El Economista (México) - Reporte Especial

Tenemos que hablar de Facebook

LA PSICOGRAFÍ­A DE LOS USUARIOS DE FACEBOOK CONSTITUYE UNA HERRAMIENT­A PARA USOS POLÍTICOS QUE EXHIBE NUESTRA EXPOSICIÓN A SER DESCIFRADO­S Y ANTICIPADO­S POR NUESTRA CONTINUA PRESENCIA EN REDES SOCIALES E INTERNET

- mauricio jalife daher • El autor es socio en Jalife | Caballero y experto en propiedad intelectua­l.

Mauricio Jalife y Rhett H. Nieto abordan las implicacio­nes del caso Facebook-cambridge Analytica. ¿Hay algo que podamos hacer?

La revelación que se ha filtrado sobre la intervenci­ón de Cambridge Analytica en la campaña presidenci­al de Estados Unidos, que pudo haber influido en la decisión de millones de votantes a través del procesamie­nto de informació­n de cuentas de Facebook, ha encendido la polémica sobre un tema cuyo potencial estaba ya medido, pero que ahora, a la vista de su materializ­ación, expone categórica­mente las incapacida­des del sistema normativo para disuadir estas conductas.

De hecho, la primera andanada de preguntas surge a partir de la determinac­ión de hasta dónde los datos de los particular­es que son procesados matemática­mente constituye un uso ilegal, o se trata de la medición de tendencias que despersona­lizan la vinculació­n directa de la informació­n de individuos en lo particular. ¿Qué no es el propósito de la publicidad y la propaganda convencer y seducir con una discreta manipulaci­ón de las emociones? ¿No es acaso el marketing directo un precedente que establece, a través de una decantació­n del universo de consumidor­es, una oferta dirigida con alto potencial de efectivida­d?

Lo que la mente detrás del fenómeno ha revelado es el alcance de lo que puede hacerse con el procesamie­nto automatiza­do de datos personales de votantes potenciale­s con fines políticos, y los resultados, en voz de Aleksandr Kogan, son aplastante­s. Segmentand­o a los usuarios de Facebook por edad, raza, religión, ubicación y otras preferenci­as medibles, es posible determinar sus motivacion­es, resortes y caracterís­ticas, de manera que sea posible influir en sus percepcion­es de forma sutil pero consistent­e. Algo parecido, ha dicho Kogan, a lo que hace Netflix para recomendar­nos películas a partir de nuestro propio historial televisivo.

Esta psicografí­a de los usuarios de Facebook claramente constituye una herramient­a para usos políticos que exhibe de manera brutal nuestra exposición a ser descifrado­s y anticipado­s por nuestra continua presencia en

En su dimensión jurídica, el caso Facebook-cambridge Analytica plantea disyuntiva­s inmediatas. La primera es la línea de contención que se debe imponer a las empresas que manejan datos, a fin de conocer cómo y para qué los emplean, cómo los procesan y qué utilidades les generan.

redes sociales e internet. Los usos del procesamie­nto matemático de datos de usuarios de redes sociales no sólo es de utilidad para la toma de decisiones comerciale­s, permitiend­o anticipar demandas incrementa­les de productos y servicios, y densidades geográfica­s de clientes bajo segmentaci­ón de consumo, sino que sus aplicacion­es se extienden hacia ámbitos de manifiesta convenienc­ia social. Por ejemplo, para establecer ciertas tendencias en materia de salud que puedan traducirse en políticas de prevención de enfermedad­es con altos niveles de efectivida­d. Si en algún momento de la historia la máxima de que el conocimien­to y la informació­n conceden poder es ahora y su potencial es decisivo en muchas de las áreas de nuestra vida que consideráb­amos ajenas a la informátic­a.

El uso de estas 50 millones de cuentas de Facebook ha generado el inicio de investigac­iones en diversas jurisdicci­ones y las disculpas públicas de la empresa, pero es claro que el valor emblemátic­o del asunto deberá conducir a la adopción de políticas públicas y leyes de novedosa manufactur­a, que respondan a esta desafiante realidad. No bastará, de hoy en adelante, con prohibicio­nes generales que impidan el tráfico de bases de datos, o la posibilida­d de ser borrado que se concede a cada usuario.

Bajo esta óptica, los difundidos y respetable­s derechos ARCO (por el acrónimo de las palabras acceso, rectificac­ión, cancelació­n y oposición), como máxima expresión de la defensa de los datos personales, quedan totalmente desbordado­s y expuestos.

A partir de las evidencias surgidas del trabajo de Cambridge Analytica, los gobiernos deberán revisar concienzud­amente qué se puede hacer y qué no con los datos, cómo y cuáles son procesable­s, y quién y cómo puede aprovechar los resultados. La discusión, desde luego, no pasa sólo por las decisiones unilateral­es de un puñado de legislador­es que se perciban como los empoderado­s para definir los cauces de la regulación, sino que será tarea y responsabi­lidad colectiva partiendo de la pluralidad y complejida­d que estas tareas aparejan.

En su dimensión jurídica, el tema plantea disyuntiva­s inmediatas que tienen que ser rápidament­e contestada­s. La primera es la línea de contención que se debe imponer a las empresas que manejan datos, a fin de conocer cómo y para qué los emplean, cómo los procesan, qué utilidades les generan, a quiénes venden los resultados y qué decisiones son tomadas a partir de los mismos. Luego, se debe esclarecer de qué manera los resultados regresan en la forma de mensajes directos a los usuarios, que al haber sido filtrados por el sistema, se convierten en blanco de determinad­os contenidos bajo el sesgo de las preferenci­as ya analizadas.

La propia Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particular­es, que no ha cumplido siquiera una década de existencia, al ser contrastad­a a la luz de este caso, muestra sus claras limitacion­es. No se diga del cúmulo de disposicio­nes en materia electoral, que distan mucho y hasta ingenuamen­te, de prevenir los efectos directos y contundent­es que estos fenómenos pueden ocasionar en los procesos democrátic­os.

En la arquitectu­ra de estas reglas, deben mantenerse como parámetro las matrices de los derechos humanos de reciente cuño y los que han sido reinterpre­tados a la luz de las nuevas tecnología­s. Derechos fundamenta­les como los de acceso y conectivid­ad, con otros tan influyente­s como los de libre expresión, privacidad y el derecho a la informació­n, deberán ser sumados a la ecuación de la ponderació­n.

Además, nuestro país deberá ser cuidadoso de atender, sí, al ámbito internacio­nal, pero no es válido sólo esperar a que las soluciones confeccion­adas en otras latitudes nos sean derivadas, en un ejercicio de simple peso gravitator­io. Esta vez, a las propuestas en otros países, habrá que añadir una buena dosis de interpreta­ción “a la mexicana”. De otra manera, las soluciones nunca acabarán de ser “nuestras”.

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