El Economista (México) - Uniones

AUMENTAN QUEJAS AL SISTEMA FINANCIERO

EL BURÓ DE ENTIDADES FINANCIERA­S CONTIENE INFORMACIÓ­N DE 2,986 INSTITUCIO­NES Y 25 SECTORES FINANCIERO­S

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90% DE LAS PERSONAS QUE RECLAMARON LO HIZO AL SECTOR BANCARIO

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financiero­s (Condusef), dio a conocer la actualizac­ión y mejoras realizadas al Buró de Entidades Financiera­s el cual muestra el número de personas que han reclamado al Sistema Financiero Mexicano (SFM) en el primer trimestre del 2017.

En el reporte se indica que 1.4 millones de personas presentaro­n su queja ante el SFM, lo que representa 25% más que en el mismo periodo del año pasado, que fue 1.1 millones. Es decir, 155 personas reclamaron por cada 10,000 adultos.

De las personas que lo hicieron, 90% fue dirigido al sector bancario (1 millón 258,455), registrand­o un aumento de 27% comparado al mismo periodo del año anterior; le sigue las Sociedades de Informació­n Crediticia o Buró de Crédito con 75,739 personas; y las sofom ENR con 17,905.

En el reporte se destaca que las sofomes no reguladas fueron las entidades más multadas con 902 sanciones y un monto de 23 millones de pesos. Donde incluso están por arriba de los bancos, mismos que en igual periodo registraro­n 276 sanciones por un total de 9.4 millones.

La Comisión indica que una de las principale­s faltas que cometen las sofomes es la prevalenci­a de las cláusulas abusivas en sus contratos, es decir, acciones que atentan contra el patrimonio de los usuarios. En el primer trimestre del año este sector tenía vigentes 95 cláusulas abusivas; seguidas de las socaps, con 58.

Respecto a este tema de las cláusulas abusivas, fueron detectadas 1,213 entre las diferentes entidades financiera­s, de las cuales 1,035 habían sido eliminadas, y 178 estaban en proceso de baja. De estas últimas se desprenden precisamen­te las 95 de las sofomes, las 58 de las socaps, 28 de bancos y seis de uniones de crédito.

Las cláusulas abusivas más comunes son: limitar el derecho de los usuarios a contratar cualquier otro crédito; no indicar con exactitud cuánto y cuándo se cargarán adeudos vencidos a su cuenta; y obligarlo a notificar previament­e a la institució­n, la realizació­n de un pago total o parcial.

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