema pensionario de beneficio definido a uno de contribución definida.
La reforma no sólo modificó la forma como se determinan los beneficios de pensión sino que redefinió la fuente de su financiamiento: se abandonó el antiguo sistema de reparto, en el que las contribuciones de los trabajadores activos financiaban el pago de los beneficios de los pensionados, sustituyéndolo por uno basado en cuentas individuales, administrado por empresas privadas especializadas en la gestión de fondos de retiro (afore).
A diferencia de otras reformas estructurales a los sistemas de pensiones llevadas a cabo en América Latina, la reforma del IMSS permitió que se siguiesen acumulando derechos, sin reformar los requisitos exigibles o el nivel de los beneficios.
Al momento de pensionarse, los trabajadores pertenecientes a la generación de transición (los que cotizaron al IMSS antes de julio de 1997, GT) pueden elegir la pensión que más les convenga, entre la que alcancen con el saldo de su cuenta individual, conforme lo establece la Ley 97, y la que les correspondería de acuerdo con el beneficio definido en la Ley del Seguro Social de 1973. Por su parte, los trabajadores que se afiliaron por primera vez al IMSS después del 1º de julio de 1997 (identificados como la generación afore) sólo pueden pensionarse bajo los beneficios establecidos en la Ley 97.
La posibilidad legal de que se sigan acumulando derechos pensionarios para pagarse bajo las reglas anteriores encarece la transición de la reforma. Aquí son previsibles dos cosas: 1) el gasto público por pensiones seguirá creciendo durante las siguientes décadas, principalmente por el pago de las pensiones de 20 millones de trabajadores de la generación de transición; 2) la generación de transición obtendrá pensiones mucho mayores que las de la generación afore, no porque hubiesen aportado más para su pensión sino por los beneficios altamente subsidiados que ofrece la Ley 73, mismos que están siendo pagados con impuestos generales.
UN PASIVO QUE DURARá MUCHO TIEMPO
Si bien no todos los trabajadores de la GT obtendrán una pensión, los bajos requisitos que contempla la Ley 73 (500 semanas de cotización) permiten prever que una proporción importante de ellos logrará pensionarse: les será suficiente haber realizado aportacio- nes durante una cuarta parte de su vida laboral promedio. Es decir, cualquier trabajador de la GT que presente una densidad de cotización mayor a 25% tiene altas probabilidades de lograr pensionarse.
De esta forma, los 3.8 millones de pensionados que del IMSS a la fecha crecerán sostenidamente en las próximas tres décadas. Este proceso es imparable y conocido, pues los pensionados actuales vivirán varios años más y los pensionados futuros tienen 44 años de edad en promedio y hoy son parte de la fuerza laboral con nombre y apellido.
Pocos saben que las pensiones otorgadas al amparo de la Ley 73 — para efectos prácticos, todas las pensiones del IMSS por retiro, cesantía o vejez actuales— son financiadas por el gobierno federal y pagadas a través del IMSS, quien las registra bajo el concepto de “pensiones en curso de pago”. El IMSS debe otorgar, además, el servicio médico a los pensionados y a sus familiares (2.5 millones más de personas) sin fondeo corriente para esos servicios. En este sentido, cada pensión generada bajo la Ley 73 representa para el gobierno federal un compromiso de pago que podría extenderse durante 40 años, tomando en consideración que debe solventar las pensiones durante el resto de la vida del pensionado así como las pensiones a las que tengan derecho sus beneficiarios.
FALTAN DéCADAS PARA PAGAR PENSIONES IMSS DE 1973
Si se realiza una proyección demográfica de la población de la generación de transición, es posible prever que dicha generación se cerrará hasta el 2080. Las proyecciones oficiales del IMSS proyectan para el 2017 un costo de 221,000 millones de pesos, lo que equivaldrá a 1.1% del PIB. Este gasto llegaría a triplicarse en términos reales para el 2040, alcanzando los 715,000 millones de pesos. Si se supone un crecimiento real del PIB de 2%, el gasto anual en pensiones derivadas de la Ley 73 alcanzaría 2.2%, en 20 años.
Si bien el IMSS sólo proyecta el gasto en pensiones hasta el 2050, es posible extender dicha proyección hasta el año 2080, fecha en que se prevé que cesarán los pagos a la GT. En resumen, hacia adelante, el gobierno federal seguirá enfrentando el reto de financiar un gasto creciente en las pensiones de las generación de transición del IMSS.
Lo anterior, sin sumarle la crisis financiera del IMSS, producto de su enorme pasivo laboral por el Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP) de los empleados del propio IMSS, mismo que ya rebasa los 2 billones de pesos de compromisos pensionarios, sólo de 400,000 trabajadores.
A este reto deben sumarse los compromisos financieros que representan los sistemas de beneficio definido que forman parte de la administración pública federal: ISSSTE, IMSS-RJP, PEMEX, CFE, banca de desarrollo, Fuerzas Armadas, etcétera, que generarán una gran presión fiscal. Aún más, existe un cúmulo de sistemas de pensiones estatales y de universidades autónomas, que tampoco cuentan con las reservas necesarias para hacer frente a sus pasivos pensionarios.
HAY SOLUCIONES QUE NO SE DICEN
El equipo financiero del nuevo gobierno debe saber que existen medidas pendientes de ejecución que pueden mitigar fuertemente el costo presupuestal de las pensiones en curso de pago, sin afectar derechos pensionarios. Esas medidas son el prorrateo de derechos pensionarios, según las fechas de cotización de los trabajadores, y la suspensión de la práctica inercial de utilizar el tope de beneficios mayor 10 salarios mínimos para pagar pensiones de la Ley 73.
Estas medidas pueden apoyar fuertemente la liberación de flujos financieros del gobierno federal en beneficio de programas de política pública general.
El problema de las pensiones en México es multidimensional y requiere tanto una revisión integral como una solución sistémica a la seguridad social. Pero como siempre, para comenzar a corregir los problemas hay que reconocerlos. La política de no decirle al paciente que tiene gangrenada la pierna no es la más adecuada. Desviar la atención de la población sobre el tsunami de las pensiones no sólo pospone su atención sino dificulta y encarece su solución. Hablemos de pensiones, como la crisis fiscal y de equidad que ya tenemos en México.